Una ciudad de California será la primera en EE UU que exige un seguro para daños a los dueños de armas

En mayo pasado fue escenario de uno de los peores tiroteos en la historia reciente de California con una decena de fallecidos, entre ellos el tirador. Las autoridades de San José han dado ahora un paso adelante para tratar de impedir que se repita una tragedia similar. La ciudad, con una población de un millón de personas, se ha convertido esta semana en la primera en todo Estados Unidos que ha votado por exigir a los propietarios de armas tener un seguro de daños a terceros y pagar 25 dólares por cada pistola o rifle registrada, los que serán utilizados para financiar iniciativas para reducir la violencia armada, una de las lacras del país norteamericano.

La medida pretende trasladar la carga económica de accidentes o tiroteos, incluidas demandas por daños o pérdidas humanas, a los propietarios de armas en lugar de que estos corran a cargo de las ciudades y las víctimas. “La segunda enmienda de la Constitución protege el derecho a portar armas, pero no requiere que quienes pagan impuestos subsidien ese derecho”, señala el alcalde de la ciudad al sur de San Francisco, el alcalde demócrata Sam Liccardo. El concejal asegura que el costo de la violencia armada en su ciudad es de 40 millones anuales. A nivel estatal esta supera los 1.400 millones. La medida votada por los concejales entrará en vigor en seis meses. Las autoridades podrán retirar las armas a quienes no cumplan con el requisito.

La medida no ha gustado a los propietarios de armas, por supuesto. Estos ya han mostrado este miércoles su molestia y anunciaron la primera ofensiva judicial para tratar de dejar sin efecto la iniciativa. Un grupo de presión, la Asociación Nacional por el Derecho a las armas, ha calificado esta tarde la ley de una maniobra que restringe con impuestos un derecho constitucional. Calculan que unos 55.000 personas se verán afectadas por la nueva normativa, que “carga en contra de ciudadanos que respetan la ley por los daños cometidos por criminales”.

La iniciativa se convierte ahora en un globo sonda en un Estado progresista que se enorgullece de sus exigentes medidas para regular la propiedad de armas. El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió el mes pasado utilizar tácticas legales semejantes a las utilizadas por Texas para prohibir casi totalmente el aborto. El equipo legal del mandatario está redactando una norma que permitirá a los ciudadanos emprender acciones legales en contra de los fabricantes, distribuidores y vendedores de armamentos. La legislación, como ha hecho la tejana que restringe el derecho de las mujeres, promueve que sean ciudadanos privados y no el Estado los que se hagan cargo de la acusación, por la que podrían obtener hasta 10.000 dólares en daños. De esta manera se evita que las cortes federales declaren inconstitucional la medida.

El lobby de las armas es tan poderoso en Estados Unidos que logró que en 2005 el Congreso aprobara una serie de normas que blindan de litigios por daños a terceros a los fabricantes de armas, con lo que se impide que se hagan cargo de los daños que sus productos hacen. Esta inmunidad llegó después de años de presiones desde 40 ciudades, que buscaban durante la década de los 90 por medio de diferentes juicios, que las empresas pagaran a víctimas y otros afectados. Cada año las armas de fuego dejan en Estados Unidos 23.000 suicidios y 14.000 víctimas de homicidios. Otro medio millar de personas fallecen anualmente por complicaciones de heridas de bala.

Liccardo, no obstante, dice que su iniciativa se ha inspirado en las prácticas de la industria automotriz sobre la seguridad. “Reducir las primas para los dueños de pólizas que no han tenido accidentes o que compran autos más seguros han ayudado a reducir las fatalidades un 80% en los últimos 50 años, salvando 3.5 millones de vidas”, señala el alcalde en un texto publicado en Los Angeles Times. La tasa que se pretende cobrar ayudará, en su opinión, a financiar programas de lucha contra la violencia, que siempre están necesitados de presupuesto, en clases de seguridad en el manejo de armas y en iniciativas de prevención del suicidio. El político sabe que la iniciativa no acabará de por sí con este tipo de violencia. Pero cree que es un paso que había que dar en la dirección correcta.

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