Vacunación contra coronavirus

Amnistía Internacional alerta sobre la falta de transparencia en los planes de vacunación en América Latina

La ONG llama a los Estados a incluir a la población migrante y dar prioridad a los grupos de riesgo

Una enfermera aplica una vacuna contra la covid-19, en Bogotá el pasado 12 de marzo.
Una enfermera aplica una vacuna contra la covid-19, en Bogotá el pasado 12 de marzo.Carlos Ortega / EFE

La crisis de derechos humanos que se vivía en los países de América Latina antes de la pandemia se ha hecho más profunda durante el último año. En el escenario actual de vacunación, en el que las dosis no llegan a quienes deberían y la falta de transparencia en la estrategia ha generado desconfianza en la población, Amnistía Internacional alerta en un informe publicado este jueves sobre la urgencia de tomar medidas para que los planes de vacunación lleguen a más gente.

Para la organización, la información es el primer paso y no basta con ponerla en una página de internet. Sobre todo porque casi el 40% de los hogares de América Latina y el Caribe no tiene conexión. “Debe intentarse su difusión en otros canales, como la radio, especialmente en las emisoras de radio comunitarias de poblaciones indígenas o afrodescendientes”, se lee en el documento. Además, destaca la ONG, los datos oficiales sobre la pandemia deben traducirse en todos los idiomas que se hablen en cada país. Aunque varios hicieron material sobre la covid en lenguas indígenas, no ha pasado lo mismo con la información sobre la vacunación.

Amnistía Internacional califica de “preocupante” que los Gobiernos no estén respetando el derecho a acceder a la información sobre los programas de inmunización y señala a las farmacéuticas por haber sido poco transparentes en las negociaciones con los países de la región. De 17 solicitudes que hizo la organización para conocer contratos o datos específicos sobre cómo se han negociado las dosis, solo siete países respondieron y no de forma completa. La ONG insiste en llamar a los Estados a priorizar a los grupos que están expuestos a un riesgo mayor en la pandemia o que son históricamente objeto de discriminación.

El informe cita algunos ejemplos de lo vergonzoso que ha sido el proceso de vacunación en América Latina. En Perú, los primeros días de febrero se supo que cientos de funcionarios del Estado habían recibido la vacuna antes de que fuera su turno. El expresidente Martín Vizcarra estaba incluido en la lista de privilegiados. Unos días después, en Argentina crecía la indignación popular tras conocerse que empresarios, periodistas y empleados del Gobierno habían sido vacunados sin estar incluidos entre los grupos prioritarios.

La mayoría de países de la región entró en confinamiento hace un año cuando la pandemia llegó a sumarse a las crisis sanitarias, económicas y de derechos humanos que ya existían. El 2021, marcado por jornadas electorales en varios países, América Latina podría ser víctima del uso de las vacunas con fines políticos. “Los ciclos electorales pueden ser momentos en los que los gobiernos podrían presionar a determinados sectores de la sociedad que les critican”, señala Amnistía en el informe, que recuerda que las irregularidades de quienes ocupan cargos públicos son algo habitual en la región.

En Brasil, que ya supera las 3.000 muertes diarias por covid, el discurso contra la ciencia del presidente Jair Bolsonaro ha generado confusión en la estrategia nacional de salud. Las vacunas —destaca el informe— han sido causa de conflicto político entre el mandatario y los gobernadores que han intentado proporcionar las vacunas por su cuenta en las regiones. En Nicaragua además de que prácticamente no hay información oficial sobre el plan de vacunación, la prensa y los disidentes han sido perseguidos, mientras el personal de salud ha sido abandonado.

Amnistía Internacional cuestiona que todavía haya países como Cuba, Nicaragua, Ecuador o Venezuela que no han publicado un protocolo oficial de vacunación y se limitan a hacer declaraciones que no ofrecen una hoja de ruta clara y en este momento tan necesaria. Uruguay, que durante 2020 se consideró un ejemplo por su rápida respuesta a la pandemia, a pesar de un considerable repunte en contagios en los últimos meses ha ofrecido mínima información sobre su campaña de inmunización. Incluso empezó sin haber publicado un plan nacional completo.

Los migrantes deben ser incluidos

A los migrantes de América Latina cuando nos les niegan rotundamente el acceso a las vacunas, les ponen trabas para conseguirla. Los países de la región no han terminado de entender que, como lo dijo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “incluir a las personas refugiadas en las campañas de vacunación es clave para poner fin a la pandemia”. En República Dominicana el presidente, Luis Abinader, ha manifestado públicamente que las personas migrantes indocumentadas no recibirán la vacuna. Lo que deja por fuera a miles de personas nacidas de padres extranjeros que se registraron como dominicanas, pero no son reconocidas.

México no menciona en su plan oficial a los migrantes, refugiados o solicitantes de asilo y aunque ha anunciado que serán incluidos, según las denuncias conocidas por Amnistía no es claro cuál es el tratamiento actual que se le da a los extranjeros. En Colombia, que sí ha incluido a los migrantes venezolanos, todavía hay dudas sobre si podrán recibir la vacuna quienes no estén regularizados.

La distribución de la vacuna merece ser más justa, como también la toma de decisiones sobre el manejo de la pandemia. Según el informe de Amnistía Internacional, las mujeres están muy poco representadas a pesar de que son el 70% del personal sanitario de la región. En Argentina, por ejemplo, en el comité de expertos sobre covid-19 hay cuatro veces más hombres que mujeres. El organismo llama a garantizar la debida vacunación y participación de las mujeres. “En algunos contextos, las mujeres están en situación de desventaja en el acceso a la atención sanitaria, la condición política y social y la autoridad para adoptar decisiones debido a las características sociales estructurales de sus comunidades”, cita el informe.

Los pueblos indígenas de América Latina, sistemáticamente excluidos de las políticas públicas, han vuelto a ser víctimas de Estados que no los reconoce. De 13 países que han publicado su plan de vacunación, seis no mencionan ningún protocolo para la atención de estas comunidades. Las brechas que ya existían en la región se acentúan cada vez más con la pandemia.

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