Las protestas por las restricciones para contener la pandemia se extienden por el mundo
Miles de personas se manifiestan en Francia e Italia contra las limitaciones a los no vacunados. 57 detenidos en Australia en las marchas de los críticos con los confinamientos
El hartazgo por las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus está en plena ebullición en varios países. Este fin de semana decenas de miles de personas se han manifestado en varios puntos del planeta contra las limitaciones que los Gobiernos toman para contener la pandemia, enconada en una nueva fase crítica por el crecimiento de la variante delta —hasta un 60% más contagiosa—. Las principales manifestaciones se produjeron en Francia e Italia, cuyos mandatarios han decidido penalizar a las personas que no se vacunen, impidiéndoles que accedan a bares, restaurantes, cines o teatros. Miles de personas cansadas de las restricciones también se manifestaron en Sídney, la ciudad más poblada de Australia, un país que aplica confinamientos férreos en cuanto surge un brote.
Estas protestas coinciden con un momento sensible en el devenir de la pandemia, con la vacunación estancada en algunos países desarrolladas y sin que termine de despegar en los que tienen menos recursos. Además, las nuevas variantes han cambiado una de las premisas de las estrategias de vacunación de los países: será necesario vacunar a más del 70% de la población, superar el 80% e incluso acercarse al 90% para llegar a la inmunidad de grupo. Y el número global de nuevos diagnósticos ha aumentado un 12% respecto a la semana pasada, según recoge el balance epidémico semanal de la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, los nuevos casos crecieron a un ritmo de casi medio millón diario frente a los 400.000 de la semana anterior. Y con el aumento de diagnósticos de coronavirus, las muertes repuntan: “Tras una disminución constante durante más de dos meses, el número de muertes semanales notificadas fue similar a la semana anterior, con casi 57.000 decesos notificados”, indica la OMS. La pandemia ya ha costado la vida a más de cuatro millones de personas.
En ese escenario global, decenas de miles de personas salieron a las calles este sábado en toda Francia por segunda semana consecutiva a protestar contra el certificado sanitario, la nueva norma del Gobierno de Emmanuel Macron que busca, con fuertes restricciones a la vida social, cultural y deportiva de todo el que no esté aún vacunado, forzar a la población aún reticente a inmunizarse contra la covid-19. Las protestas contra estas medidas aún en discusión en el Parlamento, y que también prevén la vacunación obligatoria para algunos profesionales, especialmente los sanitarios, se extendieron por todo el país. Según el Ministerio del Interior, al menos 161.000 franceses participaron en las manifestaciones, un aumento frente a los 114.000 del sábado anterior. En París fueron apenas 11.000, pero la adhesión de los chalecos amarillos, el movimiento de protesta social que puso contra las cuerdas al Ejecutivo galo entre 2018 y 2019, provocó algunas tensiones. En cifras actualizadas este domingo, Interior informó de que 71 personas fueron detenidas en las protestas, 24 de ellas en la capital.
En una de las concentraciones en París, el ultraderechista Florian Philippot, ex número dos de la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, denunció la “dictadura sanitaria” del Gobierno francés y el “apartheid” que a su juicio suponen las nuevas normativas y pidió la dimisión del “tirano” Macron, según medios franceses.
El mandatario, que acaba de iniciar una gira en la Polinesia francesa tras su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, replicó este domingo que “asume totalmente” unas medidas que buscan “proteger” a la población y calificó de “irresponsabilidad” y “egoísmo” el rechazo a vacunarse. “La libertad de no deberle nada a nadie no existe. ¿Qué vale tu libertad si me dices que no te quieres vacunar? Si mañana contaminas a tu padre, tu madre o a mí, seré víctima de tu libertad (…) Eso no es libertad, eso se llama irresponsabilidad, egoísmo”, replicó Macron desde un hospital en Tahití.
Las nuevas manifestaciones tuvieron lugar mientras el certificado sanitario —bien de vacunación, de haber pasado la enfermedad o de haber dado negativo del coronavirus en las 48 horas anteriores— superaba sus últimos trámites en el Parlamento. Después de que el Senado, dominado por la oposición conservadora, aprobara tras fuertes modificaciones el texto la noche del sábado, este pasó el domingo a una comisión mixta de las dos cámaras que logró un compromiso, que fue aprobado en una última votación poco después de la medianoche. La versión final no incluye la posibilidad de despedir al personal sanitario y otros profesionales en contacto con público que se nieguen a vacunarse, aunque sí se les podrá suspender de sueldo. En cuanto al certificado sanitario, este será obligatorio tanto para los menores (de 12 a 17 años) como para las terrazas de bares, extremos que había eliminado el Senado, pero por el contrario no será exigido para entrar en los grandes centros comerciales, según medios franceses. No obstante, el Gobierno logró incluir una enmienda de última hora que permitirá que los prefectos puedan imponer el certificado sanitario en estos centros si así lo consideran necesario. Finalmente, el estado de emergencia sanitaria solo se extenderá hasta el 15 de noviembre y no hasta el 31 de diciembre, como buscaba el Gobierno. A partir de esa fecha por tanto, el Ejecutivo deberá consultar nuevamente al Parlamento si quiere seguir aplicando las disposiciones de la normativa. Aunque el proyecto de ley todavía deberá ser analizado por el Consejo Constitucional, su aprobación este domingo debería permitirle a Macron mantener las fechas previstas y que el certificado sanitario empiece a ser exigido el mes próximo en restaurantes, bares o para abordar un tren de larga distancia, entre otros.
En Italia, cuyo Gobierno se afana en frenar un incipiente repunte de contagios por la variante delta, la ralentización en la campaña de vacunación ha motivado la adopción de nuevas restricciones, como el uso del certificado covid para acceder al interior de bares y restaurantes. La extensión de la exigencia de este salvoconducto, que hasta ahora solo era necesario para los viajes, ha despertado la indignación de los ciudadanos. Miles de personas han salido a las calles en varias ciudades de todo el país para protestar contra la introducción de este documento que certifica que su poseedor se ha vacunado o ha superado la infección y que será necesario para poder desarrollar determinadas actividades, como comer dentro de un restaurante, acudir al cine o ir al gimnasio. La ola de protestas, aunque en general minoritarias, ha recorrido la bota desde Roma a Turín, pasando por Milán, Bolonia, Nápoles o Palermo, entre otras.
“Libertad, libertad”, fue el grito más coreado en la mayoría de las ciudades. “Pasaporte de esclavitud”, “mejor vivir libres que morir esclavos” o “basta dictadura” fueron los eslóganes que más se repetían en las pancartas.
En Roma, unas 3.000 personas, según el recuento de la policía, se concentraron el sábado de forma espontánea en la céntrica Piazza del Popolo, siguiendo una convocatoria lanzada en las redes sociales. La mayoría de manifestantes no llevaba mascarilla. Hubo desórdenes, pero no enfrentamientos graves con las fuerzas de seguridad y también participaron algunos exponentes de grupos de extrema derecha, que hace unos meses causaron serios disturbios en protestas similares. En Turín, donde el sábado se reunieron unas 5.000 personas, ha comenzado una recogida de firmas para solicitar la suspensión del certificado covid. “Queremos dar voz a una parte de la sociedad que está en contra de este tipo de discriminaciones”, han señalado los organizadores. En Milán, unas 9.000 personas, según las estimaciones de la policía, se manifestaron el sábado por la tarde en la céntrica Piazza del Duomo. Se escucharon insultos al primer ministro, Mario Draghi y se vieron alusiones al nazismo, como estrellas de David, como las que los nazis obligan a usar a los judíos, con la inscripción “no vacunado” en su interior o carteles que equiparaban esvásticas con el pasaporte sanitario.
El Gobierno de Mario Draghi aprobó el jueves pasado nuevas medidas para frenar los contagios y entre otras cosas, a partir del 6 de agosto, se deberá presentar el denominado ‘certificado verde’, el salvoconducto que acredita la vacunación o el resultado negativo a una prueba de covid reciente, para acceder a espacios públicos, como bares y restaurantes, piscinas, gimnasios, cines, parques temáticos o casinos. Al principio bastará con tener al menos una dosis de la vacuna, pero más adelante ya será necesario hacer recibido la pauta completa. En la práctica, la medida constituye, básicamente, una fórmula técnica para obligar a toda la población a vacunarse. “El llamamiento a no vacunarse es un llamamiento a morir”, lanzó el primer ministro Draghi en la presentación de los nuevos usos del certificado, en alusión a algunos comentarios de políticos, como Matteo Salvini, quien ha asegurado que la vacuna no es necesaria para los jóvenes. “No te vacunas, te enfermas, muertes. O haces que la gente muera: no te vacunas, enfermas, contagias y él o ella muere”, continuó Draghi. Y añadió que si la gente no se vacuna se corre el riesgo de “tener que cerrar todo de nuevo”.
El ritmo de las vacunaciones, elevado en los últimos meses, se ha ralentizado durante las últimas semanas, sobre todo entre las franjas de población más jóvenes, debido a las vacaciones de verano. Por otro lado, aunque en general la adhesión a la vacunación contra la covid ha sido alta, el movimiento antivacunas tiene mucha fuerza en el país transalpino. Según los datos oficiales, aproximadamente dos tercios de los mayores de 12 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna y más de la mitad ha completado la pauta de vacunación.
En Grecia, el sábado también hubo protestas de los contrarios a las restricciones impuestas a los no vacunados. Más de 4.000 personas se manifestaron frente al Parlamento en Atenas contra estas limitaciones y también contra la vacunación obligatoria del personal sanitario, según informe Reuters. Las protestas terminaron en enfrentamientos con la policía, desenlace que ya se dio el miércoles en una protesta de naturaleza similar.
En España, el requisito de vacunación o prueba negativa para acceder a la hostelería se aprobó en primer lugar en Galicia y solo para municipios con la covid desatada. Después ha tomado el mismo camino Canarias. La Xunta exige el certificado para acceder al interior de bares y cafeterías en 36 municipios, incluidos Vigo, Ourense, Pontevedra, O Grove y Sanxenxo. Este requisito ya era obligatorio desde el pasado martes en todos los locales de ocio nocturno de la comunidad. Otras comunidades también piden estar inmunizado o prueba negativa de covid para acceder a discotecas.
Contra las restricciones en Australia
También ha habido protestas en Australia, que aplica una férrea y rápida política de confinamientos al detectar brotes del virus y acumula más de 32.500 casos y 916 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En concreto, la policía se vio obligada a intervenir en Sídney durante una protesta en la que alrededor de un millar de manifestantes marcharon este sábado por el centro de la ciudad contra las estrictas medidas impuestas para luchar contra la pandemia, mientras los casos continúan aumentando a pesar del confinamiento, según información de Efe. Los incidentes, que incluyeron intentos de bloqueo del tráfico en algunas de las carreteras más transitadas de la ciudad y algunos enfrentamientos violentos, se saldaron con al menos 57 personas detenidas y la emisión de 510 multas, aunque la policía continúa revisando redes sociales y las imágenes de cámaras de seguridad para conseguir identificar y castigar a todos los que desobedecieron la orden de quedarse en casa.
Sídney, la urbe más poblada de Australia, está bajo medidas de aislamiento desde el 27 de junio y hasta el próximo viernes, que incluyen entre otras que los los ciudadanos permanezcan en sus hogares, salvo excepciones relevantes. La Policía de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, expresó en un comunicado que “reconoce y apoya” el derecho a ejercer la libertad de expresión y reunión pacífica, pero que la protesta infringió las actuales órdenes de salud pública de la covid-19 y “la prioridad de la policía es siempre la seguridad de la comunidad en general”.
La autoridad sanitaria regional informó este sábado de 163 nuevos casos, el dato más alto desde que se detectara un brote de la variante delta en Bondi a mediados del mes pasado, que ha ido obligando a que más de la mitad de los 25 millones de habitantes del país se encuentren bajo medidas de confinamiento. El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha manifestado este domingo que quienes violaron las medidas para protestar fueron “egoístas”. Y ha añadido: “No logran ningún propósito porque el encierro no terminará antes”.
Con información de Maite Nieto y Emilio Sánchez Hidalgo.
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