Primer contacto de un fondo buitre con los vecinos a los que quiere echar: “Intentamos que no se vayan a la calle con el culo al aire”
EL PAÍS accede a una grabación que muestra cómo la compañía Elix, que ha comprado un inmueble en Lavapiés, trata de convencer a los vecinos de que abandonen sus viviendas antes de hacerse con el bloque
Parece una reunión de vecinos en el portal, pero no lo es. Es una visita muy especial. La conversación es amistosa, pero su contenido, no. En realidad, dos desconocidos, un hombre y una mujer, están comunicando a una parte de los vecinos del inmueble, con toda la amabilidad de la que son capaces, que lo mejor que pueden hacer es aceptar lo que les van a decir y buscarse casa en otro lado.
La escena tiene lugar en el número 7 de la calle de Tribulete, en Lavapiés (Madrid). Son las 9.45 del día 2 de febrero.
—Nos presentamos: soy trabajadora social y él es mi compañero Luis―, habla María José.
— Yo soy Luis, representante de Elix.
—Yo voy a ser la responsable de acompañar a las familias y queríamos hablar con cada uno de vosotros si puede ser y por lo menos brindar información...
Habrá un momento en el que Luis elevará el tono de su discurso porque nota que los vecinos están escépticos.
—Aquí les están vendiendo la milonga de que vamos a llegar con una sierra y un cuchillo a echar a la gente de sus casas y eso es mentira. Se les está notificando que no se van a renovar los contratos.
A estas palabras, uno de los vecinos tiene su respuesta: “Eso es echar a la gente de su casa”.
La conversación forma parte de una grabación a la que ha tenido acceso EL PAÍS en la que se escucha cómo dos representantes de la empresa inmobiliaria Elix Rental Housing tratan de convencer a los vecinos de un edificio de Lavapiés de que su mejor opción es salir de sus casas en las que viven de alquiler, algunos desde hace más de 40 años, antes de que los echen. Ese será el siguiente paso de la compañía para hacerse con el bloque de 54 viviendas y una estrategia que han seguido decenas de fondos de inversión en la capital. Acercarse a los vecinos y ofrecerles, de manera individual, un puñado de euros a cambio de que se marchen.
Fuentes de la compañía han reconocido a este diario que esa conversación se produjo porque, debido al “ruido mediático”, la empresa tomó la decisión de presentarse a los vecinos “como interesados en la compra del edificio” y “buscar soluciones acordadas que tengan en cuenta la situación específica de cada inquilino”. “Durante los más de 20 años de experiencia de Elix en este tipo de situaciones, siempre se han tenido en cuenta las necesidades de cada inquilino y se ha contribuido económicamente cuando tenía sentido como medida para buscar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas”, han señalado.
Después, como ha sucedido en otros de los bloques que ha adquirido Elix, reformarán el edificio, harán viviendas de lujo y sacarán al mercado de alquiler esos mismos hogares que hoy habitan Antolín, José, Luis o Blanca, al doble (como mínimo) del precio actual. Desde la empresa explican cuál es el siguiente paso para ellos: “En muchas ocasiones las reformas se han llevado a cabo con inquilinos dentro, es decir, sin necesidad de que dejen sus viviendas. En otras ocasiones se ha ayudado a inquilinos a buscar viviendas similares”. No han respondido si hay alguna forma de asegurarles que puedan seguir viviendo ahí después de la reforma.
Este fondo inmobiliario, que busca hacerse con otros dos bloques en Madrid ―uno más en Tetuán y otro en Ciudad Lineal― es propiedad de AltamarCAM Partners, cuyo presidente es Claudio Aguirre, primo de la expresidenta regional Esperanza Aguirre. Hace unos meses, envió su carta de presentación a unos 50 vecinos de la calle de Galileo, 22, en Chamberí: un burofax en el que se les advertía de que su contrato tenía fecha de caducidad.
Pero ahora ha cambiado de método. Y, en lugar de un burofax, envía a dos personas dispuestas a dar una lección de amabilidad.
Es posible que la situación en el inmueble de la calle de Tribulete, 7, en el corazón del barrio de Lavapiés, vaya a ser complicada. Este edificio se ha convertido en una trinchera contra la especulación inmobiliaria y los alquileres abusivos. Cuando se enteraron por la prensa de que la empresa planeaba adquirir el bloque, comenzaron a organizarse. Habían seguido de cerca el destino de otros vecinos del barrio y de otras zonas de Madrid, como los de la calle de Galileo. Hicieron asambleas, llamaron al Sindicato de Inquilinas y se plantaron. Llevan semanas preparándose. Fue entonces, el viernes 2 de febrero, cuando “el enemigo” tocó el timbre.
Y este “enemigo” utiliza otro tipo de mediadores. Ya no son hombres con traje. Ahora es gente que se ha curtido en los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que han frenado desahucios, es decir, que han estado antes del otro lado. Es el caso de María José, que se presenta como “trabajadora social” y buena conocedora de estas causas —la compañía ha confirmado a EL PAÍS que trabaja para ellos y que, “tiene un claro enfoque para encontrar la opción más adecuada en cada caso”—. Aunque llega con el mismo objetivo: limpiar el bloque de inquilinos incómodos. Cuando un vecino alerta de que lo que buscan es eso, ella responde:
—No deberías utilizar esos términos. Mira, yo he estado viviendo 30 años en Vallecas con mis padres, mi abuela ya estaba ahí y se acabó el contrato y tuve que salir. La historia de la vivienda en España no me la puedes contar, porque llevo 40 años viviendo esto. Puedes ver cuál es mi trayectoria y mi trayectoria no es de entrar como una niña que acaba de salir de la facultad, que empieza a dar pedagogía barata a la gente que me rodea, no es eso. Es el sistema. Es el sistema.
La visita de los de Elix buscaba ese viernes allanar el terreno a una adquisición final que se vota este martes 13 de febrero, según explican en la grabación. “La compra todavía no se ha producido. Estamos llevando a cabo el proceso normal de compra de un edificio, en donde antes de escriturar, se señaliza el edificio”, confirman fuentes de la empresa a EL PAÍS. Los enviados de la compañía aseguraban a los vecinos que habían abonado ya una parte de la cantidad total, en la grabación mencionan alrededor de un 20% o 30%. Uno de ellos lo deja más claro:
—Lo único que te digo: si podéis llegar a un acuerdo que os pueda llegar a interesar y vosotros mismos podéis aceptarlo, pues oye, ahí la empresa verá hasta qué punto llega, hasta qué punto es rentable y hasta qué punto salen todas las personas que estén involucradas ganando. Puedes decir: “Joder, me caduca mi alquiler en seis meses y me puedo llevar, por decir una cifra, 10.000 euros que me ayudan a encontrar otro contrato…”.
—Sí, para irte a otro sitio y que te cobren más el alquiler —, responde escéptico un miembro del sindicato que se unió más tarde a la conversación.
—Pues es una ayuda... —, apunta el representante de la empresa.
En la conversación, los vecinos piden que la negociación se haga de manera colectiva, porque temen que quieran dividir a los vecinos, aunque los enviados insisten en que así no sacarán nada. Por su parte, la empresa responde a este periódico: “Nuestra predisposición a considerar cada caso es total. Las circunstancias de cada inquilino son específicas y por eso requiere muchas veces de soluciones individualizadas”. Uno de los mediadores se lo explicó ese día a ellos:
—Nosotros lo que ofrecemos es una negociación individual con cada uno para ofrecer esa ayuda a las personas con base en la situación de esa persona y el contrato actual que tenga. El riesgo de una negociación colectiva es que al final no se consigue ni una cosa, ni la otra y que se acabe llegando a un punto muerto en el que esa salida de esa vivienda no sea tan fácil.
En el bloque, construido hace más de un siglo, viven 54 familias, cuatro de ellas con renta antigua, un privilegio para los contratos firmados entre 1950 y 1985 que ofrece beneficios como un congelamiento del alquiler o con un incremento mínimo, la posibilidad de heredar el contrato o el derecho de compra y alquiler preferentes. Dentro de este grupo se encuentra el matrimonio de Jose Santamaría, de 71 años, y Blanca Andreu Roca, de 65. Pagan menos de 300 euros de alquiler. Santamaría ha vivido aquí desde los dos años, la mujer desde 1981, tres años antes de casarse. Con el paso de los años han puesto el baño, la ducha, el suelo y la luz, ya que la vivienda no contaba con esos servicios. Otros reciben el ingreso mínimo vital, algunos ya están pagando más del 80% de sus ingresos en un alquiler de unos 400 euros que no encontrarán en otro piso dentro de la capital.
Los mediadores persisten: se tendrán que ir igual y con las manos vacías. “Usted no nos puede decir que nos vamos a la calle con el culo al aire”, dice airado un vecino. “No, estamos intentando que no se vayan a la calle con el culo al aire, de ahí que queramos sentarnos con vosotros a hablar”, responde uno de los intermediarios.
La próxima batalla de esta cruzada vecinal contra el fondo Elix sucederá este martes 13 de febrero, cuando está programada la firma para la ampliación de capital para la compra de tres bloques de Madrid, entre ellos el de Tribulete, 7. Los vecinos han preparado ese día una movilización desde Lavapiés hasta las oficinas de Elix en la calle de Serrano, 51, en el corazón del distrito de Salamanca.
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