Las heridas abiertas del ‘caso Magrudis’, el mayor brote de listeriosis de España

El 15 de agosto de 2019 la Junta de Andalucía decretaba la alerta alimentaria por un brote de listeriosis originado en la carne mechada La Mechá que elaboraba la empresa sevillana Magrudis. Se trataba de la mayor infección por listeria monocytogenes de Europa, que provocó cuatro muertos, seis abortos y más de 200 afectados, la mayoría en Andalucía. Un año después, la pandemia del coronavirus parece haber amortiguado la trascendencia de una crisis que evidenció las desastrosas consecuencias de aunar la negligencia y el desprecio hacia la salud de los consumidores demostrados por los dueños de la fábrica. A esto se sumaron unos controles muy laxos de las Administraciones responsables de vigilar la buena praxis de las cárnicas. La virulencia de la cepa y la escasa mortalidad alimentaron la excepcionalidad de este caso que está siendo objeto de estudio.

Las secuelas jurídicas se han saldado, de momento, con nueve personas investigadas por delitos como homicidio imprudente, delitos contra la salud pública, lesiones al feto y lesiones. Sin embargo, las secuelas personales de las víctimas están tardando en mitigarse y una sentencia ejemplar no parece que pueda hacerlas cicatrizar.

“Solo esperamos que se haga justicia, que este tipo de gente esté donde tenga que estar y que todo esto sirva para que no pase más”. Es la opinión de Manuel. Él y su mujer fueron las primeras víctimas del brote de listeriosis de La Mechá, aunque tardaron siete meses en saberlo. Comieron la carne mechada en la Nochevieja de 2018; su hijo nació de manera prematura el 28 de enero de 2019 y falleció el 2 de febrero. Los propietarios de Magrudis supieron desde el día 22 de febrero —medio año antes de la alerta sanitaria— que su producto estaba contaminado, pero no lo comunicaron a las autoridades. Ocultaron supuestamente los análisis positivos y siguieron fabricando sus elaborados cárnicos.

A mediados de julio del año pasado, la Junta identificó “un pico” de listeriosis, pero hasta el 5 de agosto no se investigó un brote familiar en Pilas (Sevilla) y se dio con la pista de la carne mechada. Un error en el etiquetado de las muestras ralentizó que la alerta sanitaria no se activara hasta el 15 de agosto, aunque se tenía constancia del positivo el día 9. “En un brote toxinfeccioso, cuanto antes se pueda identificar el origen, antes se pueden aplicar las medidas”, reconoce José Miguel Cisneros, director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Virgen del Rocío y que ejerció como portavoz del comité técnico que la Consejería de Salud activó durante la crisis. “Pero la carne mechada no estaba dentro de la lista de productos que se asocian a la listeria y eso no ayudó a los epidemiólogos; tampoco la gastroenteritis aguda, el principal síntoma que presentaban los afectados, se consideraba entonces propia de la listeriosis”, indica.

Inspecciones deficientes

“Algo falló y si se hubiera visto que faltaba documentación, si se hubieran detectado las irregularidades en las inspecciones, lo mismo no hubiera pasado nada de esto”, se lamenta Manuel. Al perder a su hijo, aunque no tenían evidencia ninguna, su pareja y él se quedaron “con el resquemor” de que había sido por culpa de la carne mechada. Cuando las sospechas de que podía haber habido casos anteriores aumentaron, acudieron al hospital para ver si podían hacer un análisis de su cepa. Poco después se constató que se trataba de la misma.

Inmaculada Ruiz, de 43 años, formó parte del pabellón de embarazadas que habilitó el Virgen del Rocío para tratar a estas mujeres, uno de los grupos de mayor riesgo en el caso de una infección por listeria. Ruiz ingresó el 16 de agosto y desde el primer momento se sometió al tratamiento experimental con antibióticos que diseñó el equipo liderado por Cisneros. Permaneció hospitalizada 10 días. “Se ha demostrado que el protocolo, que fue innovador porque nunca antes se había aplicado, ha sido un éxito”, afirma el doctor. Tras el segundo aborto se decidió aplicar un plan de choque y se ofreció un tratamiento con amoxicilina a todas las embarazadas. “Pudo ser coincidencia, pero desde entonces no hubo más abortos”, señala Cisneros.

Unai, el hijo de Ruiz, nació cinco semanas antes de lo previsto, el 1 de diciembre de 2019, y desde entonces arrastra problemas de peso y altura. Al haber formado parte del protocolo, en el Virgen del Rocío le realizan un seguimiento periódico que se suspendió por la pandemia.

Mientras, la instrucción encara la recta final, según las fuentes judiciales consultadas. De los nueve investigados —la veterinaria, el arquitecto que firmó la declaración responsable, un asesor fiscal, un comercial, el dueño de la empresa, sus dos hijos, su mujer y su cuñada, según fuentes judiciales— solo sobre estos cinco últimos recae la mayor responsabilidad penal.

La juez los considera “responsables criminalmente de delitos contra la salud pública, cuatro homicidios por imprudencia, seis delitos de aborto, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número exacto aún está por determinar”. Sus víctimas aguardan a que se haga justicia y a que no haya nuevos Magrudis.

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