Partos en la “clínica de doña Elena”: desamparo legal para los bebés robados antes de la dictadura argentina

“Mi bebé nació a fines de 1969 y me dijeron que estaba muerto. Pero yo creo que se lo apropiaron. Mi abuela me contó antes de morir que lo habían vendido”, dice entre lágrimas Leonor Lazzarano. Ella tenía 17 años igual que su pareja, Alberto Landaburo, y cursaba el octavo mes de su primer embarazo. Su madre la llevó engañada a una maternidad de Wilde (en las afueras de Buenos Aires) conocida como “la clínica de doña Elena”, una referencia a su propietaria, la obstétrica Juana Elena Franicevich. Allí le aplicaron una inyección en el vientre para inducirle el parto, y dio a luz.

“Yo lo vi nacer, pero cuando quise agarrarlo se lo llevan por esa puerta, y jamás me lo trajeron”, dice Leonor, que se fue de la clínica en una crisis de nervios, sin certificado de defunción ni constancia alguna de haber parido. “Yo era una adolescente y mi palabra no valía nada”, lamenta hoy, con 68 años. Tardó mucho en decidirse a buscar y, cuando empezó, no le fue fácil: “Cuando vos nombrabas a Bergés la gente tenía miedo de hablar”. Se refiere a Jorge Antonio Bergés, un famoso médico de la Policía Bonaerense que trabajaba con Franicevich y condenado más tarde por torturas y el robo de los bebés nacidos en los centros de detención de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Bergés participó en aquel parto de 1969 en “la clínica de Dona Elena”.

Leonor y Alberto están convencidos de que su bebé fue apropiado y acudieron a la justicia. “Me encantaría encontrarlo, o encontrarla. Yo nunca bajé los brazos, pero nadie me ayudó”, dice ella, madre de otros dos hijos, de 28 y 34 años. La historia, ocurrida durante el régimen de Juan Carlos Onganía (1966-1970), muestra que la práctica de apropiarse de niños recién nacidos atraviesa todos los tiempos, y que en Argentina los casos que no encajan en el periodo del terrorismo de Estado quedan desenfocados de las políticas de identidad y suponen búsquedas a pulmón.

Testimonio de Leonor Marta Lazzarano

Al menos once niños robados

El posible robo de este bebé se investiga en la justicia federal de Quilmes. El abogado de la pareja, Juan Ignacio Bellocchio, cree que hay indicios para profundizar la búsqueda. Y sospecha que el caso esconde además una red de tráfico de niños que habría operado entre 1962 y 1984, con la participación de Franicevich (ya fallecida) y Bergés, además de la complicidad policial. Al menos once nacimientos registrados en Wilde entre el último trimestre de 1969 y el primero de 1970 son parte de su hipótesis, así como los nombres de otros presuntos colaboradores de la red de apropiación.

Pero el juez Luis Armella dispuso archivar la causa, al considerar que no hay elementos para avanzar. Uno de sus argumentos es que no pudo inferirse una red de apropiación cuando el hecho denunciado sucedió antes de la última dictadura, etapa en que sí hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Para Bellocchio, en cambio, las cosas son al revés.

Si la partera Franicevich y el médico Bergés intervinieron en apropiaciones de bebés durante la última dictadura, como está probado (ella falseó constataciones de parto de al menos cuatro hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio), “nada permite negar que al tiempo de los hechos que se investigan en esta causa [1969] no hayan estado activas las mismas redes de apropiación”. El abogado plantea que el caso de Leonor reúne “a las mismas personas, el mismo delito y el mismo modo de operar” que se juzga en causas activas por crímenes de la dictadura, solo que en una etapa previa.

En un escrito dirigido al juez para evitar que la causa se archive, el abogado pregunta: “¿Tienen acaso los niños apropiados fuera del terrorismo de Estado un estándar inferior de protección, como personas menos importantes para que la justicia o el Estado invierta sus recursos en buscarlos?”. El conflicto está ahora en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que deberá definir si se cierra o no este expediente, un caso testigo de la lucha por el derecho a la identidad.

Origen, identidad y búsqueda

En la provincia de Buenos Aires, la oficina que se ocupa de acompañar las búsquedas de identidad es el Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad. Hace más de veinte años que abordan este tema, ante miles de consultas que reciben de personas desvinculadas de sus seres queridos por diversas situaciones, que un día se preguntan por su origen y piden ayuda para esclarecerlo. Por eso el abogado de Leonor pidió que este equipo especializado participe en su caso.

Alejandro Incháurregui, a cargo del Registro, dice que “la búsqueda de identidad de origen trasciende las sociedades y épocas. La tragedia Ion, de Eurípides, ya nos da algunas pistas sobre la problemática”. El trabajo de su oficina está reflejado en el libro Tras la búsqueda. Historias en torno a la identidad de origen y los reencuentros (2009), que prologó el fallecido intelectual Héctor Schmucler, y en el conmovedor documental Mujeres invisibles (2015, Clara Becerra).

Incháurregui, que fue uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense, distingue dos circunstancias: las adopciones, consecuencia de un instituto legal que busca que un niño o niña que carecen de una familia la tengan; y las apropiaciones, que consisten en inscribir como hijo o hija biológica a quien no lo es. “En estas, la estrategia de quienes ejercieron el poder ha incluido hacer de esas tragedias algo común, constante y normal. Gente de más poder se apropia de los chicos de madres más vulnerables. Quizás hoy sea un ‘impensable cultural’ verlo así, pero es inevitable que esos ciudadanos desarrollen sus búsquedas. Y el Estado debe dar el ejemplo y contribuir”.

Las víctimas de Franicevich y Bergés antes de la dictadura fueron muchas. En la cuarentena, varias se conocieron azarosamente por redes sociales y comenzaron a vincularse. Algunas nacieron en la clínica de Wilde, tienen partidas firmadas por la partera y saben que fueron apropiadas. Otras son las que dieron a luz en ese sitio. Mientras la justicia resuelve si el caso de Leonor sigue o muere, ella quiere enviar un mensaje a las madres: “Que no tengan miedo. Que somos un grupo. Y que se hagan visibles”.