El asesino confeso de la mujer de Moraira tuvo una orden de alejamiento de su víctima

El asesino confeso de la mujer hallada muerta el pasado lunes en un contenedor de Moraira (Alicante) tuvo que acatar durante casi medio año una orden de alejamiento interpuesta por la magistrada del Juzgado de la Violencia sobre la Mujer (JSVM) de Dénia el pasado verano. Sin embargo, la víctima se negó a declarar contra su pareja en un juicio abierto por presunto maltrato y, tras la sentencia absolutoria, esta orden quedó sin efecto, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Los hechos se remontan la madrugada del pasado 30 de junio. Un vecino de la pareja escuchó lo que parecía una escena de malos tratos y avisó a la Policía Local. En aquel momento, según las fuentes consultadas solo la víctima se encontraban en su domicilio. Posteriormente, la Guardia Civil realizó un atestado que trasladaron al JSVM de Dénia.

En el informe del instituto armado, quedó reflejado que una vez localizada, “la víctima no quiso entonces interponer denuncia contra su compañero e hizo uso de su derecho a no declarar contra el mismo”, aseguran las fuentes consultadas. Las cifras de violencia de género establecen que este comportamiento es el habitual. La mayoría de las asesinadas por violencia machista nunca dan la voz de alarma, como ocurrió en el 80% de los casos de 2019. En muchas ocasiones, porque no perciben el riesgo que corren o temen por su futuro y el de sus hijos.

Pese a la ausencia de denuncia, la magistrada responsable del caso adoptó una orden de protección a favor de la mujer. Las medidas cautelares incluían la prohibición de que el investigado se comunicara por cualquier medio o se acercara a menos de 300 metros de la víctima, que entró de esta forma en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (sistema VioGén) del Ministerio del Interior.

El TSJ recuerda que el caso de los posibles malos tratos fue elevado al juzgado de lo Penal 2 de Benidorm. El juicio oral se celebró el 19 de septiembre del año pasado. Durante la vista, la víctima volvió a acogerse a su derecho a no declarar contra el acusado. Según la sentencia, sólo existieron testigos de referencia, no directos, como el vecino que escuchó una pelea y llamó a la policía. En el fallo, se recoge que el valor probatorio de estos testimonios es “limitado, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

Ante el tribunal también declaró un amigo del acusado que manifestó que el ahora asesino confeso había dormido en su casa en la noche de los hechos, a la que se había desplazado para seguir un partido de fútbol. Una vez finalizado el juicio, el acusado fue absuelto por falta de pruebas. “La sentencia absolutoria”, continúan fuentes del TSJ, “no fue recurrida, por lo que devino firme por providencia en diciembre de 2019 y por consiguiente quedaron sin efecto las medidas cautelares adoptadas contra el acusado”.

El pasado domingo, dos meses después de la resolución final del juicio, el hombre, un empresario holandés de 59 años, dueño de una inmobiliaria, atacó con un arma blanca a la víctima, rumana de 36 años y con un hijo adolescente, y le propinó varios cortes en el cuello que causaron su muerte por degollamiento. También le dañó en manos y brazos, en lo que parecen heridas defensivas. Posteriormente, envolvió su cadáver en una colcha y lo arrojó a un contenedor soterrado de la urbanización La Sabatera de Moraira, una zona residencial mayoritariamente habitada por extranjeros del municipio de Teulada- Moraira, situado en el litoral norte de Alicante.

Al día siguiente, en torno a las 8 de la mañana, los operarios de recogida de basuras localizaron el cadáver, totalmente ensangrentado, y dieron aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil. Un forense y un juez acudieron al lugar del hallazgo y procedieron al levantamiento del cadáver. El magistrado decretó entonces el secreto de sumario.

Tan solo 24 horas después, el agresor se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Moraira y confesó que había matado a su compañera sentimental tras una discusión. Hoy, miércoles, los agentes encargados de la investigación, en compañía del detenido, han registrado la agencia inmobiliaria de su propiedad y está previsto que también se inspeccione su vivienda. Según la Guardia Civil, en un plazo máximo de 72 horas pasará a disposición judicial, aunque advierten de que es “improbable” que lo haga hoy.