Restricciones: ¿deben ser para todos o solo para los no vacunados por covid?

Los 47 millones de españoles se han igualado en muchas cosas durante la pandemia. Todos han pasado por un confinamiento domiciliario más propio de un guion de Hollywood que de las noticias del telediario. Han caminado por calles sin bares, visto playas sin turistas y cambiado los dos besos de toda la vida por un saludo a metro y medio de distancia. Las mascarillas y el gel hidroalcohólico han pasado a ser de uso diario, incluso para quienes los miraban con recelo. Han sido, en resumen, meses de sufrimiento y sacrificios compartidos frente a un virus que ya se ha llevado 90.000 vidas en el país.

La situación empezó a cambiar a medida que avanzaba la campaña de vacunación y se hacía evidente que una parte de los ciudadanos —algo menos de cuatro millones de personas hasta ahora— no se ha vacunado. Un escenario que podría cambiar aún más si España sigue la senda marcada por otros países europeos, que han empezado a imponer restricciones dirigidas solo a este grupo.

Austria confinó el pasado lunes a los no inmunizados y, aunque en las últimas horas ha extendido la medida a toda la población ante el empeoramiento de los indicadores de la pandemia, volverá a aplicarla de forma selectiva tras los 20 días de confinamiento general. Alemania también ha dado pasos en el mismo sentido, Rumania ha impuesto un toque de queda para los no vacunados y Letonia incluso ha aprobado una ley que permite a las empresas despedir a quienes rechacen inocularse las dos dosis.

Son solo cuatro ejemplos destacados de una corriente que coge fuerza a medida que empeora la situación epidemiológica en países cuya cobertura vacunal sigue siendo baja. Según el repositorio de la Universidad de Oxford OurWorldinData, apenas el 67% de los alemanes han completado la pauta, porcentaje que desciende al 64% de austríacos, 61% de letones y se desploma al 28% de rumanos. En España, según la misma fuente, el porcentaje asciende al 81% de la población total (el 91% de quienes pueden recibirla, ya que aún no hay vacuna aprobada para los niños menores de 12 años) y los expertos apuntan a que son esos puntos porcentuales de diferencia los que explicarían la mejor situación que vive el país. La circulación del virus está en ascenso, sí, pero frente a incidencias que superan el millar de casos por 100.000 habitantes a 14 días, España está en 112, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad.

“La situación en España es distinta y, por tanto, no sería proporcional aplicar ahora este tipo de medidas. Pero en el futuro, en una situación parecida, considero que la opción de imponer limitaciones de movilidad o acceso según estar o no vacunado es justificable éticamente”, explica Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y miembro de la Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que marca las líneas maestras de la exitosa estrategia de vacunación seguida en España.

“Llegado el caso, no tiene por qué recibir el mismo trato quien ha llevado a cabo una conducta con un impacto positivo en la comunidad que quien ha decidido no hacerlo. No le castigo, pero no le tengo por qué tratar igual al gestionar una situación de crisis. En el documento de la Estrategia de Vacunación se dice que la vacuna es ‘no obligatoria’, no que sea voluntaria, y eso tiene una intención: recoger la consideración de que no vacunarse no es tan aceptable como hacerlo”, sigue De Montalvo.

Esta diferenciación adquiere importancia en el momento en el que vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de nuevas restricciones: “La limitación de derechos no tiene por qué ser la regla general, que es en lo que a veces caemos por la dinámica de la pandemia. Es la excepción. Por lo tanto, no tengo por qué limitar igual a todos, sino a aquellas personas que suponen un mayor riesgo”, continúa. “Todos lo suponemos un poco, pero la evidencia muestra que las vacunas reducen mucho las posibilidades de contraer la infección y que, por tanto, es más probable que la vida de los no vacunados esté en riesgo y también puedan contagiar más a otras personas”, concluye el presidente del Comité de Bioética de España.

Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), se muestra mucho más cauta al abrir este debate. “En primer lugar, creo que tenemos la suerte de no enfrentarnos a algunas situaciones. La aceptación de las vacunas es muy elevada y esto en parte es gracias a que la vacunación se ha presentado siempre como algo voluntario y positivo”, afirma.

“Además, no creo que sea bueno focalizar contra ningún grupo. Quienes no se han vacunado son solo una pequeña parte de la población. Muchos no son antivacunas, sino que hay razones socioeconómicas, laborales o similares. Seguimos teniendo poblaciones muy vulnerables, que no logramos que entren en contacto con el sistema sanitario, y me parecería un error infligirles un nuevo castigo”, añade Martínez, que ve “una senda peligrosa dar en salud un trato distinto a las personas según unos comportamientos que muchas veces obedecen a condicionantes que no dependen de ellas”.

Medidas para proteger a la población

Para esta experta, “las medidas tienen que estar centradas en proteger a la población y hay otras más efectivas como las que se han ido relajando en los últimos meses”. “Aquí se han mantenido las mascarillas, por ejemplo, mientras en el norte de Europa se quitaron hace meses y ahora vuelven”, ilustra.

Quique Bassat, epidemiólogo e investigador Icrea en el instituto ISGlobal, califica de “coercitivas para empujar a la población a vacunarse” las medidas adoptadas en otros países, aunque duda de “si tendrían mucho efecto en España porque al porcentaje de población en el que ya puedes influir es muy reducido”. “Tenemos un 9% de población vacunable que no lo ha hecho. No sé si se ha hecho un buen análisis de su composición, pero imagino que hay una parte que son abiertamente antivacunas y no los vas a convencer. Quizá sí haya otro grupo de apáticos sobre los que medidas concretas sí podrían funcionar”, apunta.

Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva de Salud Pública, considera importante “no discriminar”. “El certificado europeo tiene la virtud de que no puede considerarse discriminatorio, porque puedes hacer lo mismo si tienes un test negativo, y pone el foco en lo fundamental: reducir el riesgo de contagio. Si acaso, si no quieres estar haciéndote la prueba cada tres días, el certificado puede considerarse un incentivo a vacunarse y eso es positivo”, afirma.

Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), ve estas medidas como una última opción. “Yo agotaría antes todos los recursos de convencimiento respecto a la vacunación y medidas de prevención. Y haría una buena evaluación del balance beneficio-riesgo de cada nueva medida a implementar, no vayan a obtenerse efectos contraproducentes como incrementar el rechazo a las vacunas”, concluye.