Almeida dejará de dar licencias para pisos turísticos en Madrid, donde solo el 7% son legales

El Ayuntamiento de Madrid suspende el otorgamiento de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en su regreso al trabajo tras su boda, este jueves en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. En su comparecencia, ha confirmado que la suspensión “tendrá efectos inmediatos”. “A partir de este momento no se concederán licencias por parte del Ayuntamiento mientras dure el proceso de la elaboración, tramitación y aprobación del plan general para abordar este fenómeno”, ha señalado el regidor. Aunque se esperaba que el Consistorio hiciera público el borrador de la nueva norma este mes, como había dicho el alcalde en reiteradas ocasiones, el calendario ha cambiado. Ahora, se prevé que la nueva norma no esté lista sino hasta 2025.

El Plan Especial de Pisos Turísticos que rige actualmente en Madrid, formulado por la exalcaldesa Manuela Carmena, será reemplazado por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, entre otras cosas, reglamentará los VUT. El Ayuntamiento prevé aprobarlo inicialmente en septiembre en Junta de Gobierno, luego ese documento se someterá a información pública y, después, se resolverán las alegaciones que puedan presentar los ciudadanos. El Delegado de Urbanismo, Borja Carabante, calcula que la modificación se lleve al pleno en el primer trimestre de 2025 para su visto bueno. “Pero, al tratarse de una modificación del plan general, requiere de una aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid que tiene un plazo de cuatro meses”, ha agregado Carabante. Al final, la nueva norma llegaría en el primer semestre de 2025. Madrid Aloja, la asociación de gestores de 4.500 VUT en la ciudad, ha criticado los plazos. “Esta decisión nos sorprende ya que desde febrero el Ayuntamiento ha manifestado que la regulación se iba a publicar en las próximas semanas, posponiéndose constantemente dicha publicación”, ha afirmado Madrid Aloja en un comunicado.

Se desconoce cuántos pisos turísticos hay, oficialmente, en la capital. El INE apunta a una cifra cercana a los 14.000, mientras que la plataforma Inside Airbnb proyecta más de 24.000. El delegado Carabante los ha cifrado este jueves en 13.502 VUT y ha añadido que solo 941 tienen licencia urbanística. Es decir, solo un 7% son legales, al menos según los datos del Ayuntamiento de Madrid. “Esas son las únicas que pueden prestar servicio”, ha dicho Carabante.

Para hacer frente a este fenómeno, que ha colmado la paciencia de las comunidades de vecinos y ha sido un tema bandera de los partidos de oposición, Almeida ha anunciado un paquete de medidas. Además de la suspensión de nuevas licencias, habrá un “endurecimiento de sanciones” a las VUT que no cumplan con la norma. Actualmente, según ha dicho Almeida, hay sanciones por 1.000, 2.000 y 3.000 euros, que pasarán a ser de 30.000, 60.000 y 100.000 euros. “Pretendemos que tengan un efecto disuasorio y que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de VUT”, ha afirmado el alcalde. El Ayuntamiento, en una nota de prensa, asegura que “a partir de ahora” se sancionará bajo el amparo de la Ley de Suelo, que “permite” subir el importe de las multas. Sin embargo, la realidad es que desde 2023 ya se aplican sanciones desde 30.000 euros. La Agencia de Actividades, en su informe de gestión, reporta que “se han impuesto 113 sanciones de multa por importe de 30.001 euros” aplicando la Ley Suelo. De estas, 38 sanciones tuvieron una reducción del 40% o 20% por pronto pago y reconocimiento de la actividad.

Otra medida será un aumento de la plantilla de inspectores en un 15%. De acuerdo con el Ayuntamiento, la Agencia de Actividades tiene 65 inspectores, por lo que ahora serían 75. Sin embargo, el Consistorio omite que esos inspectores no solo atienden pisos turísticos, sino todo tipo de asuntos urbanísticos. Recientemente, Urbanismo ha anunciado que la agencia tendrá “siete líneas de actuación preferentes”, entre las que están el control de VUT, de locales y establecimientos de ocio nocturno, de locales de espectáculos públicos y actividades recreativas y de ruido, entre otros. La oposición ha criticado que el PP madrileño ha encarrilado al fracaso la ley vigente desde 2019 de pisos turísticos al reducir la plantilla de inspectores con dedicación exclusiva a controlar VUT. La inspección, denuncia la oposición, está sobrepasada. La Agencia de Actividades, en 2023, solo detectó 478 viviendas dedicadas al uso turístico, de las más de 13.000 que el Ayuntamiento calcula que existen. Al final, el año pasado apenas se consiguió que 243 VUT ilegales volvieran a ser viviendas de uso residencial.

La última medida anunciada por Almeida será la publicación de las direcciones de VUT que sí cumplen con la norma para que los turistas que quieran usar uno de estos pisos sepan si son legales o no.

“Es una tomadura de pelo”

Hay escepticismo en varios sectores con respecto a las medidas anunciadas por el Ayuntamiento. Madrid Aloja, por ejemplo, ha calificado el plan de acción como “ineficaz” y asegura que retrasa “una respuesta justa y efectiva sobre la revisión de la regulación del sector”.

La oposición tampoco celebra. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha dicho que se trata de “propaganda”. “Da igual que no se concedan nuevas licencias, porque el 99% de pisos turísticos funcionan sin licencia. La verdadera pregunta es cuándo Almeida piensa cerrarlos”, ha agregado Maestre en declaraciones a medios de comunicaciones. Más Madrid matiza que, realmente, solo hay 277 licencias de funcionamiento efectivas de VUT, según cifras de la Agencia de Actividad.

El portavoz de Urbanismo del PSOE, Antonio Giraldo, advierte de que el problema está en las VUT ilegales. “Lo que tendría que haber anunciado Almeida es que inicia una campaña masiva de inspecciones contra todas las VUT ilegales que existen. Con aumentar un 15% [el personal de inspección] no se hace nada”, critica Giraldo. En contraste con los 65 inspectores de los que habla el Ayuntamiento, el PSOE asegura que hay solo 17 con titulación técnica para ejercer como inspectores urbanísticos a partir de información de la Agencia de Actividades y del portal de contratación. “El ritmo de apertura de VUT es mucho mayor que el de cierre. Esto va condenado al fracaso”, agrega. El portavoz, además, teme que al suspender el otorgamiento de licencias, los particulares decidan simplemente ofrecer pisos turísticos en las plataformas sin más.

Las organizaciones vecinales han valorado los anuncios como “una tomadura de pelo” o “un brindis al sol”. Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Afectados por las Viviendas Turísticas, una iniciativa vecinal, asegura que no es una novedad la suspensión de nuevas licencias. “Dice que no va a dar licencias. Pero es que, como está la norma, no las puede dar en la práctica”, advierte Rey. El coordinador alega que el Plan Especial de Carmena, entre otras cosas, solo permite que se den licencias a pisos con acceso independiente, un requisito que en la práctica no cumple casi ninguna VUT.

Rey ha confirmado que las organizaciones vecinales “en pie de guerra contra los pisos turísticos” estarán al tanto del borrador de la norma y que presentarán alegaciones si es necesario. Advierte de que las reglas deben aplicar no solo para el interior de la M-30, sino para todo Madrid. En el barrio vallecano de San Diego, por ejemplo, ya hay más de 250 anuncios de Airbnb, según Inside Airbnb. El coordinador recuerda, además, que la falta de inspectores ha terminado en que los propios vecinos hayan creado una oficina de asesoramiento urbanístico y jurídico para actuar con las VUT ilegales. La primera oficina en Lavapiés ha atendido a más de 460 personas y esta semana ha abierto una segunda sede en Arganzuela.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) ya había pedido al Ayuntamiento “mayor ambición” a la hora de redactar las nuevas normas de pisos turísticos. Exigen, por ejemplo, que para abrir una VUT, el anfitrión tenga la autorización de la comunidad de vecinos, algo mucho más exigente que la norma actual de propiedad horizontal. También pide control a las declaraciones responsables, el incremento de los servicios de inspección y que la Comunidad abra una oficina de quejas para atender a los afectados.

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