Ninguna de las 10 asesinadas en 2020 había denunciado

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha condenado este lunes los dos últimos asesinatos machistas ocurridos el fin de de semana. El de Ana Morillas, una maestra de Granada que era la responsable de igualdad para el alumnado de infantil en un colegio, y el de Clara Expósito, a la que su madre encontró muerta en su piso de Lugo. Ninguna de ellas, como tampoco las otras ocho asesinadas por violencia machista en 2020, habían presentado denuncia. Desde que existen datos, se ha detectado que el porcentaje de denuncias entre las víctimas mortales es siempre muy bajo. Las víctimas cada vez dan menos la voz de alarma. En lo que va de año, además, son el 100%. 

"Hay que dar seguridad a las mujeres para que denuncien", ha dicho Rosell, que ha anunciado que reunirán a las comunidades autónomas antes de abril para revisar e impulsar algunos de los planes previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 pero cuyas 200 medidas apenas han sido desarrollado hasta ahora.

Una de esas medidas es el llamado título habilitante, que permite que las mujeres puedan recibir apoyo de las administraciones normalmente a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, sin necesidad de haber pasado antes por el juez. Son fundamentalmente ayudas económicas, una nueva residencia, soluciones para los hijos o apoyo social dirigidas a las víctimas, que podrán percibir sin necesidad de poner denuncia. En ningún caso suponen actuar sobre el presunto maltratador.

"El momento de la denuncia es especialmente peligroso", ha recordado la delegada, que ha remarcado que hay víctimas que "acuden a su trabajadora social pero no a un juzgado". Según un estudio reciente las víctimas de violencia machista tardan una media de ocho años y ocho meses en denunciar. La puesta en marcha del título habilitante fue recogida por el Boletín Oficial del Estado en el verano de 2018. Comunidades autónomas y Gobierno se reunieron en abril de 2019 para unificar un documento administrativo  para ponerlo en marcha. Rosell ha anunciado este lunes una nueva reunión para seguir avanzando. El título está en marcha, explican desde la delegación, pero aún no cerrado en todas las comunidades autónomas. No explican en cuáles funciona ya. También trataránenla reunión el reparto de fondos del pacto.

El 13% de las mujeres maltratadas no denuncian "por miedo a no ser creídas", ha subrayado la delegada. El 28% e ellas sienten inseguridad durante el proceso judicial.

También prevén impulsar otras medidas del pacto de Estado, como el acompañamiento judicial a la víctima recogido en la medida 139, que prevé asesorar a las mujeres desde que ponen denuncia hasta que acaba el proceso.