Un centenar de vecinos de Vallecas podrían quedarse en la calle por la venta de sus pisos sociales a un fondo de inversión

Dos nuevas promociones de viviendas sociales que pasan al mercado libre. Más de un centenar de vecinos que en algún momento tuvieron la seguridad de un techo asequible y que pronto podrían quedarse sin casa. Los inquilinos de dos bloques ubicados en el barrio Ensanche de Vallecas, del distrito Villa de Vallecas, se han unido para denunciar la “silenciosa” operación de desahucios que han comenzado a vivir ― como adelantaba la Cadena SER y ha confirmado este diario― luego de que la Fundación la Caixa vendiera a un fondo de inversión estas propiedades que se destinaban a alquileres sociales de entre 400 y 600 euros.

La receta no es nueva. “Se trata de expulsarnos a costa de la especulación”, asegura David Jiménez, un vecino de 55 años que lleva 18 viviendo en uno de los pisos que tienen estos bloques. David se mudó en 2007 junto con su hijo de siete años, justo después de que el programa de la Obra Social de la Caixa inaugurara estas dos promociones en Vallecas, ubicadas en las calles de Mazaterón 8-10 y en la de Fresno de Cantespino 1-3, para darle alojamiento a menores de 35 años y mayores de 65 con dificultades para acceder a una vivienda.

“Para que te dieran uno de los pisos había que ajustarse a unos requisitos, tener una renta máxima”, comenta David, que paga actualmente unos 400 euros por el suyo y que tiene una cardiopatía por la que se le ha reconocido un 49% de incapacidad. Poco a poco fueron llegando vecinos como él a los 220 pisos idénticos con los que cuentan estos dos bloques: 45 metros cuadrados, una habitación, materiales de bajo coste y un diseño funcional. “La Fundación nunca nos había puesto dificultades para renovar los contratos”, comenta.

Hasta que en 2022 comenzaron a negarse a hacerlo con los que se iban venciendo. “Esto viene sucediendo desde hace tiempo, pero eran desahucios invisibles porque el resto de vecinos no nos enterábamos del que se iba porque no le habían extendido el contrato”, explica María Díaz, otra de las vecinas afectadas. La situación empezó a ser clamorosa cuando en agosto de este año a todos los vecinos les llegó una carta firmada por InmoCaixa, la inmobiliaria que gestionaba los pisos, para comunicarles que no renovarían los contratos que se fueran venciendo de ahí en adelante. No dieron ninguna explicación, ningún detalle.

Un portavoz de la Fundación responde: “Esta es una promoción cuyo término de VPO había vencido y, por tanto, había pasado al mercado libre. A los inquilinos se les notifica siempre en tiempo y forma, y cumpliendo siempre con las condiciones de los contratos que han firmado ambas partes”. Agrega que, si bien trabajaron durante décadas para facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, en los últimos años, han “reorientado sus líneas de actuación estratégica, centrando los esfuerzos en programas sociales” como el empleo, la pobreza infantil, el acompañamiento a mayores o la atención a personas con enfermedades avanzadas.

Una nueva carta

En octubre, los vecinos han comenzado a recibir otra carta, en este caso de parte de la empresa a la que la Fundación vendió los pisos, Mosaic Propco S.L.U., para informarles que los contratos ahora dependen de ella. Con esta noticia, los vecinos tienen menos esperanzas aún de que puedan renovar y muchos de ellos creen que lo que ha hecho la Fundación es subrogar los contratos a otra empresa para no cargar con la mala imagen de haber roto aquel compromiso con la vivienda.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha unido a estos inquilinos en su lucha: “Tras recibir subvenciones y desgravaciones para construir la Obra Social, Caixabank ahora sigue persiguiendo aumentar sus beneficios a través de la especulación con la venta de la misma. Mientras utiliza su lucha por la pobreza o por la infancia a través de su fundación como lavado de imagen, amenaza con desahuciar a cientos de familias con menores, gente mayor y con pocos recursos”.

Los vecinos calculan que son unos 110 los que aún poseen un contrato de los tiempos de InmoCaixa. Al menos cuatro de ellos tienen una “urgencia habitacional” y a otros 40 se les vence en los próximos meses. David está entre los primeros, ya que su contrato fue de aquellos “silenciosos” que caducó en 2022 y le negaron la prórroga. Su caso, cuenta, llegó a los tribunales, que le dieron la razón en un primer momento al considerar que la Fundación había actuado de mala fe al no extenderlo, pero esta resolución fue recurrida y aún se encuentra en proceso. “Sigo pagando mi alquiler y mis cuentas todos los meses. Nunca me han devuelto un recibo ni han dicho nada más, es una situación extraña”, dice el vecino, que teme que por su situación sea él el próximo en ser expulsado definitivamente.

A María el contrato se le vence en abril de 2026, cuando se cumplan 12 años residiendo en ese piso, pero dice que hay gente que lleva incluso más tiempo y a los que les hicieron promesas falsas. “Hay una planta entera, la primera, destinada a los mayores y a ellos les vendieron que nunca se iban a ir mientras ellos no lo quisieran”, aclara.

Según informa la Fundación a este diario, en los casos en los que hay vulnerabilidad acreditada “se actúa siempre de la mano y de forma coordinada con la Administración para buscar alternativas residenciales”, pero los vecinos aseguran que hasta el momento a ninguno de ellos le han dado una solución.

“Nos parece raro que si los pisos ya no son de la Fundación ellos sigan diciendo que nos van a ofrecer una alternativa. Eso solo refuerza la idea de que el nuevo propietario es una empresa pantalla para esconder la especulación”, sentencia David. Los vecinos denuncian que en ambos edificios ya hay viviendas de alquiler de temporada que se rentan por 1.100 euros aproximadamente, dos y tres veces lo que cuesta un alquiler social. También les llama la atención que haya algunas en venta por valores que rondan los 250.000 euros, a pesar de que son “viviendas muy modestas y sin plaza de garaje”.

“Desgraciadamente, esta situación no es nueva porque en Madrid, donde gobierna Almeida a golpe de un urbanismo que está al servicio de los especuladores”, se queja Eduardo Rubiño, concejal de Más Madrid. “El alcalde trabaja por una ciudad para los ricos, para los turistas, pero la emergencia habitacional que sufre la gente trabajadora le da exactamente igual”.

Más Madrid se ha reunido con los vecinos y ha acordado llevar al pleno de Villa de Vallecas de este martes una proposición en la que instará a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a negociar con los actuales propietarios para adquirir estas viviendas e incluirlas en el parque público de alquiler asequible. Además, reclamarán que durante la operación se paralice el desalojo de los vecinos a los que se les termine su contrato y que los servicios sociales de la Junta de distrito atienda a los que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.