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Las comunidades prescinden de al menos 21.000 sanitarios de refuerzo contratados durante la pandemia

El descenso de la covid precipita el recorte de personal y comunidades como Andalucía o Galicia ya han anunciado que no renovarán una parte de los contratos. Los sindicatos alertan de la sobrecarga laboral que sufrirán los que se quedan

Varias personas reciben la vacuna contra la covid en el punto de vacunación masivo instalado en el Wizink Center de Madrid, el pasado agosto.
Varias personas reciben la vacuna contra la covid en el punto de vacunación masivo instalado en el Wizink Center de Madrid, el pasado agosto.Chema Moya (EFE)
Jessica Mouzo

La pandemia está en descenso en España y las comunidades empiezan a replegar efectivos sanitarios. Según los cálculos de este diario, las autonomías ya han prescindido de, al menos, unos 21.000 profesionales contratados como refuerzo para afrontar la crisis sanitaria. Y siguen en el punto de mira los que están en activo. Andalucía, por ejemplo, ya ha anunciado que, de los 20.000 sanitarios que reforzaron su sanidad durante la pandemia, 8.000 dejarán de trabajar el 1 de noviembre. También Galicia ha anunciado que entre noviembre y diciembre prescindirá de los 1.200 sanitarios contratados para la pandemia. Otras autonomías han ido menguando efectivos de apoyo en los últimos meses y fían la continuidad del personal a la evolución de la crisis sanitaria, pero también hay quien se ha conjurado para consolidar esas plazas pase lo que pase: Cataluña, Baleares, Canarias y La Rioja, por ejemplo, quieren mantener a los efectivos que han incorporado. Sindicatos y profesionales alertan de que los recortes de personal aumentarán la carga de trabajo para los que se quedan, sobre todo cuando comience la campaña de vacunación contra la gripe, y lamentan “la oportunidad perdida” para reforzar el sistema de salud.

Con una incidencia a 14 días instalada en torno a los 44,5 casos por 100.000 habitantes y el 78% de la población española vacunada contra la covid, la pandemia está, en estos momentos, bajo control, y las comunidades apuran a reordenar recursos. Aparte de replegar dispositivos y plantas covid, avanzan con el tijeretazo a los refuerzos contratados en los últimos meses. Este contingente llegó a ser de, al menos, unas 80.600 personas, según los datos facilitados por 13 autonomías. Se trataba, sobre todo, de enfermeras, auxiliares, celadores y médicos, aunque algunas comunidades incluyen en esta bolsa también al personal de limpieza y de cocina de los hospitales, por ejemplo. En cualquier caso, no se puede desglosar en este artículo porque no todas las comunidades han facilitado los datos por categorías profesionales.

Este grupo de refuerzo, con todo, ya no es lo que era y apunta a ser menos. Murcia, por ejemplo, llegó a tener 6.000 profesionales contratados de refuerzo, pero ahora solo hay 2.460 —433 de ellos, médicos y 801, enfermeras—. En Extremadura, por su parte, apenas quedan 429 trabajadores de los 1.938 refuerzos que se llegaron a incorporar y la Consejería de Sanidad fía la continuidad de los que todavía permanecen “a la evolución de la pandemia y de las necesidades asistenciales que vayan surgiendo, pudiendo aumentarse el número, en el caso de que sea necesario”, matiza un portavoz.

La Comunidad Valenciana también contrató a 9.309 sanitarios para afrontar la crisis sanitaria, pero en junio ya anunció que solo renovaría a 6.050 de ellos hasta diciembre y según cuál sea la situación epidemiológica, se decidirá si es necesario prorrogar. En Cantabria había en septiembre 475 refuerzos activos de 1.448 que llegaron a contratarse durante la pandemia, y Castilla-La Mancha, que llegó a tener 7.400 profesionales adicionales contratados, solo mantiene el 64% de ellos. “Somos la comunidad autónoma que más contrató en proporción a su plantilla y somos una de las pocas que aún mantenemos ese porcentaje tan alto en nuestro sistema, además con visos de consolidación, principalmente en medicina y enfermería”, defiende un portavoz.

Los próximos meses serán clave para la bolsa de efectivos que sigue trabajando. Galicia, por ejemplo, ya ha anunciado que los 1.200 profesionales se irán en cuanto finalice su contrato en noviembre o diciembre. Fuentes de la Consejería de Sanidad lo justifican por el fin de la emergencia sanitaria, pero añaden que los presupuestos de 2022 prevén 1.338 nuevas plazas, aunque María Xosé Abuín, portavoz de la CIG, sindicato mayoritario, replica: “No son plazas de nueva creación, son plazas que han estado cubiertas por eventuales durante más de tres años”. Abuín alerta de que la sanidad gallega se queda tras la covid “con el mismo déficit de personal y precariedad laboral” que antes. Para Malules Carbajo, del sindicato de enfermería Satse Galicia, la desaparición del personal de refuerzo es una “imprudencia”: “Para nosotros esto no se acabó. Estamos con las vacunaciones y la asistencia ha quedado muy mermada. Necesitamos ese personal”.

Andalucía ha sido la otra comunidad que la semana pasada dio un paso al frente y admitió que solo mantendrá al 60% de los contratados. Los sindicatos critican que la Junta desperdicia “una oportunidad única” para mejorar una plantilla infradotada. José Sánchez, responsable autonómico del sindicato de enfermería Satse, insiste en que estos refuerzos son “personal necesario en Andalucía”: “Seguimos siendo el farolillo rojo con 4,3 enfermeras por habitante, mientras que la media española es de 5,4 y la europea 8,8. Ni con las enfermeras contratadas llegaríamos a la media española. Estamos mal”.

Las protestas de sanitarios frente a los hospitales comenzaron el jueves y la Marea Blanca ha convocado una manifestación el sábado. Antoni Vergara, portavoz de la plataforma en Andalucía, avisa: “La indignación es creciente y el clamor se extiende. Han acabado con la atención primaria y han conseguido que haya categorías para ricos y pobres. Si llamas al centro de salud para pedir cita, tardan tres días en llamarte de vuelta y luego dos semanas para que te atiendan, si tienes derecho a la presencialidad. Todas las decisiones de la Junta han beneficiado a la sanidad privada”.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, justificaba la decisión en la falta de recursos: “Ojalá tuviéramos presupuestos infinitos, tenemos que hacer una gestión eficiente”. En junio de 2020, el Ejecutivo aprobó un fondo covid con 16.000 millones de euros para afrontar el impacto de la pandemia, pero, previsiblemente, esa partida no se mantendrá —no está recogida en los Presupuestos de 2022—.

Más recursos

Las comunidades presionan y reclaman más recursos. Cataluña, por ejemplo, asegura que tiene cerca de 15.000 profesionales más que en 2020 y “no tiene previsto despedir los refuerzos extraordinarios contratados para la covid”, indica un portavoz del Departamento de Salud. Pero reclama que se mantengan los fondos destinados a la pandemia en 2022. “El año que viene continuarán siendo necesarios [estos refuerzos], ya que, entre otras cosas, se mantendrán acciones que han emergido por la pandemia, como la vacunación o la detección con pruebas diagnósticas, además de recursos estructurales con los nuevos dispositivos creados o el incremento de camas de cuidados intensivos”, agrega este portavoz. El sindicato Metges de Catalunya muestra, sin embargo, sus suspicacias: “Me consta que en los hospitales concertados están teniendo conversaciones con Salud donde les dicen que el presupuesto será el de 2020 y eso significaría que las plazas de la pandemia no se podrán consolidar. La intención era convertirlas en estructurales, pero me consta que están notificando que desaparecerán por las carencias presupuestarias”, apunta su portavoz, Xavier Lleonart.

La Rioja, por su parte, contrató a unas 380 personas durante la crisis sanitaria y siguen en activo, al menos, hasta final de año: “No hay nada decidido de qué se va a hacer. La voluntad es que se queden”, apunta una portavoz de la consejería riojana. En esta línea, también Navarra apuesta por “mantener al máximo posible [de los profesionales] con nuevas funciones más estructurales”, pero no concreta cuántas personas son. Aragón ha advertido de que será cada centro sanitario el que estudie caso por caso los 1.500 refuerzos para ver si se necesita o no su continuidad. Asturias, Castilla y León, Ceuta y Melilla han asegurado no disponer de la información.

En el País Vasco, la plantilla estructural del sistema de salud ronda los 33.000 profesionales, pero durante algunos momentos de esta pandemia se ha acercado a los 40.000, es decir 7.000 refuerzos más. La consejería no facilita cifras concretas de los trabajadores adicionales que hay ni cuántos se quedarán en el sistema: “Todavía no tenemos datos de cómo va a ser la desescalada de personal, o si va a haber desescalada con el fin de la pandemia”, aseguran fuentes del departamento vasco de Salud. Pero los sindicatos ya han denunciado que el Ejecutivo vasco está rescindiendo contratos y ha reducido plazas de celadores.

Tampoco en Madrid están claras las cifras. Preguntada por este diario, la Consejería de Sanidad, a través de un portavoz, cifra en “más de 11.000″ los contratos de refuerzo covid. Según su último desglose de estos profesionales, de junio, eran más de 11.100; y siete meses antes, en noviembre de 2020, los cifraron exactamente en 11.324. Sin embargo, no explican que muchos de ellos era ya personal del Sistema Madrileño de Salud sin contrato fijo y, en cualquier caso, las cifras del portal estadístico del personal del Sistema Madrileño de Salud (Sermas) no reflejan esos números y las cifras han subido y bajado cada mes desde marzo del pasado año.

En febrero de 2020 había 73.815 personas en la plantilla del Servicio Madrileño de Salud, y, según esos datos mensuales publicados por la consejería, el mes en el que más personal hubo contratado respecto a ese mes, fue el pasado julio, con 83.985 personas en plantilla, es decir, 10.080 profesionales más. Ahora, con las últimas cifras, de septiembre, hay 9.841 personas más en el total que componen el sistema. Es decir que, al menos, Madrid ha perdido 239 profesionales entre agosto y septiembre. En cualquier caso, los contratos de refuerzo son “hasta el 31 de diciembre” y de “de momento el tema de futuras renovaciones no se ha tocado”, explica el mismo portavoz.

Un invierno “terrible”

Los sindicatos auguran un invierno “terrible” por la falta estructural de personal y las cargas de trabajo. María José García, portavoz del sindicato Satse, recuerda que “la pandemia no se ha terminado” y queda por delante una importante campaña de vacunación contra la gripe y el dispositivo para pinchar las terceras dosis de la vacuna contra la covid: “Se espera un invierno muy malo porque el personal está agotado y el nivel de estrés es increíble. Hay un acúmulo de trabajo y listas de espera que no se puede aguantar más”.

Coincide María José Campillo, de la Confederación de Sindicatos Médicos de España: “El panorama es muy malo porque antes de la pandemia ya estábamos al límite. Hay gente dejando la profesión porque ya no puede más”. Llueve sobre mojado, insiste la facultativa: “Aquí el problema que ha habido es que ya estaba todo muy recortado. [Las administraciones] no encuentran médicos dispuestos a trabajar con las condiciones laborales que les ofrecen”.

El Consejo General de Colegios de Enfermería calcula que hacen falta 120.000 enfermeras más en el sistema para tener unas ratios de atención enfermera adecuadas. Diego Ayuso, secretario general del órgano colegial, insta a “planificar los recursos humanos para evitar un escenario de hospitales colapsados”. “Después de la pandemia, pensar que van a echar a la calle a enfermeras, es terrible y desmotivador para los profesionales. Es una aberración total”, protesta.


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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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