El falso síndrome de alienación parental se sienta en el banquillo en Bilbao

Irune Costumero, la madre a la que los servicios sociales de la Diputación de Bizkaia le arrancaron a su hija de los brazos en agosto de 2017, sin conocimiento del juez, está nerviosa. Casi cuatro años después de aquel suceso va a reencontrarse, pero esta vez sentados en el banquillo, con quienes firmaron aquella orden. Tres funcionarias y un funcionario del servicio de menores de la institución foral que se enfrentan a acusaciones de prevaricación, maltrato y lesiones psíquicas hacia esta mujer y la niña. “El reencuentro que deseo es el definitivo con mi hija”, asegura Costumero en Bilbao en vísperas de la celebración de la vista. La sala deberá analizar si el síndrome de alienación parental (abreviado como SAP), al que los imputados apelaron para adoptar aquella decisión, es, como afirma la magistrada que les ha imputado, “otra forma de violencia contra la mujer”.

Este supuesto síndrome consiste en negar la veracidad de lo que declara un menor inmerso en un contencioso judicial entre sus progenitores con el argumento de que uno de ellos, generalmente el que tiene la custodia (la mayoría de las veces, la madre), le convence para que declare en contra del otro, incluso a mentir después de lo que podría considerarse un lavado de cerebro, informa Emilio de Benito.

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El juzgado de Instrucción 9 de Bilbao que dio lugar al proceso que se inicia este lunes y se prolongará hasta el miércoles en la sala segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia, argumenta en su auto que las personas imputadas decidieron “de manera arbitraria, injusta y en contra de la ley dictar una resolución administrativa para privar de la custodia de su hija a la madre, utilizando motivos inexistentes con un procedimiento ilegítimo y en contra de la jurisprudencia de los tribunales”. Los funcionarios ejecutaron una orden interna que concluía el régimen de custodia compartida dictado por un juez sin consulta previa con el mismo, por lo que se solicita para ellos cinco años, ocho meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Uno de aquellos funcionarios es ahora el máximo responsable del departamento de Acción Social de la Diputación, Sergio Murillo.

A Costumero la citaron los servicios sociales de la Diputación el 4 de agosto de 2017 en un edificio público y varios policías uniformados que la esperaban, le arrancaron a su hija de los brazos en medio de los gritos de ambas. Desde entonces la custodia la ejerce el padre y las visitas de la mujer a su hija se desarrollan bajo vigilancia.

El caso ha generado a su alrededor toda una ola de protestas que ha llegado al Congreso de los Diputados, al Parlamento Vasco y al de Bizkaia, además de a la ONU. Todos ellos han adoptado acuerdos para eliminar lo que consideran “inexistente”, el SAP, también cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial y la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho será perseguido por la Ley de Protección a la Infancia aprobada en las Cortes el 20 de mayo pasado, al considerar que menoscaba la credibilidad de las madres volviendo hacia ellas las denuncias de malos tratos. En un documento enviado a España en septiembre pasado, aunque hecho público en noviembre, la relatora sobre la violencia contra la mujer de la ONU, la croata Dubravka Šimonović, resaltaba el alto índice de utilización del falso síndrome en la justicia española y ponía el acento en el caso de Irune Costumero tras recordar que España ya fue condenada en 2014 por el caso de Ángela González Carreño.

Sin embargo, ese síndrome, que se llamó inicialmente el de la madre malvada, todavía figura como una herramienta dentro del Balora, el instrumento que utilizan los servicios sociales municipales y forales vascos para valorar la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo. En el documento oficial denominado Taxonomía de necesidades básicas de la Infancia y adolescencia, se cita el SAP de manera expresa.

“Mi hija ha contado varias veces que su padre le pegaba”, dice Costumero, aunque los tres procedimientos que se abrieron por maltrato en contra del hombre acabaron archivados. La mujer relata como la niña vomitaba cuando tenía que volver con él después del tiempo que pasaba con ella. La menor lleva casi cuatro años con el padre. El polémico síndrome se ha situado en el primer plano con la emisión del documental sobre la vida de Rocío Carrasco.

La Diputación Foral de Bizkaia no ha querido explicar sus argumentos para tomar la decisión que ha llevado al banquillo a cuatro de sus funcionarios. “Lo que tengamos que decir lo diremos en el juicio”, aseguran fuentes oficiales de la institución. Han depositado una fianza de 600.000 euros como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos de sus cuatro trabajadores.