En noviembre murieron 4.339 personas a la espera de ayudas por dependencia, ya son 51.540 en lo que va de año

El impacto de la covid en el sistema de atención a la dependencia ha sido “catastrófico”, alerta la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El pasado noviembre, 4.339 personas murieron esperando por algún procedimiento de la ley, y ya suman 51.540 este año, según los datos oficiales analizados por esta organización experta en el sector. De ellas, 31.976 tenían ya el derecho a una prestación o servicio reconocido, pero aún no lo recibían, y otras 19.564 estaban aún pendientes de ser valoradas para saber si les era reconocida una ayuda. Ahora mismo hay 381.115 personas esperando por algún procedimiento. Según las estimaciones de la asociación, cada nueve minutos fallece una persona “en el laberinto burocrático de la ley”.

Los datos analizados constan en el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Mensual (MoMo) sobre el sistema de la dependencia, elaborado por el Imserso. En ellos se analiza además la sobremortalidad hasta final de octubre, es decir, cuánto se elevan los fallecimientos respecto a los esperados en las mismas fechas. Se desconoce cuántas de estas muertes están directa o indirectamente relacionadas con la covid, pero permite apreciar las tendencias.

En octubre, el exceso de muertes fue mayor entre quienes recibían apoyos en casa (una prestación como un centro de día o ayuda a domicilio, por ejemplo), donde hubo 8.354 muertes, con una sobremortalidad del 49,4%, que entre quienes vivían en residencias en una plaza concertada o valiéndose de una prestación vinculada al servicio (ayuda económica que recibe la persona y con la cual paga parte del precio, el resto lo abona de su bolsillo), con 4.448 fallecimientos y un exceso de decesos del 12,4%.

Entre las personas en situación de dependencia que vivían en residencias se han registrado hasta final de octubre 51.204 muertes (que incluye a quienes percibían una prestación económica vinculada al servicio), y el exceso de fallecimientos se eleva a 21.513, el 8,6% del total de personas atendidas en estos centros, según apunta la asociación en un comunicado.

Pero el impacto también se mide en el “retroceso” de los principales indicadores del sistema, “generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”, según la asociación. Así, a 30 de noviembre de 2020, respecto a los datos de antes del estado de alarma, todos los parámetros son negativos, según la asociación: hay 34.412 personas con derecho a recibir una prestación o servicio menos, la lista de espera se reduce debido a fallecimientos y no a que sean atendidos. Hay 39.861 resoluciones menos, y 1.670 personas beneficiarias menos que perciben una prestación.

Solamente en nueve comunidades ha crecido el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre de 2019. Las autonomías donde más han aumentado son la Comunidad Valenciana (un 15%, con 13.008 personas más), Asturias (13,8%, con 2.924), Baleares (11%, con 2.268) y Canarias (8,1%, con 1.888). Mientras que donde más han disminuido ha sido en La Rioja (una reducción del 7,2%, con 591 personas menos), Madrid (un 7%, con 10.063) y Cataluña (un 4,6%, con 7.484).

“Conocido el proyecto de ley de Presupuestos, donde se revierten los recortes del sistema, hay que felicitar al Gobierno de coalición por ello”, sostiene la asociación. Al mismo tiempo, urge a que se tomen medidas en el Consejo Territorial, que reúne al Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades, para implementar “de manera inmediata” el reparto del nivel acordado (una parte de la financiación de la ley que fue suprimida con los recortes y se recuperará con los Presupuestos de 2021) y la asignación del nivel mínimo (según el cual se otorga una cantidad a las comunidades, a medida que van atendiendo a las personas en situación de dependencia, en función de la prestación o servicio y su gravedad).

“Sería imperdonable que, dado lo dramático de las cifras, los electoralismos cortoplacistas y tacticismos de todo tipo y color que, por desgracia, caracterizan a la política española en los últimos años se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo las personas dependientes”, se añade en el comunicado. “Desgraciadamente, a las 51.540 personas que fallecieron este año, los Presupuestos no les llegaron a tiempo”.

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