Chile abandona el acuerdo medioambiental de Escazú que lideró en la región

Este sábado, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se cierra el período para que los países de América Latina y el Caribe firmen el tratado de Escazú, un acuerdo pionero en la región que busca garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la Justicia en asuntos ambientales. Inspirado en el convenio europeo de Aarhus, que entró en vigencia en 2001, fue impulsado desde 2012 por Costa Rica y Chile, que asumió la secretaría técnica de las negociaciones. Pero, aunque ambos países lideraron el proceso, el Gobierno chileno de Sebastián Piñera anunció a última hora que no firmará el tratado, pese a que fue en el primer período del mismo mandatario cuando se propuso desarrollar este instrumento internacional. Costa Rica, por lo tanto, ha quedado sola en la presidencia de Escazú.

La resolución de Piñera ha producido desconcierto tanto en Chile como en la escena internacional, porque resulta contradictoria: el país sudamericano fue promotor de Escazú, negociador y luego estuvo de acuerdo con el texto final, en marzo de 2018. Chile, además, preside la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), un asunto que ha sido central en los últimos años de cara al exterior.

“Es inexplicable la decisión del presidente Piñera de no ratificar Escazú. Por años, Chile lideró este acuerdo pionero en materia ambiental y, con esta decisión, se aparta del multilateralismo activo en este tema, del que ha sido un actor importante”, indicó el miércoles el expresidente socialista chileno, Ricardo Lagos (2000-2006), que fue enviado especial para el cambio climático de Naciones Unidas.

Existen cuatro razones esgrimidas por el Gobierno de Chile para no firmar el tratado de Escazú, de acuerdo a un documento preparado por la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente: que el acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán la legislación ambiental, que implica cambios en la legislación que generarán incertidumbre jurídica, que introduce obligaciones para el Estado “ambiguas, amplias e indefinidas” que dificultan su cumplimiento y, además, que expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y su carácter ambiguo.

El temor a las demandas internacionales por parte de otros países de la región fue el argumento que se entregó en 2018 para postergar sorpresivamente la firma del tratado, que Chile realizaría en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas de ese año.

“Se argumentó que el acuerdo podría implicar que Bolivia demandara a Chile por una salida soberana al mar, porque Escazú habla de la Corte Internacional de Justicia como un mecanismo de solución de controversias. Pero es optativo: los Estados, si tienen una controversia, deben estar ambos de acuerdo para acudir a la corte”, explica Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. “Como el acuerdo en materia de cooperación hace mención a que hay que tomar en especial consideración a determinados países, como los que no tienen litoral, Chile malinterpretó que Bolivia podría demandarlo”, agrega la académica de la Universidad de Concepción.

La abogada Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, agrega otro elemento: “Las obligaciones que establece Escazú son de los Estados hacia sus nacionales. Las obligaciones recíprocas de las partes son obligaciones de cooperación. Por lo tanto, las hipótesis sobre posibles controversias internacionales son de laboratorio”, señala la académica. De acuerdo a Durán, “la convención de Aarhus, que es el símil europeo al acuerdo de Escazú, en más de 20 años de implementación no ha tenido nunca una controversia internacional en que los Estados se demanden unos a otros por no estar cumpliendo con sus disposiciones”.

Astroza indica que los argumentos jurídicos que el Gobierno ha entregado esta semana son diferentes a los de 2018 y que, con la decisión de Piñera, “Chile está quedando muy mal”. “En las cancillerías y las conversaciones diplomáticas, todo el mundo se pregunta qué pasó: ¿No éramos los campeones en la lucha contra el cambio climático, con la presidencia de la COP25? ¿Qué pasó en esas últimas horas de 2018 en que se decidió no firmar el tratado y por qué el presidente continúa con la posición de no firmarlo, dañando nuestra imagen internacional?”, cuestiona la doctora.

Para Durán, en el Gobierno chileno “no existe convicción de que la protección de los derechos humanos y garantizar el derecho de vivir en un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras es una condición para el desarrollo, lo que es muy grave”. “Genera un inmenso daño a la política ambiental y a la política exterior chilena, porque ¿qué credibilidad vamos a tener como país si somos capaces de liderar un proceso y de retirarnos a última hora?”, indica la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Para la abogada, lo que ha hecho el Ejecutivo de Piñera genera desconfianza en los sectores reticentes de la región y daña el principio de la buena fe, muy importante en derecho internacional.

Nuevo escenario

En el oficialismo chileno se explica que la negativa a firmar Escazú tiene relación al nuevo escenario internacional. De acuerdo a quienes han participado del proceso de negociaciones, se tiene temor a que el tratado provoque una sobrerregulación de las inversiones y que las trabe a través de los recursos internacionales. La decisión de restarse no sería, por tanto, un asunto político-internacional, sino que de evaluación del impacto que puede tener el tratado al interior de la propia legislación.

El Gobierno de Chile –un país que tiene una estructura medioambiental relativamente desarrollada, aunque con falencias alertadas incluso por la OCDE–, en medio de la crisis económica mundial está enfocado en simplificar y transparentar los procesos de verificación de inversiones, no en aumentar las reglas.

Son 33 los Estados de América Latina y el Caribe que potencialmente pueden sumarse al tratado. De ellos, 23 ya lo han firmado y 10 lo han ratificado a través de sus Congresos (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y, el último, Argentina, que lo ratificó el jueves). Se necesitan 11 Estados –uno más– para que el acuerdo pueda entrar en vigencia. Pero, aunque hoy se acaba el plazo para firmar y ser parte de los estados originarios, los países pueden seguir su proceso de ratificación en los parlamentos. En el caso de Chile, podría participar posteriormente a través de la adhesión.