Una ‘liberación’ para los presos ‘trans’

A Carolina no le preocuparon demasiado los rumores que se desataron cuando, en julio de 2016, aterrizó en el módulo de mujeres de la cárcel catalana de Brians 1. “Decían que yo no debía estar ahí porque tenía pene y no estaba operada”. Decidió ganarse el respeto de sus compañeras mostrándose tal como es. “Un día me despeloté en el patio y dije: ¡Aquí estoy yo!”, cuenta esta mujer transexual acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles: se ha ganado la vida en calles de medio mundo, incluida la Casa de Campo de Madrid o los alrededores del Camp Nou, en Barcelona.

Carolina (nombre ficticio) nació varón, pero supo que se sentía mujer a los 12 años, cuando escapó de su casa en Barranquilla (Colombia) y comenzó una vida errante: trabajadora sexual y activista por los derechos del colectivo trans ―”he hecho de mi cuerpo un instrumento”―se convirtió en una de las primeras mujeres transexuales que obtuvo asilo en España. Con el tiempo cambió las calles por pisos y vitrinas (“me ganaba muy bien la vida”) y se casó. Pero cuando el marido la dejó por otra mujer, perdió el norte. “Estaba herida. Con 20 litros de gasolina y un cuchillo inmenso, tumbé la puerta de su casa, me metí y le di como diez puñaladas a aquella mujer. Luego le prendí fuego a la casa”. Fue condenada a cinco años por tentativa de homicidio.

Los primeros días como presa preventiva los pasó en la histórica cárcel Modelo de Barcelona, reservada a hombres y clausurada en 2017. “Como me había quemado los pies en el incendio, estuve en la enfermería, de donde no me dejaron salir. Estaba en shock, lloraba… No sabía cómo me había metido en semejante embrollo”. Aún no se explica por qué la juez la mandó allí cuando su pasaporte la identifica como mujer.

Tras llegar a Brians (Barcelona) y superadas las suspicacias iniciales, cuenta Carolina que ofreció protección a otras internas ―”las mujeres se duchaban conmigo porque se sentían más seguras”― y que fue una “presa modelo”, aunque admite que se negó a seguir el programa de tratamiento sobre delitos violentos, lo que le ha impedido disfrutar de permisos. Salió de la cárcel el pasado abril y ahora se debate entre volver a la prostitución o buscar una alternativa en el campo social. “Con todo lo que he perdido, lo que no voy a hacer es ponerme a trabajar para ganar mil euros”, bromea.

En prisión, Carolina abrió camino a otros presos transexuales que lo tuvieron aún más difícil que ella: al no poder tramitar el cambio de sexo en el Registro Civil, esos internos ―la mayoría, extranjeros― se quedaban sin la posibilidad de vivir en un módulo acorde con su identidad sexual. En 2019 la Generalitat cambió las reglas del juego con una instrucción penitenciaria que permite el traslado de prisión sin necesidad de realizar esos trámites.

Un año y ocho meses después de su aprobación, 11 transexuales han solicitado cambio de módulo o de centro penitenciario; casi todas las peticiones se han aceptado. El traslado requiere el aval de la junta de tratamiento de cada cárcel en función de unos criterios: el delito cometido, el historial penitenciario, los riesgos de sufrir (o causar) violencia en el nuevo destino y que la decisión sea “consistente” o puramente “instrumental”. La última palabra la tiene siempre el departamento de Justicia. Como Carolina, la inmensa mayoría son mujeres transexuales.

El trato en prisión

Una treintena de transexuales, además, se han acogido a otro de los derechos que prevé la instrucción de 2019: ser tratados “de acuerdo con el género y nombre con el que se identifiquen”, lo que incluye también la documentación penitenciaria. Los expertos consultados sobre la aplicación de la medida admiten que ese es uno de los terrenos donde aún hay déficits: a los transexuales se les suele asignar, en las bases de datos, un alias.

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Rodrigo Araneda, presidente de la asociación Acathi ―centrada en migración y diversidad LGBTI, señala la existencia de esos problemas en el registro informático aunque admite que la iniciativa de la Generalitat ha garantizado “ciertos derechos” al colectivo y ha permitido que “se entendieran sus necesidades específicas en prisión”. La instrucción permite a los transexuales disponer de celdas individuales (si lo desean), garantiza su intimidad en duchas y vestuarios y les permite seguir el tratamiento médico y psicológico que precisan para su transición.

Los transexuales cuentan, además, con el apoyo de un funcionario de referencia. Jordi, educador social con años de experiencia en Brians 2, es uno de ellos. Jordi ha constatado una de las principales ventajas que el cambio de módulo permite, en especial a las mujeres transexuales: “Cuando llegan a una prisión de mujeres, encuentran más fácilmente su papel, están en un espacio donde pueden explorar con menos presión qué tipo de mujer quieren ser, incluso en lo físico (barba, hormonas...)”, cuenta el educador, que denuncia la persistencia de cierta “transfobia”, incluso dentro del colectivo.

Jordi puntualiza que la instrucción, aunque incide en el régimen de vida de los internos, olvida otras necesidades vinculadas a la rehabilitación y a la salida de prisión de los transexuales, la mayoría “personas migradas que han sufrido todo tipo de violencias en sus países de origen”. El funcionario destaca que hay personas que han “iniciado su propio proceso de tránsito” una vez que han ingresado en prisión, lo que supone “un reto aún mayor”.

Para Carolina, que ya vivía entre mujeres, la instrucción no fue una bendición sino más bien todo lo contrario: “Antes, como era casi la única, podía ducharme a una hora concreta y vivía en la primera planta. Cuando llegaron otras transexuales, me mandaron a la segunda planta con ellas... Porque, si no, era discriminación”. Dice que, para protestar, ella, presa modelo, acabó encaramándose a unas redes que cuelgan en el módulo.