El repunte de contagios en España impulsa la ampliación del uso del pasaporte covid

El auge de contagios en España precipita nuevas medidas para controlar la transmisión del coronavirus. No hay sobre la mesa, por ahora, restricciones de gran calado o medidas severas porque la situación epidémica no es la del otoño pasado: hoy el 79% de la población está vacunada y la incidencia, aunque en ascenso, es de 88,6 casos por 100.000, y no 470, como era en noviembre de 2020. Pero las comunidades mueven ficha y miran al pasaporte covid como una nueva herramienta para contener los contagios. El País Vasco, por ejemplo, ya ha pedido autorización a la justicia para exigir el certificado de vacunación en el acceso a locales de ocio nocturno y restaurantes. Galicia, por su parte, también ha solicitado al juez poder exigir el pasaporte o un test negativo a las visitas de pacientes ingresados en hospitales y a los trabajadores sanitarios. Los expertos consultados aprueban la medida, pero la ven insuficiente para detener los contagios.

La curva epidémica se ha disparado un 67% en dos semanas y aunque la incidencia en España no es comparable a la de otros países europeos del entorno —en Bélgica o Austria superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes—, hay comunidades, como Navarra o País Vasco, muy por encima de la media española (203 y 188 casos por 100.000, respectivamente). De hecho, el auge de nuevas infecciones ha obligado al Gobierno vasco a tomar la delantera y aplicar nuevas restricciones: los ayuntamientos con una tasa de más de 150 casos podrán albergar acontecimientos en los que sí se puedan mantener las medidas preventivas, pero deberán aumentar el espacio destinado al público si se prevén concentraciones, establecer pasillos de tránsito para facilitar el flujo de personas y delimitar los espacios destinados a la venta y consumo de alimentos y bebidas. Y cuando sea posible, organizar las actividades en el exterior.

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado, además, que acuden al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para exigir el certificado covid para el acceso al ocio nocturno, desde el “mayor respeto y con confianza, entendiendo que son conocedores de la situación en la que se encuentra la pandemia en Euskadi”. Sagardui explica que no hay necesidad de llegar a escenarios “en los que la situación sea peor”.

También Galicia, donde ya se exige el certificado covid para entrar a los locales de ocio nocturno, ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ampliar su uso. En concreto, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo aspira a poder solicitar el certificado o una prueba negativa a los visitantes o acompañantes de los pacientes que están ingresados en los hospitales gallegos. Asimismo, también quiere que se exija para los trabajadores sanitarios o, en su lugar, que se lleve a cabo un cribado cada 15 días.

Los expertos consultados aprueban la medida para “empujar a vacunarse a los no vacunados”, pero la tildan de insuficiente. Salvador Peiró, epidemiólogo de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), apunta que ampliar los usos del certificado covid “es una medida de los gobiernos para parecer que se hace algo”. “Puede dar una falsa confianza. Tiene cierto sentido para empujar a vacunarse, pero no corta las cadenas de transmisión. Los vacunados puede que contengan un poco la transmisión, pero pueden contagiarse y contagiar”.

Para Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta propuesta también es “una manera de tomar una ruta intermedia que no lleve a restricciones anteriores”: “Las comunidades pueden propiciar esta idea y no es mala, aunque no va a agregar mucho ni será determinante para eliminar contagios. Esto limita mucho en países con más baja tasa de vacunación”.

Con todo, la propuesta de ampliar los usos del certificado covid va tomando fuerza y se configura, además, como un mal menor para el sector de la hostelería, temeroso de un nuevo cierre si los contagios sigan subiendo y la presión asistencial vuelve a tensionar los hospitales. Navarra todavía no ha tomado una decisión, pero está estudiando ampliar el uso del certificado y mantiene reuniones con los sectores implicados. En Cataluña, Daniel Brasé, gerente de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (Fihr), que agrupa a 46 gremios, indicaba este martes a EL PAÍS: “Firmamos aplicar el certificado si no nos tocan nada más”. El consejero de Salud de catalán, Josep Maria Argimon, abrió el lunes la puerta a la posibilidad de ampliar el uso del certificado covid en la autonomía, que actualmente solo se solicita en las discotecas, aunque siempre contando con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las voces autonómicas que reclaman homogeneidad en el uso del documento que confirma la vacunación crecen y ya han llegado hasta el Consejo Interterritorial de Salud, punto de encuentro del Ministerio de Sanidad y las comunidades. El consejero andaluz, Jesús Aguirre, pidió la semana pasada en la reunión “un marco legal” para poder usar el certificado en actividades sociales. Una portavoz de la Consejería de Salud murciana asegura también que el consejero del ramo, Juan José Pedreño, insistió en la reunión de la semana pasada en “la necesidad de aprovechar el certificado covid creando un marco legal que garantice su solicitud ante determinadas situaciones o acontecimientos, como el ocio o acontecimientos multitudinarios, ya que se está viendo que entre los 20 y 39 años es donde se encuentra la población que menor porcentaje de vacunación tiene”. Los treintañeros y los veinteañeros son la población con mayor margen de mejora en la vacunación: solo el 78% y el 76% de las personas de estas edades, respectivamente, han completado la pauta vacunal.

Complejidad jurídica

La Comunidad Valenciana tiene también el propósito de implantar la obligatoriedad del denominado pasaporte covid en todos aquellos lugares “donde sea razonable” y siempre tratando de “huir de restricciones innecesarias”, ha asegurado este martes el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. La discusión se centra en si se debe exigir solo en los locales de copas y en discotecas o la medida debe afectar también a restaurantes, bares, cines o teatros, informa Ferran Bono. Puig ha explicado que la Abogacía de la Generalitat estudia la cobertura legal para acelerar la implantación de la obligación de presentar el certificado de vacunación en determinados espacios y ha dicho que cuando haya un informe definitivo se hará público y se comunicará a los sectores afectados.

El jefe del Ejecutivo valenciano también ha comentado que la Abogacía estudia si la Generalitat puede ejecutar directamente esa normativa sin el paraguas legal del Gobierno central. En todo caso, y haya o no cobertura general de la Administración del Estado, Puig ha manifestado que “la toma de decisiones final será de la Generalitat”. Aragón también había pedido a la justicia permitir el uso del certificado para acceder al ocio nocturno, pero el Tribunal Superior de Justicia lo paralizó.

Los expertos insisten en que si sigue subiendo el ritmo de contagios y la presión se traslada de nuevo a los hospitales, habrá que retomar antiguas restricciones. “Volver a las pantallas anteriores”, en palabras de López-Acuña. Esto es, limitaciones de aforo y de horarios: “No se puede bajar la guardia en medidas de salud pública, como la detección precoz, el rastreo y las pruebas diagnósticas. Hay que cercar los brotes porque si pasamos a transmisión comunitaria, habrá que volver a las restricciones”, resuelve el ex alto cargo de la OMS. Si la presión asistencial no se desmadra, Peiró también apuesta por “hacer más hincapié en las medidas en interiores, que no se han retirado, pero no se están cumpliendo”, insiste. Se refiere a reforzar el uso de la mascarilla, la distancia social y la ventilación.