Los pequeños propietarios de pisos turísticos, contra el Plan Reside de Almeida: “Somos gente normal alquilando para gente normal”

La escena de grandes grupos de turistas paseando con sus maletas por las calles de Tirso de Molina o Lavapiés se ha convertido en una estampa habitual para los vecinos. Algunos van a hoteles, otros a hostales, pero un número importante se dirige a pisos turísticos que reservan en aplicaciones como Airbnb. Lola Martín es propietaria de uno de ellos, ubicado en el centro de la capital. Lamenta que el Plan Reside, entre otras cosas, prohíbe que los alojamientos turísticos estén en edificios del centro de la capital en los que también vivan vecinos, lo que, asegura, “beneficia a los grandes propietarios y fondos buitres” que adquieren bloques enteros. “Han entregado la actividad turística a los edificios completos. A los pequeños propietarios nos sacan del mercado y agravan el problema de la vivienda, ya que estos fondos desalojan a un montón de vecinos. Están buscando una cabeza de turco que somos nosotros”.

Ana Pavón es propietaria de un piso turístico en el Distrito Latina y, al igual que Lola Martín, forma parte del colectivo VUT Madrid, que agrupa a pequeños propietarios y gestores de pisos turísticos. Pavón considera que el Plan Reside es “una norma que busca eliminar la competencia” y coincide con Martín al señalar al Ayuntamiento por “favorecer a los grandes tenedores”. “Somos gente normal alquilando para gente normal”, reivindica. Pero el Consistorio afirma que el objetivo no es eliminar los pisos turísticos, sino lograr que la actividad se lleve a cabo en edificios destinados exclusivamente para el alquiler turístico. También insisten en que este plan busca proteger la vivienda residencial, a los vecinos y fomentar el alquiler de larga estancia, así como ordenar los pisos turísticos.

Según el Plan Reside, que entró en vigor el pasado 4 de septiembre tras su aprobación en un pleno extraordinario con los votos favorables del PP, con mayoría absoluta, aquellos pisos que no se ajusten a la nueva normativa recibirán una orden de cierre inmediato. En caso de no ejecutarla, se enfrentan a una primera multa de 30.000 euros, que se duplica en el caso de continuar con la actividad y alcanza los 100.000 si persisten.

Para los pisos turísticos ubicados fuera del Distrito Centro, la nueva normativa decreta que solo se otorgará licencia a aquellos que cuenten con un acceso independiente en la planta baja o el primer piso. Pavón lamenta que el Consistorio “ha cambiado las normas a mitad de partido”, y asegura que el descenso de 2.662 pisos turísticos desde julio -anunciado por el Ayuntamiento el 11 de noviembre y basado en un estudio de la plataforma Inside Airbnb (que recoge el número de anuncios en dicha web)-, se debe al hartazgo de los propietarios. Fuentes del área de Urbanismo indican que el descenso corresponde a pisos ilegales que no contaban con autorización.

“Lo estamos pasando muy mal con el tema de las multas. El Ayuntamiento saca pecho como si estuviera haciendo algo bueno, pero es una expropiación. Están llevando a la ruina a los propietarios solamente por alquilar su casa”, asegura Pavón antes de exponer la que, a su juicio, es la verdadera razón del descenso anunciado por el Consistorio: “Los anuncios que se han eliminado son de gente que está indefensa y se siente perseguida. Me prohíben la actividad a mí, que soy madre de familia y mi economía depende de esto, para que los fondos buitre hagan negocio con edificios enteros”.

Lo que el Ejecutivo municipal presenta como un blindaje para la vivienda residencial y los vecinos, tampoco parece contentar a estos últimos. Luis Miguel García, de 70 años, es vecino de Lavapiés y regenta El zapato de Oro. Desde su pequeño negocio ha sido testigo de cómo se ha transformado el barrio en los últimos 50 años. “Familias enteras se han ido de aquí. Por la gentrificación y el turismo, a la gente que tenga pisos [para alquilar] les irá muy bien”, comenta. Pero subraya un efecto colateral: “Los locales comerciales de toda la vida han ido desapareciendo porque un piso turístico es mejor negocio”.

García cuenta que su negocio ha resistido porque se ha sabido adaptar. No ocurrió lo mismo con los que ya desaparecieron y que él recuerda con exactitud hace tiempo en la calle del Sombrerete: una fábrica de caramelos, una chatarrería, una colchonería, una tienda de carne de caballo, una tienda de ultramarinos, otra de máquinas de coser, una alfarería, un zapatero remendón, una panadería y una bodega que vendía vino en tinajas. Ahora proliferan las peluquerías, las fruterías y los locutorios. “Están esparcidos como setas”, anota.

Coincide con él otra vecina de Lavapiés, propietaria de un negocio en el barrio que prefiere mantener el anonimato. Desde detrás del mostrador asegura que más de la mitad de la gente que camina por la zona son turistas, antes de apuntar hacia las políticas municipales: “Tengo vecinos que alquilan su casa por Airbnb y se sienten culpables. Si solo lo hicieran los vecinos que necesitan el dinero o no encuentran trabajo, pero no hubiera fondos buitre, creo que no sería un problema. Se permite que los poderosos se hagan con el negocio y luego empiezan a prohibir, pero en realidad perjudican a los que sobreviven con esto”.

Esta situación se extiende hacia otras zonas de la capital como el barrio de Vallecas. Carmen regenta un herbolario desde hace 40 años y recuerda la frase que le escuchó, no hace mucho, a uno de sus clientes: “Me tengo que ir de mi casa porque van a vender todo el bloque para hacer apartamentos turísticos”. Carmen aboga por mantener la esencia de Vallecas, aunque lo ve complicado por la gentrificación. “Me gustaría mantener la integridad y las características que había antes en Vallecas. Los turistas no vienen a comprar las cosas habituales, ni al cristalero ni al herbolario. Eso hace que cierren los negocios. Los turistas están de paso”.

El Plan Reside también ha encontrado oposición en el Palacio de Cibeles. El PSOE presentó un recurso contra el mismo que fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) el pasado 17 de octubre. Los socialistas coinciden con vecinos y pequeños propietarios al señalarlo como “un instrumento para favorecer el negocio de grandes inversores, que puedan financiar la transformación de casi cualquier edificio residencial en toda la ciudad de Madrid, favoreciendo la expulsión de sus residentes actuales”.

A este recurso se suma el presentado por Más Madrid el pasado 3 de noviembre ante la sala de lo contencioso del TJSM por un Plan Reside que el portavoz en funciones del grupo, Eduardo Rubiño, ha renombrado como “Plan Expulsa” porque, a su juicio, “despliega una alfombra roja a los fondos buitre y solo pretende vaciar el centro de la ciudad para convertirlo en un hotel gigante”.

El ruido y la convivencia, por ejemplo, son algunas de las quejas más frecuentes. Lola Martín y Ana Pavón, como propietarias de pisos turísticos, afirman que no han tenido problemas con los vecinos por alquilar las viviendas, pues han fijado normas estrictas para que los turistas respeten el espacio y no causen incomodidad. En el caso de no cumplirlas, aseguran, se van a la calle. Maripaz Barosen, gestora de pisos turísticos y también miembro de VUT Madrid, asegura que la situación le ha obligado a buscarse un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes, y advierte: “La gente no se da cuenta de que echan al inquilino, transforman el edificio entero, pero ese edificio nunca va a volver a ser vivienda”.