Los jueces declaran nulo el proyecto con el que Extremadura legalizó el complejo de lujo en la isla de Valdecañas

Las organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción, que luchan desde hace años contra la urbanización de lujo construida en la isla de Valdecañas, han conseguido otra victoria judicial que corrobora la ilegalidad del complejo construido en espacio protegido de la Red Natura 2000 (áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea). El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha declarado nula la revalidación definitiva que el Gobierno regional otorgó al proyecto en 2011 al considerarlo de interés regional. Un paso que se pudo dar porque se modificó la ley del suelo de Extremadura para que se pudiera construir en este tipo de espacios protegidos y dar así cobertura al desarrollo urbanístico. Para los dos asociaciones conservacionistas, el fallo implica que la restauración de la isla con la demolición de la urbanización se encuentra cada vez más cerca.

El complejo, al que se conoció en su época de esplendor como la Marbella extremeña, se encuentra en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en una isla de 135 hectáreas rodeada por el pantano de Valdecañas. Cuenta con campo de golf de 18 hoyos, 180 villas —la mitad de las previstas— de 270 metros cuadrados de media construidos en parcelas de 800 con impresionantes vistas al pantano. La urbanización se complementa con un hotel de cuatro estrellas; piscinas; playa artificial; 76 atraques y pistas polideportivas. Los problemas legales han dejado el esqueleto de hormigón del otro hotel previsto en el proyecto.

Las nuevas sentencias se unen a la de nulidad del proyecto dictada por el TSJEX en 2011, que ordenó la restitución de los terrenos al estado original, es decir, a antes de su construcción. La urbanización fue aprobada en 2007 por la Junta de Extremadura con el socialista Rodríguez Ibarra. El Tribunal Supremo ratificó el fallo en 2014 y en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un párrafo que incluyó el Gobierno regional en su ley del suelo para sortear la sentencia.

"La sentencia repite los mismos argumentos de las anteriores, recalcando el carácter no urbanizable y la estricta protección de la Red Natura 2000, pero además incluye que había otros motivos de nulidad, porque no se motivó el interés general aducido por la Junta de Extremadura para edificar en zona protegida", explica María Ángeles López Lax, abogada de Adenex. El fallo añade que no se consideró la posibilidad de llevar el complejo a otro lugar no protegido ni en el estudio de impacto ambiental ni en la declaración de impacto.

López Lax aclara que la solución de tirar el complejo le "duele", pero, al mismo tiempo, considera que "no existe ninguna otra salida ni legal, ni científica, ni moral, porque además de las sentencias se encuentra el contundente informe realizado por El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que avalaba el valor del entorno". "Que no piense la gente que es un plato de gusto, pero si creemos en la legalidad y en que estamos destruyendo el planeta y la biodiversidad no valen las declaraciones de emergencia climática si no se abordan los casos como este", puntualiza. El Tribunal solicitó en 2015 un estudio al CSIC para valorar el impacto ambiental de tirar el complejo. Los científicos consideraron que, pese a los inconvenientes, “desde un punto de vista estrictamente ambiental” el impacto de la demolición de las edificaciones y estructuras de la isla sería positivo para la biodiversidad porque se ofrecería una oportunidad de restauración de los procesos ecológicos alterados y de recolonización para la vida silvestre.

El Colectivo de Propietarios de la Isla de Valdecañas se encuentra a la espera de que se conozca el procedimiento de ejecución "que es lo que finalmente determinará el futuro de la Isla de Valdecañas". Sostienen en un comunicado que la demolición "podría ser imposible de ejecutar, ya que que materialmente no puede producirse la reposición de los terrenos a su estado originario, cuando era un terreno sin valor ecológico alguno, en parte eucaliptal y en parte vertedero". Insisten en que la demolición generaría un "terrible impacto sobre la flora y la fauna que han repoblado la isla tras el desarrollo del proyecto". Por otro lado, manifiestan que cuando adquirieron las viviendas no conocían "la existencia de ningún procedimiento judicial", que las pudiese afectar.