El sector cultural en Bélgica protagoniza la primera rebelión exitosa contra el cierre por covid

La fatiga tras casi dos años de pandemia y la incongruencia de ciertas medidas sanitarias se está convirtiendo en un explosivo cóctel político. En uno de los primeros casos de desobediencia desde que empezó la pandemia en Europa, el sector cultural en Bélgica se ha rebelado esta semana contra las restricciones impuestas para frenar el virus. Y en una decisión inaudita, el Gobierno belga se ha visto obligado a dar marcha atrás. El patinazo de las autoridades belgas marca un precedente para otros sectores, que ya empiezan a reclamar sus propias excepciones, y tal vez para otros países de la UE. Los gobiernos pueden verse obligados a justificar con más detalle cualquier medida restrictiva si quieren mantener su credibilidad ante la opinión pública.

Bélgica ya había vivido varios conatos de insumisión, pero de escaso recorrido. La pasada primavera, varios restaurantes de lujo amagaron con reabrir en protesta por un cierre del sector de la hostelería y de ocio que se prolongó desde octubre de 2020 hasta junio de 2021. Y a principios de este mes, una clínica de Lieja cerró el servicio de urgencias aduciendo el agotamiento de su personal, pero lo reabrió a las pocas horas ante la amenaza de sanciones por parte del Gobierno central.

La rebelión de la industria cultural, sin embargo, ha alcanzado una dimensión mucho mayor, hasta el punto de provocar tensiones en el seno del Gobierno de coalición presidido por el liberal Alexander De Croo. Numerosos cines y teatros, sobre todo los independientes, iniciaron la revuelta el pasado domingo, negándose a cerrar sus puertas a partir de ese día como habían ordenado las autoridades.

“¡Seguimos abiertos! La confianza se ha roto”, proclamaba el lunes un cartel a la entrada del cine Galeries, en la muy transitada Galería de la Reina en el centro de Bruselas. A unos metros de la Grand Place, epicentro turístico de la capital europea, también seguía abierto de par en par el cine Palace. Y los escenarios en acción y las pantallas iluminadas por todo el país se convertían en un desafío sin precedentes que ha provocado en Bélgica la mayor sacudida política desde el inicio de la pandemia.

Un recurso presentado con éxito por un productor teatral

La revuelta se anotaba este martes, además, una primera victoria legal. El Consejo de Estado suspendía de manera cautelar la inclusión del sector cultural en la orden de cierre por considerarla desproporcionada y sin justificación científica suficiente. El éxito del recurso presentado por un productor teatral desataba de inmediato una oleada de críticas contra el primer ministro y contra su ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, acusados de haber golpeado innecesariamente a uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia.

Sector indignado

Philippe Van Parijs, uno de los sociólogos de referencia en Bélgica y profesor de Ética Económica y Social en la Universidad Católica de Lovaina, cree que el cerrojazo de cines y teatros fue un error. “El sector cultural se sintió maltratado, y con razón, en comparación con otros sectores, en particular con el de hostelería [que podía seguir abierto]”. Van Parijs señala, en declaraciones a EL PAÍS, que a menudo “la indignación provocada por el sufrimiento es proporcional a cómo de injusto se percibe”.

Y, en efecto, la orden de cierre, cursada el 22 de diciembre, desencadenó la ira de empresarios, productores, directores, actores y personal de sala, que se sintieron injustamente discriminados. “Mi restaurante puede seguir abierto, pero mi teatro no, ¿de quién se están burlando”, se indignaba la semana pasada Michel Kacenelenbogen, director del teatro Le Public. “En un restaurante se puede hablar y en un autobús, pero no en una sala de espectáculo”, añadía el empresario para resaltar su incomprensión ante el cierre de una actividad más segura que otras que permanecían abiertas.

Una manifestación, convocada de manera casi inmediata, lograba reunir el pasado domingo bajo una pertinaz lluvia a unas 5.000 personas, según la policía. Y representantes francófonos y neerlandófonos del sector alzaban su voz contra el cerrojazo y muchos se apuntaban para una especie de insumisión. Los intentos de negociación con el ministro de Sanidad, Frank Vandebroucke, fracasaron el martes y la polémica se agrió aún más.

Van Parijs se declara amigo personal del ministro de Sanidad. Pero no dudó el domingo de qué lado ponerse en esta batalla. “Estuve en la manifestación del domingo en Bruselas y esa misma tarde fui a una obra de teatro ‘civilmente desobediente’ con mi esposa, tres de mis hijos y cuatro de mis nietos”, reconoce el sociólogo. La ola de desobediencia hizo chirriar la unidad del Gobierno de coalición, una amalgama de liberales, socialistas, ecologistas y democristianos.

Medida sin proporción

La drástica medida sorprendió al sector cultural, que no esperaba un endurecimiento de las restricciones. Más bien todo lo contrario. Solo unos días antes, la Federación de empleados de artes escénicas, una de las patronales del sector, se había dirigido por escrito al primer ministro y a los presidentes regionales para reclamar la supresión del límite de aforo en 200 personas por considerarlo una medida “no proporcionada” y “absurda”, según la misiva.

Además, los expertos que asesoran al comité de concertación no recomendaron el cierre del sector cultural salvo que se produjese un agravamiento mucho mayor de la situación epidemiológica. Pero las autoridades hicieron oídos sordos tanto a las peticiones del sector como a los consejos de los asesores. Y decretaron el cierre de teatros y cines, una orden que, probablemente, en fases iniciales de la pandemia se hubiera acatado sin rechistar.

Pero esta vez la decisión fue acogida con estupor y con una oleada de protesta que amenazaba con convertirla en papel mojado. Incluso alguno de los partidos que forman parte del gobierno de coalición comenzaron a desmarcarse, como es el caso de Ecolo (ecologistas). “Los profesionales de la cultura son una vez más injustamente señalados y discriminados, y ven arruinado su trabajo de meses”, lamentaba la ecologista Bénédicte Linard, vicepresidenta del gobierno regional de la federación Valonia-Bruselas.

La medida tampoco fue aplaudida entre los principales virólogos del país. “Un pequeño error de graves consecuencias, que no ayudará a luchar contra ómicron”, señaló Marc Van Ranst, miembro del grupo de expertos que asesora al comité de concertación. Van Ranst ha sido acusado a lo largo de la pandemia de defender medidas draconianas y llegó a estar bajo protección policial por las amenazas de muerte de un negacionista de extrema derecha. Pero en el caso del sector cultural, Van Ranst ha recordado que los expertos estaban “a favor de que siguiera abierto”.

El miércoles, una semana después de la polémica decisión, las autoridades daban marcha atrás durante una nueva reunión de urgencia del llamado comité de concertación, el órgano presidido por el primer ministro y en el que se sientan también los gobiernos regionales. Pero la rebelión del sector cultural ha abierto una caja de Pandora.

Otro sector, el deportivo, pide ya también un tratamiento más específico. Y el cierre de cines y teatros ha revelado que algunas autoridades se han acostumbrado a adoptar restricciones contra los sectores más indefensos con o sin aval científico. “Resulta sorprendente que hayan sido los magistrados, y no los gobiernos, los que han dado importancia a la opinión científica”, apunta Van Parijs. El sociólogo añade que el hecho de que el Gobierno ni siquiera haya recurrido el dictamen del Consejo de Estado muestra que es consciente de que había cometido una injusticia con cines y teatros. Una metedura de pata que puede complicar la gestión de la pandemia a partir de ahora.