PEDERASTIA EN LA IGLESIA ESPAÑOLA

El fiscal rebaja los cargos a un cura por abusar de seis menores porque uno cerró los ojos cuando le tocó y “no pudo verle”

El sacerdote salesiano, que ha negado el relato de los chicos que testificaron contra él a puerta cerrada, afronta 44 años de prisión

El sacerdote del Colegio Salesianos de Vigo, durante el juicio en la Audiencia de Pontevedra.
El sacerdote del Colegio Salesianos de Vigo, durante el juicio en la Audiencia de Pontevedra.EFE/Diario de Pontevedra

El sacerdote salesiano y profesor de religión en un colegio de Vigo, Segundo C. V., de 41 años, ha proclamado su inocencia en el juicio en el que declaró como acusado de haber abusado sexualmente de seis alumnos que entonces eran menores, durante el verano de 2019. “Mi relación con ellos ha sido correcta”, incidió para defenderse de hasta 12 presuntos delitos cometidos en el transcurso de actividades que él organizaba como director del campamento juvenil en el Colegio María Auxiliadora.

El caso ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Pontevedra después de escuchar al sacerdote y a los chicos, que declararon a puerta cerrada para proteger su identidad, testimonios a los que el fiscal dio absoluta credibilidad. Aun así, el representante del Ministerio Público rebajó su petición de condena de 67 a 44 años para el acusado, el retirar uno de los cargos porque “la víctima notó que lo tocaban, pero no abrió los ojos”, con lo cual, argumentó, “no pudo ver al sacerdote cuando este supuestamente abusó de él”.

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El fiscal admitió que frente a este testimonio “no hay pruebas de que el responsable fuese el acusado”, ni tampoco consideró que otro de los supuestos tocamientos fuese delito continuado. La acusación ha otorgado veracidad al relató de las víctimas y a los testigos de estos episodios ocurridos durante una peregrinación a Santiago de Compostela, un partido de la final de la Champions League y en un campamento juvenil, actividades que organizó el propio acusado.

El fiscal reiteró en sus conclusiones finales que el relato de los chicos es “creíble” y “plausible” y subrayó que “los tocamientos, por muy fugaces que sean, son abusos sexuales”. Ha destacado, además, que los hechos juzgados han tenido evidentes consecuencias psíquicas para las víctimas, que presentan “traumas compatibles con episodios de naturaleza sexual”.

Segundo C. V. no quiso responder al interrogatorio de las acusaciones que representaban a las víctimas y solo contestó a las preguntas del fiscal y de sus abogados. Ha reconocido que compartió habitación con algunos alumnos, pero negó rotundamente los tocamientos. Tan solo relató que llegó a entrar en una de las habitaciones para “mover a un chico para que dejase de roncar”. Este hecho sorprendió a uno de los monitores que dormía en esa habitación, por lo que le preguntó al cura qué hacía allí.

Este episodio llamó la atención del fiscal porque no había sido incluido en las declaraciones judiciales del cura. El acusado, que se encuentra en libertad bajo fianza de 12.000 euros y ha sido apartado de sus funciones educativas, justificó este cambio en su declaración: “En mi situación, dos años dan para pensar mucho y recordar”, alegó.

Los abogados del salesiano rechazaron de plano todo el relato testifical de los chicos, alegando que “no es creíble”, y han insistido en la trayectoria del sacerdote, que carece de antecedentes por estos delitos. La defensa incorporó como prueba documental un informe pericial psicológico del acusado, un examen forense al que el cura había rechazado someterse durante la instrucción del caso. Este rehusó hacer uso de su derecho a la última palabra antes de concluir el juicio.

Además de solicitar cinco años de cárcel por siete de los delitos de abusos sexuales y otros cuatro años y medio por otros dos, la Fiscalía pidió que se le prohíba al sacerdote aproximarse a menos de 250 metros de sus víctimas o comunicarse con ellos por cualquier medio durante ese mismo tiempo, y se le imponga la medida de libertad vigilada cuando cumpla la condena.

También el fiscal ha solicitado al tribunal que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de la enseñanza de menores y de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores durante 10 años tras salir de la cárcel.

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