Asociaciones de personas con discapacidad piden el fin de la esterilización forzosa en mujeres

“Las mujeres con discapacidad deben tener el derecho de decidir si quieren tener hijos, cuántos hijos quieren tener y con qué espaciamiento”. Así de contundente se ha mostrado la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, que ha pedido este martes, con el apoyo del Foro Europeo de la Discapacidad, el fin de la esterilización "forzosa" de niñas y mujeres con discapacidad en España. Una práctica legal, previa autorización de un juez, a la que en 2016 fueron sometidas 140 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial, aunque si se tiene en cuenta la última década, este número asciende a más de 1.000, de acuerdo con los cálculos de la ONG.

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La petición, que ha coincidido con el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, solicita la revocación de cualquier norma que ampare la práctica, además de formación específica para las personas con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos. La esterilización involuntaria está contemplada en el artículo 156 del Código Penal y, aunque no existen datos diferenciados por sexo y edad, la asociación afirma que la mayoría de procesos se realizan a niñas y mujeres, que en algunos casos ignoran la intervención que les han realizado.

El bienestar de la persona o su incapacidad para ser madre, en el caso de las féminas, son algunos de los mitos que, según el CERMI, se utilizan para justificar las operaciones "forzosas". Un argumento, este último, al que se oponen la senadora de Unidos Podemos Virginia Felipe, enferma de atrofia muscular espinal, y Almudena Martín, que posee inteligencia límite. Ambas han tenido hijos y defienden su capacidad para la maternidad. “Soy autónoma. Me saqué unas oposiciones y no dependo de nadie. Mi niño se ha criado normal, sano, deportista y es muy maduro para su edad”, argumenta Martín.

En general, la decisión de que la persona se someta a la intervención parte de las propias familias, aconsejadas por el entorno educativo y sanitario, tal y como señalan desde la organización. Incluso, la vicepresidenta del CERMI y del Foro Europeo de la Discapacidad, Ana Peláez, ha denunciado que, en ocasiones, existen instituciones que exigen "de forma informal" esta práctica como requisito para ingresar en ellas.

Las consecuencias de la esterilización "forzosa" van más allá de la incapacidad reproductiva y otros efectos sobre la salud como las alteraciones en el desarrollo, la ansiedad y la depresión. Peláez destaca la negación del derecho a la maternidad y la pérdida de identidad que sufren algunas mujeres al no desarrollar el rol social que se les asocia. Además, Peláez ha subrayado que, lejos de ser una medida de protección contra los abusos sexuales, las personas esterilizadas están más expuestas a ellos. "Las familias tienen el deseo de protección de sus hijas y lo que realmente sucede es una mayor exposición a ser víctima de abuso sexual”, sostiene.