Maricarmen celebra la suspensión temporal de su desahucio y encara a Almeida: “Yo sí tengo vergüenza, a otros les falta mucha”

“Maricarmen se queda”, “Maricarmen no se va”. Decenas de personas gritan frente al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el céntrico barrio madrileño de Retiro. María del Carmen Abascal, de 87 años, aplaude, se sienta y apunta los micrófonos de los periodistas hacia ella: “De todo corazón, les agradezco”. Así ha comenzado la rueda de prensa en la mañana de este miércoles. Inicialmente, a esa misma hora, la mujer iba a enfrentar un primer intento de desahucio tras 70 años viviendo en su casa, pero el juzgado suspendió el mismo ante la falta de una solución habitacional por parte de las administraciones.

También le ha respondido al alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien en declaraciones a medios aseguró el martes que “no le consta” que la mujer haya acudido a los servicios sociales para pedir ayuda, pese a que ya lo hizo antes de recibir una orden de expulsión de su actual casero, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. “Estoy seguro de que ante una situación de estas características, con 87 años y más de 60 en esa vivienda, nuestros servicios sociales sabrán darle la orientación y los recursos necesarios para poder sobrellevar una situación de estas características”, aseguró el regidor. Pero Maricarmen le ha pedido “respetar a los ciudadanos” y lo ha encarado: “Yo sí tengo vergüenza y a otros les falta mucha, y que lo coja el señor Almeida por donde le interese. Un señor alcalde que representa a los ciudadanos de Madrid jamás debería ser tan impertinente de decir las cosas que dice”.

Maricarmen ha dicho que se siente más alegre porque, aunque no fue lo que esperaba, al menos tiene ”un margen de tiempo” para prepararse y “seguir luchando”. “No me voy a quedar sin hacer nada porque mi intención desde un principio ha sido quedarme en mi casa”.

“Mi casa es mi vida”, ha insistido Maricarmen, al tiempo que ha pedido a quienes se encuentren en su misma situación que “no se acobarden” y que “salgan a la calle” para defender sus derechos. “Tenemos viviendas, las tenemos que defender. Y el señor que quiera especular, que busque otra manera”, ha apuntado. Y aunque ha celebrado que el juzgado haya suspendido el primer intento de desahucio, comenta que se trata de “una pequeña victoria” y apenas “un parche” que todavía no resuelve de fondo su situación.

Beatriz Duroa, abogada del caso, ha explicado que solicitaron la suspensión del desahucio en base al Real Decreto 11/2020, con el que se adoptaron medidas sociales y económicas para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, el juzgado considera que Maricarmen no se puede acoger por tres motivos. “El primero es que esta ley solo se puede aplicar a aquellos contratos que se hayan suscrito de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Como el de Maricarmen es muy anterior a la LAU ―es un contrato de renta antigua de 1956―, dice que no procede a aplicarlo”, ha detallado Duroa. En segundo lugar, el juzgado anota que el importe de la renta más los gastos de suministros no supera el 35% de los ingresos que ella percibe ―cobra una pensión de 1.450 euros y paga 470 por el alquiler―. Sobre este punto, la defensa dice que no es cierto y que lo va a demostrar en el recurso que están preparando. ”En tercer lugar, que también es preocupante y muestra de la ineficiencia de las leyes, es porque este Real Decreto salió como consecuencia de la situación del covid. Dice que la situación de vulnerabilidad económica tiene que ser como consecuencia de la pandemia. Como Maricarmen es pensionista desde hace 25 años, su situación económica no depende ni ha dependido del covid, sino es que es anterior”, ha continuado la abogada.

Por esos motivos, el juzgado ha desestimado la petición de moratoria hecha por la defensa de Maricarmen. Sin embargo, sobre la suspensión temporal del desahucio, la abogada ha aclarado que se da porque hay un uniforme de Servicios Sociales que dice que Maricarmen se encuentra en una situación de vulnerabilidad. “Lo que prevé la ley en estos casos es la suspensión por un periodo de cuatro meses para que las administraciones públicas doten de alternativa habitacional y den una solución”, ha comentado Duroa.

Maricarmen celebra, por ahora, que seguirá en su vivienda, pero no tiene certeza de cuánto tiempo podrá estar tranquila. Su abogada ha reconocido que la presión social y la difusión mediática han influido en que el primer intento de desahucio no se haya ejecutado, pero teme que en cualquier momento llegue una segunda notificación.