El Gobierno planea un estado de alarma que dure varias semanas

Siete meses después del primer estado de alarma para contener la epidemia del coronavirus, el Consejo de Ministros vuelve a reunirse este domingo, de forma extraordinaria, para aprobar esta norma por cuarta vez en la democracia. Se reúne a las 10.00, después de que la mayoría de las comunidades autónomas (10 de forma oficial y algunas más cuando no hay micrófonos de por medio) hayan apoyado la medida, que les dotará de la herramienta jurídica necesaria para poder tomar medidas drásticas sin pasar por los tribunales. Esta vez la idea del Gobierno es un estado de alarma largo, de varias semanas, para poder frenar la segunda ola. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha planteado llevar el toque de queda hasta el 9 de diciembre.

En el decreto de este domingo solo se podrá fijar el estado de alarma por 15 días, porque así lo señala el artículo 116 de la Constitución, pero en el texto el Gobierno ya dejará clara su intención de prorrogarlo por más tiempo, probablemente mayor que los 15 días habituales, según fuentes del Ejecutivo. Pedro Sánchez espera contar con apoyos suficientes para esa prórroga imprescindible y someterlo a votación solo una vez, y no cada dos semanas como en abril y mayo, cuando se enfrentó a un infierno parlamentario.

Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular se han resistido hasta ahora a dar un apoyo explícito al estado de alarma. Dos socialistas (Aragón y Canarias) no lo han solicitado, pero lo respaldan. Las 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo han solicitado por escrito entre el viernes y este sábado. Las hay con Gobiernos socialistas, regionalistas, nacionalistas y de Ciudadanos, en el caso de Melilla, que también han pedido oficialmente esta norma constitucional para limitar derechos y contener el virus.

El Consejo de Ministros de este domingo tendrá que definir exactamente qué medidas toma. Porque el estado de alarma en sí es una herramienta que faculta para tomar medidas, pero que no impone ninguna en concreto. No supone un confinamiento domiciliario, como sucedió en marzo. Y, de hecho, esto es lo que quieren evitar tanto el Gobierno central como los autonómicos con restricciones intermedias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, venía días insistiendo que este era el mejor mecanismo para tomar una medida en la que estaban de acuerdo la mayoría de las comunidades: un toque de queda que evitase contagios en la vida social nocturna, uno de los focos que más preocupan.

La decisión de imponer el estado de alarma este mismo fin de semana, sin esperar a la conferencia de presidentes del lunes, en la que el presidente Pedro Sánchez iba a escuchar a todos los mandatarios autonómicos, la ha precipitado la petición en cascada de varias comunidades autónomas el viernes. La primera fue el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dio un paso adelante después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbara restricciones a reuniones sociales que quería imponer en la comunidad.

Urkullu pidió un estado de alarma en toda España, pero con competencias delegadas en las comunidades autónomas. También lo hizo así la Generalitat de Cataluña. Hasta ese momento, ninguna comunidad había decidido solicitar esta medida para controlar la epidemia en su territorio y no depender de los jueces, tal y como ofreció el presidente del Gobierno en agosto.

Toque de queda

El Consejo de Ministros podría delegar todas las competencias a las comunidades, pero también podría basarse en el documento que aprobó el consejo interterritorial del pasado jueves para imponer algunas medidas a todos los territorios que tengan riesgo extremo. Para ellas, el documento establece que se puede recurrir al estado de alarma para imponer restricciones extraordinarias, como puede ser la limitación de movimientos. Una posibilidad que barajaban este sábado quienes trabajaban en la norma era que se impusiera un toque de queda en todas las provincias en esta situación, por ejemplo.

Todavía no hay una evaluación oficial de qué localidades están en riesgo extremo. Pero si se aplica el baremo aprobado en el interterritorial a los datos promedios de las comunidades autónomas, siete habrían superado ya este umbral: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, es muy probable que el Gobierno tenga que someter a una prórroga la medida, para lo cual necesita la aprobación del Congreso. En principio, tiene garantizados los votos suficientes, con el apoyo explícito que hizo Ciudadanos el viernes y el de los partidos nacionalistas que sostienen los Gobiernos de País Vasco y Cataluña.

El PP votó en contra de las últimas prórrogas del estado de alarma y Pablo Casado reclama desde entonces la modificación de la ley orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública para dotar de seguridad jurídica a las medidas de cada Administración sin tener que recurrir al estado de alarma. Este sábado, con el Gobierno a punto de declararlo, todavía insistían en esa vía. “Una reforma exprés” de esa ley, admiten fuentes de la dirección del PP, llevaría más tiempo, pero se ahorraría la medida de excepción. Los populares no olvidan que aprovechando el estado de alarma, el Gobierno blindó la presencia de Pablo Iglesias en el CNI.

Un paraguas jurídico

No obstante, la dirección del PP es consciente de que el estado de alarma saldrá adelante. Y presidentes autonómicos del partido no ven esa medida con los ojos de Génova. Son ellos los que se someten al criterio de los tribunales, y el estado de alarma les garantiza un paraguas jurídico que impide que un juzgado pueda tumbar las restricciones que impongan. También se han desmarcado del discurso oficial los diputados populares de Castilla-La Mancha, quienes, junto a los de Ciudadanos, apoyan la iniciativa de su presidente de pedir el estado de alarma.

Los barones del PSOE apoyan aplicar la medida en toda España, ya que entienden que es la única manera de dar seguridad jurídica a las medidas con las que cada territorio está respondiendo a la pandemia. Adrián Barbón, el presidente de Asturias, una comunidad que hace un mes presentaba las mejores cifras de España, remarca que el 21 de junio, cuando finalizó el anterior periodo excepcional, era de los pocos altos cargos institucionales que pedían que se prorrogara el estado de alarma para controlar mejor la situación en toda España. Tras seis prórrogas, el PSOE declinó extenderlo más semanas ante las dificultades cada vez mayores para lograr su aprobación.

Todos los barones socialistas defienden la cogobernanza y la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas como la mejor fórmula para combatir la segunda ola del coronavirus. Los nueve dirigentes del PSOE insisten en la defensa de un Estado descentralizado, aunque convienen en que hay margen para mejorar su funcionamiento. La aplicación de criterios comunes y vinculantes para todas las comunidades es también bien recibida de forma unánime frente a los recelos del PP, con Madrid al frente. “Debe existir el máximo acuerdo posible pensando en el interés general y teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio”, considera Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias: el archipiélago presenta la incidencia acumulada más baja del país (81,41 por cada 100.000 habitantes). Al otro extremo se sitúa Navarra (1062,80). Su presidenta, María Chivite, y otros dirigentes consultados como el extremeño Guillermo Fernández Vara defienden el confinamiento nocturno como una de las medidas que más pueden contribuir a la contención de la covid.

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