Cuatro imputados por aplicar el síndrome de alienación parental para separar a una menor de su madre

El denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) se ha vuelto contra la Diputación de Bizkaia. Cuatro miembros del Servicio de Infancia de la institución foral, entre ellos el que ahora es el máximo responsable del departamento de Acción Social, Sergio Murillo, han sido imputados por la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación por actuar sin pedir autorización al juez y arrebatar una niña a su madre que tenía la custodia compartida, apelando al SAP, que “es otra forma más de ejercer violencia contra la mujer”.

La sala recuerda en su auto que el controvertido síndrome no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica y que ha sido rechazada por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la Organización Mundial de la Salud. El propio Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la existencia del SAP, lo que no significa que los jueces no reconozcan “las interferencias parentales”. O lo que es lo mismo, que algunos padres y madres utilizan a sus hijos en contra de sus parejas en los procesos de divorcio, como explica la presidenta de la de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano.

“Me arrebataron a mi hija en contra de la decisión del juez que había dictado la custodia compartida”, lamenta Irune Costumero.

La batalla judicial se prolonga ya casi tres años desde que denunció aquel hecho en agosto de 2017. Costumero recuerda que cuando le dijeron que le iban a quitar a su hija estaba en el Servicio de Infancia. “Estaba con mi hija y con mi madre. La niña se agarró a mí, y me la tuvieron que arrancar mientras gritaba: ‘¡Mamá, mamá!”. En un momento, relata, se encontró rodeada de una decena de policías.

No había sido un divorcio fácil y las cosas se complicaron tras el fallo que otorgaba la custodia compartida. El padre la denunció a los servicios de la Diputación Foral por influir en la niña para que no pasara tiempo con él, y la institución actuó. Desde entonces —casi tres años— puede visitar a su hija solo dos días a la semana, unas pocas horas, y siempre con un escolta. “Denuncié porque no quiero que a nadie le vuelva a pasar esto, porque la Diputación usa ese síndrome para hacer lo que me hizo a mí, y porque es injusto y malo para mi hija”.

La sección sexta de la Audiencia Provincial denuncia el proceder de la Diputación, porque “no parece que la competencia” para revisar una resolución judicial sea de la institución, e imputa a la jefa del Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner; la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso; el director general de Promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, y a la trabajadora social que ejecutó la orden, Maika Urrutxurtu, por prevaricación y por un posible delito de lesiones que se produjeron cuando usaron la fuerza contra Costumero y “quizás”, apunta el auto, contra la propia niña. El departamento de Acción Social no quiere hacer ninguna declaración sobre el auto, y no se va a pronunciar hasta que se produzca el juicio y haya una sentencia firme.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial confirman que para cualquier cambio de situación en la custodia de un menor la figura del juez es incuestionable. Pese a todo la Diputación de Bizkaia no mueve ficha. Dos años y medio después de quitarle de hecho la custodia a la madre, en agosto de 2017, la niña sigue en manos de su padre. La menor tenía cinco años cuando pasó todo y cumplió ocho el pasado domingo. “Voy a llegar hasta el final, pese a todo y a todos”, advierte Costumero.

Batalla en el Parlamento provincial

La batalla de esta mujer no es solo judicial. En estos cerca de tres años separada de su hija también ha abierto una vía política hasta el punto de que el Parlamento provincial de Bizkaia, las Juntas Generales, se han hecho eco del argumentario de la Audiencia de Bizkaia y a finales de enero los partidos aprobaron por unanimidad una proposición que insta a la Diputación Foral, en general, y al Servicio de Infancia, en particular, a que dejen de utilizar ese síndrome a la hora de valorar la situación con los menores y sus madres o padres, y recurran a otro tipo de metodologías.

Costumero y varias madres más se reunieron con todos los grupos políticos para enseñarles la argumentación judicial sobre el SAP, y las consecuencias que puede generar en los niños. Hasta el PNV, que gobierna en la Diputación, se sumó a la iniciativa.