“Espero que ni ustedes ni su entorno tengan que utilizar esta ley”

La ley que va a permitir la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido en España está en su tramo final. La Comisión de Justicia del Congreso ha celebrado este jueves por la mañana una sesión en la que han quedado claras las posturas (todos a favor menos PP y Vox), con matices incluso entre quienes lo apoyan. Para los partidos de la derecha, completamente en contra, “con unos buenos cuidados paliativos la eutanasia se quedaría sin clientes”, dijo el portavoz del PP, José Ignacio Echániz. “Cuando un enfermo recibe consuelo físico y mental deja de solicitar el final de la vida,” afirmó Lourdes Méndez, de Vox. Vehemente, la ponente socialista, María Luisa Carcedo, les respondió: “Espero que ni ustedes ni su entorno tengan que utilizar esta ley”. Lo más probable es que la sesión de este jueves concluya con el texto definitivo perfilado, pero no cerrado formalmente, ya que PP y Vox mantendrán todas sus enmiendas para que no se despenalice la eutanasia y se cambie la ley por una de paliativos, una postura que mantendrán hasta el pleno que deberá sancionar esta norma.

El tema de la contraposición entre cuidados paliativos y eutanasia también fue abordado por la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, que lo definió como dos caras de la misma moneda. En la pasada legislatura, su partido llevó hasta el Senado una propuesta para reforzar esta atención, pero decayó al adelantarse el cierre del periodo. Esta vez también tenían presentadas numerosas enmiendas al respecto, pero Giménez anunció que las retiraban para centrar el proyecto solo en la eutanasia. El PNV sí mantiene una enmienda en la que se insiste en que un paciente debe haber recibido todos los paliativos posibles antes de solicitar la eutanasia. Carcedo contestó con una sentencia del Tribunal Constitucional alemán en el que se decía que se podía solicitar la eutanasia incluso renunciando a los paliativos, y recordó que estas prestaciones para aliviar la agonía ya están reconocidas como un derecho subjetivo, igual que lo están desde 2002 la autonomía del paciente y su derecho a renunciar a tratamientos, precisamente por una ley aprobada con el PP en el Gobierno. Esta enmienda ha sido rechazada.

Ya en el detalle de la norma, Rosa Medel, de Podemos, criticó que el proceso, tal y como está diseñado, es tan garantista en las tareas de la comisión que debe probar la solicitud del paciente que “puede ser un obstáculo”. La norma prevé que el interesado debe pronunciarse hasta cuatro veces y los trámites puedan durar más de un mes. También pidió Medel que los migrantes residentes puedan acogerse a la ley.

Sergi Miquel, del Grupo Plural, pidió que se eliminara de la exposición de motivos la mención al sufrimiento como requisito para someterse a una eutanasia, ya que entienden que se trata de un reconocimiento de la libertad del individuo. Y también pidió que la eutanasia pueda aplicarse también en centros sociosanitarios, y no solo en hospitales o domicilios, algo que el PSOE rechaza para evitar el impacto en las residencias de esta medida.

Echániz, del PP, criticó la falta de debate público, y recordó que no ha habido informe del Consejo de Estado y que el Comité de Bioética de España se ha manifestado en contra, igual que los colegios médicos. El portavoz popular afirmó que con la defectuosa aplicación de la ley de dependencia se está “abocando a las personas a la ley de eutanasia”, con más de 4.000 fallecidos en un mes esperando una prestación, y recordó que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha manifestado su recelo ante la norma.

La portavoz de Vox anunció que pensaban recurrir la ley ante el Constitucional, y, junto con el PP, criticó que la norma prevea que las muertes por eutanasia se registren como por causas naturales. “Es una manera de lavar su conciencia”, afirmó Echániz.

Si la ley supera los siguientes pasos (pleno del Congreso, trámite en el Senado), España será uno de los pocos países del mundo que reconozca esta prestación, con Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.