Los pequeños propietarios de pisos turísticos también protestan en Madrid

Los dueños de pisos turísticos también protestan. Aunque poco. Unas 30 personas se concentraron el martes frente al Ayuntamiento de Madrid para exigir que José Luis Martínez-Almeida levante el pie y flexibilice los requisitos para poder seguir operando. Representaban a los dueños de unas 5.000 viviendas, casi todas en el centro de Madrid. Todos ellos son usuarios de las plataformas Airbnb y Booking y todos ellos se consideran “empresarios” que invirtieron sus ahorros en un proyecto legal (comprar un piso y explotarlo turísticamente) que ahora ha entrado en la ilegalidad.

Según los convocantes -la asociación Madrid Aloja y la Plataforma de pisos turísticos- la clase política y la opinión pública ha satanizado un sector que contribuye a dejar dinero en la ciudad, que paga sus impuestos en España y que ayuda al crecimiento de “un turismo familiar y de clase media”, que no puede pagar dos o tres habitaciones en un hotel en el centro en el Madrid de la abundancia. Su reproche fundamental es que están pagando un pato del que no son culpables. “Se nos confunde con los fondos buitre o las inmobiliarias que mueven cientos de apartamentos”, señala Javier Flores, abogado de la plataforma. El argumento de los dueños es que a mitad del partido les cambiaron las reglas y son la cabeza de turco de un problema, el déficit de vivienda, en el que ellos representan el 1% del casi 1′5 millones de viviendas que hay en Madrid. Cuando comenzaron a operar, en la época de Manuela Carmena, solo se exigía una declaración responsable de la Comunidad de Madrid y sus intentos por acotar el fenómeno se encontraron con el voto en contra de Martínez-Almeida.

Hace cuatro meses, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una normativa sobre los pisos turísticos a medio camino entre la prohibición que pedía la izquierda y la liberalización total que exigía la derecha a su derecha. El PP eligió no clausurar la actividad de los pisos, pero exige desde entonces una licencia de actividades y aumentó la cuantía de las multas y el número de inspectores. La madre del cordero y el requisito que ha herido de muerte a este negocio es que para conseguir una licencia, las viviendas deben tener un acceso independiente a la calle. Se trata de un requisito imposible de cumplir para la gran mayoría de propietarios, por lo que, a partir de ahí, “los dueños tienen dos caminos: la selva, es decir, seguir alquilando de forma clandestina exponiéndose a las multas o dar la batalla legal que es difícil de costear”, señala el abogado.

Entre los que protestaron este martes, está Juan Bujosa dueño de un apartamento en la Puerta del Sol. Actualmente, está en paro, pero la indemnización de su último trabajo la invirtió en comprar un piso que gracias al turismo, le deja más de 4.000 euros cada mes. “La gran mayoría somos pequeños propietarios con una o dos viviendas como máximo. Si queremos seguir operando, nos arriesgamos a una multa de 30.000 euros; la segunda, 60.000; y la tercera, de 100.000 euros. Me expongo a 190.000 euros de multa por seguir funcionando como he hecho hasta ahora”, dice frente al ayuntamiento.

Entre los dueños de pisos turísticos, que gritaban: “Almeida, Carmena… no somos el problema”, o llevaban pancartas con frases como: “las viviendas turísticas pagan impuestos en España”, había uno recibió un piso en herencia, otro lo compró con sus ahorros, otro que pidió un crédito y otro que se asoció con amigos para sumarse a un negocio que ha crecido vertiginosamente. Todos ellos se metieron a explotar viviendas de su propiedad y ahora reprochan al alcalde que ha respondido de forma muy parecida a como hizo con Madrid Central. O sea, primero rechazo frontal, explotación electoral del asunto y una vez en el poder, cambiar el discurso y apropiarse de la idea antes demonizada.

Francisco González, de 58 años, tiene dos pisos en Malasaña y no está de acuerdo con la etiqueta de que ellos han destrozado los barrios. “Ha pasado todo lo contrario”, explica, “la llegada de familias y gente joven ha logrado que se abran tiendas, supermercados y lugares de ocio en calles que estaban abandonadas o sucias o llenas de drogadictos y que ahora son calles paseables donde se abren nuevos comercios”. Según González, la norma que les obliga a tener un acceso independiente “es una medida diseñada especialmente para favorecer a los grandes propietarios como la Casa de Alba o los fondos buitre, que tiene posibilidad de hacerse con edificios enteros. Al Ayuntamiento quiere pocos propietarios con muchos pisos y el lobby de los hoteleros también parte del pastel que ahora les estamos robando. Ellos son la mano que mueve todo esto de fondo”, dice.

Según una investigación de La Sexta emitida este verano, el mercado vacacional en Madrid está concentrado en unas pocas manos, y un 20% de propietarios en Airbnb controla más de un 50% del mercado, revelaba la investigación que citaba al sociólogo Javier Gil. Actualmente, en Madrid hay casi 15.000 viviendas turísticas, pero menos de mil tienen licencia municipal y unas 150 están en trámite. Los estudios señalan que “salvo excepciones, la incorporación de las viviendas en régimen turístico al mercado de alquiler tradicional no supondría un incremento relevante de la oferta”, detalla un análisis del Observatorio del Alquiler, impulsado por la compañía Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. El estudio también deja claro que las excepciones se concentran en lugares donde hay mucha tensión en el mercado de arrendamiento. En el distrito Centro de Madrid, por ejemplo, añadiría un 24% de oferta al mercado convencional.

Sin embargo, entre los dueños de pisos turísticos, insisten en que son el eslabón fácil de una crisis de vivienda que los ha puesto en el punto de mira. “En Madrid hay un déficit de 100.000 viviendas y nosotros representamos a unos 5.000 propietarios, no somos ni mucho menos el problema, pero somos el eslabón fácil. Por la razón que sea, las administraciones no han logrado resolver el problema de la vivienda. No se construye vivienda social ni se tocan las 300.000 viviendas vacías que hay en Madrid. Sin embargo, van contra nosotros y el pequeño patrimonio que tenemos”, explica Bujosa. Otro de los reproches al Ayuntamiento es el doble discurso que maneja. Mientras se persigue a los pequeños propietarios se permite que haya fondos de inversión con más de cien pisos en Malasaña o se apoya operaciones como la de Princesa 22 y 24, dos edificios propiedad de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, XIX duque de Alba que podrán unirse para la construcción de 66 nuevas viviendas turísticas. La construcción contará, por su puesto, con un acceso independiente a la calle, un lujo impensable para los 30 dueños que protestaron este martes, pero al alcance de la casa de Alba.