Los vecinos de Tribulete comienzan su resistencia en el juzgado contra el fondo al que acusan de acoso inmobiliario

Los vecinos de la calle Tribulete número 7, en el barrio madrileño de Lavapiés, han comenzado su resistencia en los juzgados. Lo han hecho este martes ante la jueza de Instrucción número 17 de Madrid, ratificando así la querella colectiva que presentaron contra el fondo de inversión Elix Rental Housing, al que acusan de un presunto acoso para forzarlos a salir del inmueble. Los residentes aseguran que desde que el fondo de inversión compró el edificio hace dos años, se han sucedido amenazas verbales e indirectas así como coacciones y obras que, según denuncian, buscan hacer “inhabitable” el inmueble para que abandonen el mismo y así facilitar una operación de carácter especulativo.

En el marco de la declaración judicial, los vecinos han relatado que las intervenciones en el inmueble comenzaron en noviembre de 2024 y que, desde entonces, se ejecutan trabajos que parecen no tener fin. En la descripción han mencionado la presencia permanente de andamios, boquetes abiertos y actuaciones que consideran “agresivas”. Las obras, se quejan los vecinos de Tribulete, han provocado ruido constante, filtraciones de agua, humedades y episodios de inseguridad por la posible caída de cascotes. Adicionalmente, denuncian cortes recurrentes de suministros y la superación de los límites de ruido permitidos, así como supuestas deficiencias en las medidas de seguridad.

La situación ya ha forzado a que unas 30 personas se hayan marchado del edificio en los últimos meses, según han dicho los vecinos. Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas que representa a los vecinos querellantes, detalla que todos ellos han profundizado en lo mismo: “Cómo desde que el edificio es adquirido por Elix en 2024 comienza una serie de comunicaciones para decirles que sí o sí van a tener que abandonar sus viviendas”. Jacinto, además, insiste en que las obras “han generado un entorno hostil y humillante” para los vecinos que todavía viven en el bloque. Estos métodos, comenta la abogada, han sido eficaces en el sentido que han pasado de ser más de 50 viviendas, con más de 100 personas viviendo en el edificio, a unas 25 repartidas en 15 pisos.

“Una de las cosas que nosotros hemos alegado siempre es que, si Elix quería echar a estos inquilinos, lo que tenía que haber hecho era interponer las correspondientes acciones de desahucio por expiración de contrato y no tomarse la justicia por la mano”, critica Jacinto por teléfono. También niega que se estén manteniendo negociaciones entre el fondo de inversión y los vecinos que resisten en Tribulete, 7.

Los denunciantes solicitaron al Ayuntamiento de Madrid que ejerciera el derecho de tanteo y retracto ―que otorga prioridad a los inquilinos para adquirir el inmueble― con el objetivo de evitar la operación. Sin embargo, aseguran que la petición no prosperó. Los vecinos se han organizado con el apoyo de colectivos y sindicatos y reclaman ahora la paralización de las obras hasta que se ajusten a la normativa vigente y se garantice la seguridad del edificio y de los residentes.

La socimi Elix Rental Housing afirma que “las obras acometidas en el edificio están orientadas a la mejora de la accesibilidad, el refuerzo estructural del arranque de los pilares y la renovación de la cubierta”. En ese sentido, dice, se trata de “acciones imprescindibles para garantizar la seguridad y habitabilidad del inmueble”. Así mismo, aseguran que los trabajos se desarrollan “en línea con las especificidades técnicas del Ayuntamiento de Madrid”. “Como propietarios, existe la responsabilidad legal de ejecutar estas mejoras para proteger a los residentes y mantener el inmueble en condiciones de uso y, para dichas obras, la compañía cuenta con todos los permisos necesarios según la normativa vigente”, añade el fondo en su respuesta por escrito a EL PAÍS.

Adicionalmente, subraya que la propiedad ha alcanzado acuerdos con más de 30 vecinos de ese edificio. “Conscientes de las molestias que pueden ocasionar este tipo de intervenciones, y para reducir al máximo el impacto en la vida de los vecinos, la propiedad ha ofrecido desde el inicio alternativas para los vecinos con afección directa de las obras, poniendo a su disposición opciones de reubicación temporal en otras viviendas y alojamientos adaptados a sus necesidades”.

Dos años resistiendo

La lucha de los vecinos de Tribulete, 7 comenzó en marzo de 2024, cuando la empresa Elix Rental Housing compró el bloque de viviendas en Lavapiés con 54 vecinos dentro. En ese momento, a todos ellos se les comunicó que sus contratos de alquiler no serían renovados y, con el tiempo, se fueron marchando. Un grupo de apenas once vecinos se quedó y formó la resistencia. Se negaron a abandonar sus viviendas y dijeron que seguirían pagando el alquiler hasta que un juez resolviera el problema. Pero la novela continuó con un capítulo de tortura, según la denuncia de los vecinos: obras durante todo el día, paredes y cañerías dañadas en las zonas comunes desprendimientos en el tejado y un portal que se inunda periódicamente. Todo esto, según dicen, con la intención de forzarlos a que se vayan del edificio.

Los vecinos de Tribulete, 7 tuvieron un respiro que los llenó de ilusión cuando el Juzgado número 17 de Madrid admitió a trámite la querella que presentaron y en la que acusaban a Elix Rental Housing de acoso inmobiliario. Esta acción marcó un hito en las luchas vecinales al tratarse de la primera vez en España en que unos vecinos se movilizan contra un fondo de inversión. La jueza María Isabel Garaizabal Ariza investiga si las actuaciones denunciadas por los residentes pudieron constituir una estrategia de presión para forzar el abandono de las viviendas, supuesto que podría encajar en el tipo penal de acoso inmobiliario.

El jueves 19 de febrero tendrán que pasar por el juzgado los representantes de Elix Rental Housing, un fondo inmobiliario propiedad de AltamarCAM Partners ―gestora de fondos de la que es presidente Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre―. Después, el proceso continuará el 3 de marzo, cuando se llevará a cabo la comparecencia como testigos del portero del edificio y del arquitecto Pablo García Bachiller.