El asesinato de dos jóvenes por policías en Argentina reaviva las críticas sobre los casos de gatillo fácil

El argentino Luciano Olivera tenía 16 años. Lucas González, 17. Estos dos adolescentes murieron con tres semanas de diferencia por disparos realizados por policías. González volvía de jugar al fútbol con sus amigos cuando él y sus amigos confundieron con ladrones a los policías de civil que les pedían detener el vehículo y aceleraron en vez de frenar. Olivera tampoco se apeó de la moto ante un control de tránsito supuestamente por no tener registro de conducir. En ambos casos, sus acciones desataron una persecución en la que agentes de la fuerza de seguridad dispararon contra los jóvenes y los mataron. Sus muertes han reavivado las críticas de organismos de derechos humanos contra el funcionamiento de la policía.

“En lo que va de este año, con el crimen de Luciano, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) registró 101 casos de uso letal de la fuerza. Otro asesinato policial, otro caso de gatillo fácil en un contexto de emergencia de discursos de mano dura que legitiman y alientan este tipo de prácticas”, denuncia la organización presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En los últimos cinco años, el 77% de las víctimas de la violencia policial letal tenía menos de 30 años. 83 eran menores de edad y 96 tenían entre 18 y 20 años, según las cifras de la CPM. “Lucas y Luciano no son casos aislados, sino parte de un inmenso universo de personas asesinadas por las distintas fuerzas de seguridad a diario”, destaca la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió a la fuerza que “haga cumplir la ley, pero que haga cumplir la ley dentro de la ley”. “No vamos a soportar y vamos a ser implacables con todo incumplimiento de la normativa de los derechos humanos”, advirtió Kicillof en el acto de conmemoración por los 200 años de la Policía bonaerense el pasado lunes.

Por la muerte de Olivera, el Ministerio de Seguridad bonaerense ha separado de su cargo al comisario a cargo de la jefatura policial de la zona a la que pertenece Miramar. El episodio ocurrió cerca de las tres de la madrugada del viernes pasado, cuando una patrulla policial quiso identificar al adolescente que se desplazaba en moto. Cuando él ignoró la orden de detenerse, lo persiguieron y le dispararon. “Salió corriendo para que no le sacaran la moto porque no tiene registro, lo tiraron de la moto y lo mataron”, aseguraron los familiares de Olivera en una airada protesta frente a la comisaría que fue reprimida por las fuerzas de seguridad.

La policía bonaerense tiene un historial problemático. Con 130.000 miembros, es la fuerza provincial más numerosa del país y se ha visto salpicada por numerosos casos de corrupción y de violencia injustificada. Pero los problemas se repiten en las fuerzas de seguridad de las demás provincias de Argentina y la tensión ha ido en aumento en los últimos años por el auge de los discursos —dentro y fuera de la política— a favor de la mano dura contra la delincuencia.

A Lucas González lo mataron efectivos de la policía de la capital argentina. Los agentes de civil que persiguieron y dispararon el automóvil en el que viajaba con otros amigos después de haber estado jugando al fútbol, intentaron después hacer pasar el episodio por un enfrentamiento y plantaron un arma, según la fiscalía que investiga la muerte del adolescente. En la causa abierta por su fallecimiento hay seis policías acusados de “encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas”.

Apenas antes del asesinato de Lucas, en la provincia norteña de Corrientes, Lautaro José desapareció después de una persecución policial y su cuerpo fue encontrado tres días después en el río. En la ciudad patagónica de Bariloche, en el sur argentino, Santiago Arraigada, de 16 años, fue asesinado por el expolicía Luis Díaz, su padre biológico con quien recientemente se contactaba, según Correpi.

Las madres de Lucas González, Cintia López, y de Luciano Olivera, Judith Aristegui, se han unido para reclamar justicia. “Nos arruinaron la vida y van a pagar por todo lo que hicieron, todos los que fueron cómplices que lo paguen. Me lo mataron. No me animo a ir al cementerio, no quiero saber qué está ahí abajo. Quiero que todos paguen lo que hicieron tanto en el caso de Lucas como el de Luciano”, dijo este martes López en una rueda de prensa conjunta.

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