Los forenses argentinos piden normas claras para el manejo de cadáveres

“Estamos ante un desastre masivo continuo en el que hay cuestiones con respuesta, otras sin respuesta y muchas áreas grises, y todos los países tienen problemas. Pero algunos tienen un marco unificado para el manejo de los cadáveres”, dice Luis Fondebrider, el argentino que preside la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense [ALAF]. En Argentina, las normas se multiplican por la superposición de protocolos sanitarios y judiciales, locales y nacionales. Ante la inminencia del pico de la pandemia, los forenses están preocupados. “Hay dispersión de fuentes y la situación parece confusa. Tiene que haber una directiva clara”, advierte Fondebrider.

Cuando el presidente Alberto Fernández decretó, el 20 de marzo, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ministerio de Salud publicó un texto titulado Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19. Pero estas recomendaciones son de trazo grueso y dejan zonas sin cubrir. No detallan el trabajo de funerarias, servicios de emergencias locales o Defensa Civil, todos eslabones del circuito que puede seguir un cuerpo. La norma, además, no articula el mundo sanitario con el judicial, no explica cómo llenar los certificados de defunción y no menciona la prohibición internacional de usar fosas comunes ni qué hacer con los NN (cuerpos sin identificar).

Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma, la capital, Buenos Aires. Algunas se las arreglaron con el marco general del ministerio de Salud y otras crearon el propio. Mendoza incluyó capacitar a funerarias y recomendó incinerar los cuerpos; esto no surge de la guía nacional pero se impuso en ciertas jurisdicciones. Santa Fe profundizó en cómo manipular los cadáveres y tomar muestras para los tests. Y San Juan creó pautas para recoger a quienes mueren en la vía pública sin causa aparente, posibles víctimas de la pandemia que no llegaron al hospital.

La mayoría de los casos no pasarán por el sistema judicial, pero puede haber situaciones diversas y surgieron protocolos de otro perfil. En Córdoba y Mendoza hay una Guía de bioseguridad creada por equipos de forenses y la Justicia de Neuquén hizo la propia. De los documentos consultados, este es el único que ordena qué poner en los certificados ante muertes no violentas ocurridas en domicilios y ligadas a la pandemia: “Covid-19 no confirmado”, “Sospecha de infección por coronavirus", “Neumopatía por coronavirus cepa covid-19” o “Covid-19 confirmado”.

Las autopsias no están recomendadas, salvo si las ventajas de hacerlas superan al riesgo de exponer a forenses y trabajadores de limpieza al virus. Pero no todos coinciden en el por qué: si el protocolo nacional ubica a estos cadáveres en el “Grupo 2” de una escala internacional por su riesgo de contagio, tres guías provinciales dicen otra cosa. El tema ya genera tensiones. Un fiscal que investigaba varias muertes dudosas en los últimos diez días de marzo pidió a la morgue judicial de Buenos Aires que, al informar las causas, agregara el resultado de test para la covid-19. Pero ese cuerpo médico forense, que depende de la Corte Suprema, solo tomó una muestra. El testeo masivo, dijo la morgue, “no está recomendado”.

Muertos en comisarías

Las muertes en cárceles y comisarías son otro punto delicado de un apagón de autopsias. En un calabozo del extrarradio de la ciudad de Buenos Aires murió un hombre que, según se cree, tuvo síntomas de Covid-19. Si un fiscal siguiese al pie de la letra una resolución del procurador de la provincia de Buenos Aires ante la pandemia podría prescindir de pedir una autopsia. Pero si el test del cadáver diese positivo, ¿alcanzaría esto para saber cómo murió alguien que era custodiado por la Policía bonaerense?

“Todo esto es un tema muy difícil y sensible. Si bien los números de víctimas en Argentina son bajos, no se sabe a dónde pueden a llegar y es mejor no improvisar”, dice Fondebrider, que es uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense [EAAF]. A su criterio, falta un protocolo unificado para superar la actual fragmentación en la toma de decisiones, un acuerdo entre todos los organismos del Estado argentinos e incluir a forenses en los comités de emergencia gubernamentales.

Lo más adecuado, sugiere Fondebrider, es seguir la Guía general para el manejo de cadáveres relacionados a la Covid-19 que creó el Comité Internacional de la Cruz Roja [ICRC]. Este protocolo, disponible en inglés, incluye a todos los actores y contempla situaciones diversas. Habla de las muertes en custodia, recuerda que no se deben usar fosas comunes y dice que los NN no deben ser cremados.

El manejo de los cuerpos en un sistema sanitario y médico-legal estresado por la emergencia puede impactar en las estadísticas de la pandemia, una controversia en varios países que también sufren fragmentación y superposición de métodos de trabajo según regiones. La premura también puede abrir la puerta a escenarios inquietantes y Argentina tiene ejemplos. En abril de 2013, en la peor inundación de su historia, la urgencia fue la excusa para flexibilizar normas y, en un circuito de médicos, fiscales, policías y funerarias de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) se cambió la causa de muchas muertes, que aparecieron certificadas a la misma hora. También se cremaron los cuerpos, una decisión sin retorno.

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