Belarra pide perdón en nombre del Gobierno a las mujeres con discapacidad víctimas de esterilizaciones forzadas

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido este jueves perdón a las mujeres con discapacidad que han sido víctimas de esterilizaciones forzadas, “una gravísima vulneración de los derechos humanos” que “se ha permitido durante demasiado tiempo”. Esta práctica se suprimió en España del Código Penal en diciembre del año pasado. Hasta entonces, un juzgado podía decidir si una persona que estuviera incapacitada judicialmente debía ser esterilizada, atendiendo a su “mayor interés”, algo que las organizaciones de defensa del colectivo de personas con discapacidad aseguran que ha afectado en la mayoría de los casos a mujeres y niñas. Durante años pidieron que esta forma de violencia fuera eliminada. El Consejo de Ministros aprobará este viernes una declaración institucional de reconocimiento a víctimas de estas prácticas, ha anunciado Belarra.

“Quiero que mis palabras sean lo más comprensibles y lo más claras posibles: en mi nombre y en nombre del Gobierno de España quiero pediros perdón”, ha dicho Belarra durante un acto organizado por el ministerio la víspera del día internacional de los derechos de las personas con discapacidad para reconocer públicamente a las víctimas. A su lado había dos expertas y dos mujeres que fueron esterilizadas. También ha asistido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha definido estas prácticas como una “barbaridad jurídica”, una forma de violencia machista. “La declaración institucional que aprobaremos es también un paso imprescindible en esa reparación”, ha dicho Montero. “Nunca debió vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos”, ha indicado Belarra. “Sabemos que no podemos cambiar el dolor que os produce lo que pasó, pero sí queremos que sepáis que de corazón lo sentimos y que estamos determinadas a cambiar para mejorar el futuro de miles de niñas y mujeres con discapacidad”, ha continuado.

El pasado diciembre entró en vigor la ley por la que se suprimieron las esterilizaciones forzadas del Código Penal. El Congreso respaldó por unanimidad una proposición de ley presentada por Ciudadanos. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había instado a España a eliminar esta práctica y el Convenio de Estambul que regula la prevención contra las violencias machistas, promovido por el Consejo de Europa y ratificado por España, la señala como delito.

Entre 2008 y 2020, los juzgados decidieron sobre 1.144 casos, según datos del Consejo General del Poder Judicial, aunque la estadística no especifica cuál fue el sentido de la sentencia ni desagrega por sexos. Ya no podrán abrirse más. Detrás hay historias como la de Loli Miñano, una mujer con problemas de salud mental que estaba presente en el acto de este jueves. “Fue cuando yo tenía 40 años, ahora tengo 52″, ha relatado. “Me ingresaron en un psiquiátrico y cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, sin contar conmigo, el psiquiatra y un abogado me esterilizaron, me ataron a la cama, me pusieron pañales y me obligaron a perder la custodia de mi hija”, ha afirmado. Lo ha contado para ayudar a visibilizar estas prácticas. Ha dicho que sufre secuelas físicas a raíz de perder la menstruación. Y ha pedido que se dé más información.

Es algo en lo que también han incidido las expertas, especialmente sobre la cantidad de casos que permanecen en la sombra, que no se registran en los juzgados. Ana Peláez, vicepresidenta del comité contra la discriminación de la mujer de Naciones Unidas, y la primera mujer con discapacidad que forma parte de este organismo, ha advertido de que, pese a haber avanzado con la legislación, “las prácticas de esterilización no consentidas de mujeres con discapacidad en todo el mundo se dan en muchas otras circunstancias, no solamente por decisiones judiciales”. Ha puesto como ejemplo los centros de secundaria que lo “recomiendan” a las familias o las instituciones que lo “exigen” de forma voluntaria para que las personas puedan ingresar en ellas. Se ha referido a la jornada como “un día histórico”, pero ha reclamado al ministerio “una comisión de trabajo” para estudiar “cuál es esta situación que en la práctica se da”.

Síndrome de Asperger

El caso de Cristina Paredero da fe de que muchas historias se escapan de las estadísticas. La activista por los derechos de las personas con discapacidad fue sometida a una ligadura de trompas con 18 años, a la que accedió porque nunca le enseñaron que había otras opciones, desde que tenía uso de razón sus padres le decían que “no valía nada”. Ahora tiene 29 años. “Una correcta educación y sensibilización te empodera, cosa que yo no tuve. Gracias a esto mis padres lograron manipularme para que accediera a ligarme las trompas”, ha afirmado, y ha pronunciado las palabras que le repetían y de las que ella se hizo eco durante años, cuando alguien le preguntaba si quería tener niños: “Cristina, serías una irresponsable si tuvieras hijos biológicos con la misma enfermedad que tú padeces”. Se referían a su autismo, a su síndrome de Asperger, por el que tiene una discapacidad del 37%.

Hace meses, Paredero contó a EL PAÍS que no está segura de si hubiera querido ser madre, pero que la elección de sus padres le arrebató la posibilidad de decidir. “Con los apoyos necesarios creo que se puede conseguir cualquier cosa”, ha dicho este jueves en referencia a las mujeres con discapacidad que están “invisibilizadas y anuladas por los prejuicios de la sociedad”. Ha reivindicado el derecho a la sexualidad, y ha pedido a Derechos Sociales que cuente con el colectivo. “Cuando sea normal” que personas con discapacidad trabajen en los ministerios, ha afirmado, “se habrá llegado a una total inclusión”.