La menor de 16 años cuyo bebé fue arrojado al río Besòs pidió ayuda para abortar

La menor de 16 años cuyo bebé fue arrojado al río Besòs, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde murió el pasado septiembre, intentó abortar. La joven solicitó ayuda a los servicios sociales municipales cuando estaba de menos de tres meses, según informa este jueves El Periódico y no desmiente la institución municipal, pero necesitaba el permiso de sus progenitores. El padre del menor, también de 16 años, acabó tirando al recién nacido al río, donde falleció. Ella pensaba que su pareja iba a darlo en adopción.

Los dos jóvenes llevaron en secreto el embarazo. Cuando ella salió de cuentas y empezaron las contracciones, alquilaron una habitación en un hostal de la ciudad del extrarradio de Barcelona donde la menor parió sin ninguna ayuda sanitaria, más allá de la de su pareja. Después el joven metió al recién nacido en una maleta, viajó hasta el río, y tiró al bebé. Los Mossos tardaron tres días en encontrar el cadáver.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet subraya la confidencialidad del servicio municipal Salut Jove (Salud Joven), motivo por el cual la asistente que trató a la menor no alertó de lo sucedido. La joven, una vez informada de que necesitaba permiso de sus padres para interrumpir su embarazo, alegó que estaban fuera. Desde el Consistorio le recomendaron dirigirse a un centro médico y explicar allí su situación, algo que nunca hizo.

La Ley de salud sexual y reproductiva, conocida como la ley de aborto, exige el permiso de los padres para interrumpir la gestación hasta la mayoría de edad. El nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se ha comprometido a cambiarlo, indican fuentes del partido morado, y volver a la regulación anterior, del Gobierno de Zapatero, que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin autorización de sus padres o tutores durante las 14 primeras semanas de gestación sin necesidad de justificación o en las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto".

El martes 24 de septiembre del año pasado, horas después de que la menor diera a luz, varios testigos llamaron al teléfono de emergencias alertando de que habían visto a un joven deshaciéndose de un bebé en el río. Todavía mojado y con una toalla al cuello, el presunto homicida del recién nacido se fue a un bar, diciendo que le habían robado una maleta, pidió un cargador y acabó llamando a su padre. Finalmente, los dos denunciaron lo ocurrido en una comisaría de Mossos. El menor fue detenido y estuvo ingresado en un centro como medida cautelar. Los Mossos no imputaron ningún delito a la joven porque no encontraron ninguna prueba conforme supiese lo que iba a hacer el padre, según fuentes policiales.

El último informe de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) del Ministerio de Sanidad, con datos de 2017, revela que 345 menores de 15 años y otras 9.410 mujeres de 15 a 19 años abortaron ese año. Son el 10,5% del total, que ascienden a 94.123 mujeres. El informe oficial no diferencia entre las edades que son objeto de polémica en sus datos. Sí hizo un informe específico la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que estudió en 2014 cuántas mujeres de 16 y 17 años no comunicaron a sus progenitores o tutores la interrupción del embarazo. Según sus estimaciones, ese año abortaron 913 jóvenes de esas edades, un 3,6% del total de interrupciones voluntarias del embarazo. 113 de ellas (el 12,38% de ese grupo) lo hicieron sin conocimiento de sus tutores. Es decir, la gran mayoría, casi nueve de cada 10 lo habían comunicado a sus padres.

ACAI es una de las organizaciones que reclama el cambio de la ley, que atribuyen a motivos "ideológicos". "Cuando hicimos los estudios vimos que las que acudían sin acompañamiento de padres o tutores a abortar era por causas justificadas. Se trataba de casos en los que informar suponía un riesgo de violencia intrafamiliar, formaban parte de familias desestructuradas o no tenían familia. Por eso no estaba justificado el cambio legal", señala Francisca García, presidenta de ACAI. Restricciones como esas, según García, "empujan a las menores más desprotegidas a la clandestinidad, a tener abortos inseguros o buscar pastillas por Internet".