Una política para los pisos turísticos

El anuncio de que Barcelona se dispone a cerrar todos los pisos turísticos en el horizonte de 2028 ha puesto encima de la mesa un debate que trasciende el del modelo turístico que necesita España y alcanza de lleno a uno de los grandes problemas del país: la carestía de la vivienda. Con una aportación de más del 12% al PIB nacional, el turismo es un sector clave para la economía y para la vida de millones de españoles, y tiene que seguir siéndolo. Sin embargo, los inconvenientes que se derivan de esta industria deben abordarse con determinación para evitar que el perjuicio final sea mayor que el beneficio inmediato.

Dado el impacto que tienen en la disponibilidad y en el precio de la vivienda, la regulación estricta e incluso la prohibición de los pisos turísticos en determinadas circunstancias deben formar parte de este debate. En Barcelona y en otras ciudades —desde Ibiza hasta Málaga—, el fenómeno se ha hecho insostenible, con expulsiones masivas de inquilinos que están desfigurando el centro de las ciudades, aniquilando cualquier actividad que no sea puramente turística y afectando severamente a la vida de los vecinos que resisten.

El Ministerio de Vivienda ha convocado para esta semana a los ayuntamientos porque cada autonomía y cada ciudad aborda de manera diferente un fenómeno que ha alcanzado un volumen desorbitado al calor de las plataformas digitales, que permiten poner viviendas a disposición de los turistas con escasos controles por parte de la Administración. La prioridad es analizar si los 10.000 pisos turísticos que funcionan legalmente en Barcelona, los 16.000 de Madrid o los 11.000 de Málaga lo hacen siguiendo la normativa. Los expertos señalan como problema no solo la amplia variedad de regulaciones, sino, sobre todo, la falta de iniciativa de la mayor parte de administraciones para inspeccionar y, en su caso, multar a los incumplidores. Que el año pasado en Madrid solo se impusieran 86 sanciones ilustra bien el escaso ímpetu fiscalizador. El propio Ayuntamiento ha calculado, además, que el 92% de este tipo de apartamentos operan sin licencia.

La regulación de los pisos turísticos tendrá que ser forzosamente asimétrica teniendo en cuenta que lo que es un grave problema en muchas urbes y zonas costeras puede ser un factor de progreso económico y social en zonas rurales de la España vacía, donde el alquiler de antiguas casas deshabitadas puede contribuir a fijar población y a generar riqueza. Cosa bien distinta es, sin embargo, la transformación masiva de viviendas en pisos de uso turístico en ciudades que terminan expulsando a sus propios habitantes.

Es a esto a lo que Barcelona ha dicho basta amparándose en un decreto de la Generalitat que da cinco años a los municipios para que regulen si quieren o no tener pisos turísticos y, en su caso, fijen las condiciones. La medida dará lugar a una disputa legal entre los concesionarios de licencias y el Ayuntamiento, pero en la capital catalana la emergencia habitacional es tal que el malestar con ese tipo de apartamentos amenaza con derivar en turismofobia. Evitarlo está en manos de las administraciones. Para ello debe quedar claro que los turistas deben alojarse principalmente en establecimientos de hostelería, ya sean hoteles convencionales, apartahoteles o pensiones. Las viviendas tienen que ser, por regla general, espacios en los que vivir. Solo así, evitando la competencia entre visitantes y locales, se podrá mantener un equilibrio entre la necesaria actividad turística y la calidad de vida de los ciudadanos.