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El Gobierno da un ultimátum a Murcia para retirar el veto parental

Educación recalca en su requerimiento que la medida supone “una objeción de conciencia no prevista en la ley” y recuerda que contraviene su propia norma autonómica

En la imagen, la ministra de Educación, Isabel Celaá, el pasado viernes. En vídeo, declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre el veto parental. Foto: EFE | Vídeo: ATLAS

El Gobierno central ha dado un ultimátum a Murcia: tiene un mes para retirar el veto parental, la prerrogativa de los padres para censurar contenidos de las enseñanzas complementarias impartidas en horario escolar. De lo contrario, el Ejecutivo acudirá a los tribunales. El anuncio lo ha hecho su ministra de Educación, Isabel Celaá, pero el requerimiento a esta autonomía gobernada por el PP y Ciudadanos con apoyo de Vox —que se registró el pasado viernes— no detalla el plazo para retirar el consentimiento familiar. En el texto, al que ha accedido EL PAÍS, se afirma: “El veto es una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley, que es la única habilitada al efecto”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la polémica como "un problema inventado". En una entrevista en TVE, ha asegurado que ha ocurrido por dos razones: "Porque gobierna el PSOE en España y tienen que montar bronca por cualquier cosa, y lo más preocupante es que la ultraderecha plantea conflictos, rupturas de consensos y arrastra a la derecha a posiciones extremistas". Sánchez pidió al PP que "vuelva al consenso democrático educativo que respeta la educación integral".

En agosto de 2019 el Gobierno de Murcia publicó unas instrucciones que obligan a los centros a informar sobre las actividades complementarias que van a organizar, los contenidos, la duración y las personas que las van a impartir. Y exige a las escuelas que se lo transmitan a los padres para que den su conformidad cuando los talleres los imparten personas ajenas al centro. Pero el Gobierno central recuerda que estas instrucciones “no han sido objeto de publicación en un diario oficial” y asegura que exceden de su perímetro, “pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del ámbito autoorganizativo interno”. 

Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), no comparte que estas instrucciones tengan que publicarse: “Aparecen en los boletines los decretos y órdenes, no instrucciones de rango jurídico inferior”. Distintas fuentes apuntan a que son peticiones minoritarias aunque no existe un censo. Murcia no ha dado datos y en Madrid aluden a tres quejas, de las que solo una es por escrito. Marrodán relata que los directores están pidiendo ayuda a los inspectores y esto les aconsejan transmitir los casos a las direcciones territoriales.

¿Por qué no ha actuado antes Educación si las instrucciones son de agosto? Una portavoz asegura que el ministerio “no tenía conocimiento porque se trataba de órdenes internas” y que el veto ha salido a la luz el pasado martes cuando Vox pidió que se convirtiese en decreto en los presupuestos de Murcia. Sin embargo, ya en septiembre la federación de asociaciones de padres de alumnos Juan González —la mayoritaria que representa a 145.000 familias— y el Sindicato de Enseñanza de la Región de Murcia (STERM) denunciaron el veto en los tribunales, informa Virginia Vadillo.

En el decreto que plantea hoy Vox el veto familiar no es solo a personal de fuera del colegio sino a los propios profesores. “Con las instrucciones de agosto no ha habido mucho problema, es ahora cuando se ha complicado con la propuesta de Vox”, sostiene Raimundo de los Reyes, presidente de la asociación de directores de institutos de España (Adimad) y profesor en Murcia. “El otro día varios niños no pudieron entrar en una charla de la policía sobre el uso de móviles porque el permiso no tenía la firma de los dos padres o se les había olvidado. Es más un problema burocrático que de objeción”, asegura.

El boletín oficial de Murcia es meridiano respecto a las clases complementarias. En 2014 —cuando gobernaba el Partido Popular en solitario— se publicó el currículum de primaria y no dejó espacio a la duda: “Estas actividades serán evaluables a efectos académicos y obligatorias para los maestros y alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario cuando se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas”. Al año siguiente se aprobó el currículum de ESO con condiciones idénticas.

Para el Ejecutivo, el veto parental vulnera el derecho de los alumnos a la educación —como se recoge en la Constitución—, cuando esta busca el “desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos”. Y argumenta que frente a este derecho de educarse, es “un derecho accesorio que asiste a los padres que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. Este argumento indigna al líder de la oposición Pablo Casado que acusó el pasado fin de semana a Celaá de actuar como “los regímenes comunistas, que dicen que los hijos no son de la familia sino del Estado”. La ministra, desde Llodio (Álava), no ha dudado hoy lunes de contestarle recordando que la ley educativa vigente —aprobada solo con los votos del PP— recorta el poder de decisión de los padres en los claustros de los centros.

Ciudadanos, convertido en un partido minoritario pero presente en dos gobiernos (Andalucía y Madrid) a los que Vox presiona para implantar el veto parental, trata de distanciarse de Casado —que no ha contado con apoyo público de sus barones sobre este asunto— y Vox, impulsor del veto. La portavoz de la Comisión Gestora del partido, Melisa Rodríguez, ha afirmado que Ciudadanos defenderá a la vez “el derecho de los padres a decidir sobre muchos aspectos de la educación de sus hijos” y el derecho de los niños a “recibir una educación plural y en valores democráticos”.

Y en medio de este cruce de declaraciones, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha avivado la polémica al decir en la cadena SER: “Hay unos cauces jurídicos que no tienen por qué ser judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación; imagínese, incluso un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables”. Después ha matizado sus palabras: “Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto”.

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Escuelas Católicas cree que el consentimiento debe pedirse solo en los centros públicos

Escuelas Católicas, la principal patronal de la enseñanza concertada, considera que el veto parental promovido por Vox, "no es en sí mismo ilegal, pero resulta innecesaria su exigencia si los padres conocen y aceptan, en el momento en que solicitan la admisión de sus hijos en un centro, su proyecto educativo e ideario". Por ello, consideran que es importante que las familias reciban la oportuna información sobre las actividades.

Además, Escuelas Católicas cree que introduce "una enorme complejidad en los centros, al poder implicar la necesidad de autorización expresa y previa para una gran amplitud de situaciones ". Estima, por tanto, que debería de pedirse solo "en centros que no hayan definido claramente su proyecto educativo o que deban mantener una neutralidad ideológica por imperativo legal". Es decir, en los centros públicos. Los colegios concertados, como los suyos, están financiados con fondos del Estado pero son de titularidad privada.

Esta patronal de 2.000 colegios y 1,2 millones de alumnos, recuerda que desde hace tiempo apuestan "porque sus alumnos reciban una formación afectivo-sexual como parte de su educación integral, siempre acorde con el proyecto educativo y el ideario que los padres conocen y han aceptado".

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