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Movilización en el Congreso para aprobar la ley de eutanasia este año

La Cámara baja tramita a partir del martes la iniciativa del PSOE. La regulación de esta práctica ha fracasado dos veces recientemente a pesar del amplio apoyo político y social

En foto, manifestación a las puertas de los juzgados de plaza de Castilla, Madrid, para pedir que se despenalice la eutanasia. En vídeo, Adriana Lastra, portavoz del PSOE, anuncia que la primera proposición de ley que tramitará el Congreso será la de eutanasia.

La ley de eutanasia llega este próximo martes al pleno del Congreso de los Diputados. Será la tercera ocasión en 20 meses que el texto será tomado en consideración y, como en las dos anteriores, recibirá un amplio apoyo desde la bancada. Sin elecciones ni fines abruptos de legislatura en el horizonte, quienes apoyan la nueva norma comparten la ilusión de que “esta vez sí” se reconozca a los españoles el derecho a una muerte digna. Pero tampoco ocultan una frustración: “La gente para la que no hemos llegado a tiempo, a los que no hemos podido ayudar”, en palabras de la diputada socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

Gente como Antoni Monguilod, enfermo de párkinson fallecido el pasado mes de octubre tras años clamando por “dejar de sufrir” desde un lejano diagnóstico hecho en 2007. O como María José Carrasco, a la que su marido, Ángel Hernández, dio una dosis letal de pentotal sódico en abril tras una existencia consumida por la esclerosis múltiple. “No le perdono a nadie que muera gente sufriendo”, exclamó tras autoinculparse por la muerte de la mujer a cuyos cuidados ha entregado los últimos años de vida.

“Esta vez parece que sí, 2020 es el año”, se repite, aún con un deje de desconfianza en la voz, Fernando Marín, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la entidad que durante las últimas décadas ha luchado con más ahínco para que la nueva ley sea una realidad. “Tenemos mucho trabajo por delante, pero nos alegramos de que los trámites empiecen ya”, afirman desde el grupo de Unidas Podemos y sus confluencias. “Cuanto antes nos pongamos a ello, mejor”, sigue Joseba Agirretxea (PNV). “Se lo debemos a los que han luchado por esta ley y, sobre todo, a los que la necesitan”, añade Sergi Miquel (JxCat). “No podemos dejar por más tiempo a la gente sufriendo”, se suma Carolina Telechea (ERC).

Incluso Ciudadanos, cuyo papel fue muy criticado durante el primer gobierno de Pedro Sánchez por su ambigüedad sobre la norma —votó a favor en su toma en consideración, pero bloqueó junto al PP su tramitación desde la Mesa del Congreso— parece sumarse al sentir mayoritario de la Cámara: “Las personas que padecen situaciones degenerativas e incurables deben poder elegir libre, voluntaria y dignamente el final de su vida”, afirma un portavoz.

Solo el PP y Vox, que suman 140 de los 350 diputados del Congreso, se han posicionado en contra de la nueva norma.

La tramitación partirá de la proposición de ley impulsada por el PSOE, que es casi un calco —se ha precisado alguna definición y hecho retoques menores en algún artículo— de la que ya recibió el apoyo mayoritario del pleno en junio de 2018 y en septiembre de 2019. La primera vez, la tramitación se quedó a medio camino por el adelanto electoral. En la segunda ni siquiera echó a andar por el bloqueo político y la repetición de los comicios generales.

El texto, que tiene rango de ley orgánica e implica un cambio del Código Penal, consagra la eutanasia como un “derecho” al que podrán acogerse quienes padezcan “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que cause “un sufrimiento insoportable”. Será prestada por la sanidad pública —en hospitales o el domicilio del paciente—, aunque también podrán aplicarla centros privados. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia.

La proposición de ley prevé que el paciente que solicita la eutanasia no tenga que esperar más de un mes para morir tras pedirlo por escrito a su médico. El facultativo abrirá en primer lugar “un proceso deliberativo” con el enfermo tras el que, si estima que se cumple la ley, deberá consultarlo con otro médico ajeno a su equipo.

El paciente reiterará su voluntad a las dos semanas, tras lo que el caso será remitido a una comisión de control, que lo valorará de nuevo. En caso de que todas las partes consideren que la ley se cumple, el enfermo verá satisfecha su voluntad de morir a los 15 días de la segunda petición. Para hacerlo, podrá elegir si toma él mismo los fármacos que le quitarán la vida o si son los médicos los que hagan.

La solicitud puede ser denegada en dos pasos del proceso. Si lo hace el facultativo, el paciente tendrá cinco días para solicitar a la comisión de control que revise el caso. Si es esta la que tumba el proceso, el paciente podrá ir a la vía administrativa. Tras la muerte, el médico responsable remitirá toda la documentación a la comisión para un nuevo control posterior. Si dos tercios o más de sus miembros consideran que se ha incumplido la ley, el caso será remitido a la Fiscalía.

Tras ser tomada en consideración por el pleno, la proposición de ley será remitida a la Comisión de Sanidad, donde los partidos pactarán el articulado de la norma. Posteriormente, esta será remitida al Senado antes de su aprobación final.

La posición común favorable a la regulación de la eutanasia es que, incluso con un desarrollo completo de los cuidados paliativos, seguirá habiendo personas sin un pronóstico de muerte inminente que necesitan esta ley. “No podemos condenarlas a vivir entre el sufrimiento. Como sociedad, debemos ofrecerles una salida”, sostienen en términos parecidos todos los partidos.

Las comisiones de control que separan a los partidarios

El empeño común de sacar adelante la regulación de la eutanasia no ha borrado algunas diferencias entre partidos. La más importante es la relativa a las comisiones de control que revisarán las solicitudes de eutanasia ya aprobadas por los médicos.

Para PSOE y PNV, estas comisiones dan mayores garantías a todos los participantes en el proceso, desde enfermos a profesionales sanitarios. También estiman que su existencia ayuda a “blindar” la norma ante un hipotético recurso al Tribunal Constitucional de PP o Vox y que, además, da confianza a sectores que aún ven con recelo la eutanasia, como algunos sectores médicos.

Pero otras fuerzas, como Podemos y ERC, han calificado de “innecesarias” y “restrictivas” las comisiones. Aunque el texto no detalla la composición y funcionamiento —lo que será desarrollado reglamentariamente—, sí fija que serán nombradas por las comunidades autónomas.

“Las comisiones pueden hacer que algunas comunidades boicoteen la eutanasia. Ya hemos visto lo que ha pasado en Murcia con el veto parental”, teme la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

La socialista María Luisa Carcedo considera que este punto “no debe ser un obstáculo insalvable” en la tramitación de la ley. “La ley ya prevé los recursos necesarios para que estas comisiones no sean vistas como una restricción”, afirma.

Unidas Podemos, por su parte, confía en “introducir y negociar” cambios en el texto “en línea con las demandas de la sociedad civil para garantizar que las personas tengan la libertad efectiva para decidir sobre su vida y muerte”.

Este control no existe en las leyes vigentes desde 2002 en Holanda y Bélgica, que han inspirado a los redactores de la proposición de ley. En 2015, hubo 7.538 muertes por eutanasia en ambos países. En Suiza está despenalizada la ayuda altruista al suicidio asistido.

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