El Gobierno trabaja con las comunidades en un plan “urgente” contra la explotación sexual de menores tuteladas

El Gobierno y las comunidades autónomas preparan un plan de choque contra la explotación sexual de menores tuteladas que el Ejecutivo considera “urgente”. Se prevé trabajarlo durante las próximas semanas y la idea es que pueda estar listo en un mes, con medidas como el aumento de la formación en la detección precoz por parte de los profesionales que trabajan con los niños y adolescentes tutelados por la Administración, una guía con instrucciones claras sobre cómo actuar y un plan de inserción para las víctimas. Así lo ha explicado este viernes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha reconocido la preocupación por la “situación de extrema gravedad” ante los casos de abusos conocidos en los últimos meses. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha afirmado que este “es un problema común que no solo afecta a una o a dos comunidades autónomas”. “No podemos mirar para otro lado”, han recalcado ambos.

Álvarez y Rodríguez han mantenido este viernes una primera reunión con representantes de las autonomías, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de otros ocho ministerios, como el de Justicia y el de Sanidad. El objetivo es que los trabajos continúen hasta que una conferencia sectorial apruebe el plan de choque. La ley de protección de la infancia frente a la violencia, aprobada el año pasado, ya exige un plan específico para luchar contra la explotación sexual en los centros de menores, y en noviembre las autonomías acordaron con Derechos Sociales que en el primer cuatrimestre de este año se aprobarían los criterios comunes que debían cumplir dichos protocolos.

Ahora, los departamentos que dirigen Ione Belarra e Irene Montero quieren reforzar la cooperación con las autonomías, competentes en la materia, ante un problema que, según los expertos en protección a la infancia, va mucho más allá de los casos de abusos que han trascendido en Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares. Desde hace años advierten de la vulnerabilidad de los menores tutelados y de las carencias del sistema. Un informe de Unicef alertaba en 2017 de que había casos de explotación sexual en siete de las nueve comunidades autónomas que estudió. No precisaba cuáles eran, pero ponía de manifiesto la dimensión del problema. En la reunión de este viernes, el Consell de Mallorca ha propuesto, de hecho, la creación de una comisión de expertos independientes en el ámbito estatal para abordar y dimensionar el problema.

Enfoque feminista

La secretaria de Estado de Igualdad ha enfatizado que la explotación sexual es una forma de violencia machista. “Este debe ser un plan de choque urgente con medidas específicas que tengan que ver con la lucha contra las violencias sexuales y, de manera particular, la explotación sexual”, ha afirmado. Rodríguez ha indicado que por ello, el enfoque feminista y de protección a la infancia deben confluir y ha avanzado tres medidas que deben ser el “punto de partida”. En primer lugar, “formación específica” para los profesionales del sistema de protección a la infancia en la detección precoz de la explotación sexual y de cualquier forma de violencia contra las mujeres, algo de lo que, según ha dicho, se encargará el ministerio. Ha recalcado que es preciso mejorar en el conocimiento de cuáles son las víctimas y los contextos que permiten que se siga reproduciendo esta violencia.

En segundo lugar, el Ejecutivo propone una guía de actuaciones. Pese a que ya existan “muchos” protocolos, otros deben seguir trabajándose y el Gobierno considera necesario dar “instrucciones más claras” sobre las pautas de derivación y los recursos a los que deben acudir estas niñas y adolescentes, ha explicado Rodríguez. “Sobre todo, cómo podemos ayudarlas a salir de esta situación de violencia y que se recuperen como víctimas que son”, ha añadido. Por último, Igualdad incluirá a las niñas y adolescentes tuteladas que sean víctimas de explotación sexual en el plan de inserción social y laboral que pondrá en marcha este año para mujeres en contextos de prostitución, explotación sexual y trata. En el caso de las menores, será “de inserción social y educativo”. Ya están trabajando con entidades como Médicos del Mundo.

Este plan estará en coordinación con otras actuaciones ya emprendidas por el Ministerio de Derechos Sociales. El secretario de Estado ha detallado que su departamento ya trabaja en el sistema de protección de los menores. Destinará, en el marco del plan europeo de recuperación, transformación y resiliencia, “más de 200 millones de euros” entre 2021 y 2023 en actuaciones de materia de infancia, fundamentalmente en una estrategia de “desinstitucionalización”, que permita “avanzar hacia un sistema donde se prime la acogida familiar de los menores, que haga que sea mínimo” el número de niños que resida en centros residenciales, algo que vela en mayor medida por el interés superior del menor. Según ha dicho, es un instrumento “valioso para velar por el interés superior del menor y evitar esa situación de vulnerabilidad que en ocasiones concurre” en los centros.