Las comunidades del PP tumban el plan nacional de salud mental que sus técnicos pactaron con Sanidad

Las comunidades autónomas del Partido Popular han tumbado el plan nacional de salud mental, que estaba acordado con los técnicos autonómicos y listo para su votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes. En esa misma reunión se ha aprobado el primer plan de prevención del suicidio en España.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a los consejeros del PP que recapaciten y que no usen la salud mental como arma arrojadiza contra el Gobierno: “Han rechazado el aumento de profesionales, la reducción de consumo excesivo de psicofármacos, la creación de una especialidad de psicología clínica de infancia y adolescencia, mejorar el acceso a la psicoterapia y salud mental de profesionales sanitarios”, ha dicho.

El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 se enfocaba en consolidar un modelo asistencial más centrado en la atención comunitaria, la integración de la salud mental en la sanidad general y la eliminación del estigma asociado a los trastornos psicológicos. Ponía el foco en los determinantes sociales de la salud mental y trataba de cambiar un modelo que recurre con demasiada frecuencia a los psicofármacos para problemas cuyo abordaje es más recomendable con psicoterapia u otras intervenciones.

Las razones detrás del rechazo del PP están en una queja de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), que participó en los trabajos de redacción, pero no recibió el documento que iban a votar las comunidades autónomas. Ese documento presenta algunos errores técnicos, como había manifestado Celso Arango, uno de sus integrantes, a este periódico.

Pese a que uno de los principales objetivos del plan es aumentar los recursos humanos para paliar la escasez de personal sanitario en salud mental que padece España, los indicativos incitaban a empeorarlos, según la SEPSM. Se refiere al objetivo del plan de ofrecer al menos el 90% de las plazas que acreditan los gobiernos autonómicos, cuando esta cifra ya está en torno al 99%.

El Ministerio de Sanidad no tiene capacidad para crear las plazas de formación de los sanitarios. Son las comunidades las que tienen que acreditarlas por medio de las facultades y los hospitales. Y luego es Sanidad el departamento responsable de ofertar estas plazas cada año en las convocatorias de médicos, psicólogos o enfermeras internas residentes (MIR, PIR EIR). Es esa oferta la que ya está por encima de los objetivos del plan.

García ha argumentado que ese 90% de plazas que se marca como objetivo el plan es un mínimo, y que se puede superar y llegar más lejos, pero que lo más importante es que el plan quiere aumentar los recursos humanos, para lo que es necesario que las comunidades acrediten más plazas. En el último PIR se han ofertado 274, muy lejos del estándar mínimo de 481 que reclama la Asociación Española de Psicólogos Clínicos (ANPIR). En España hay seis psicólogos cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea, con datos de 2018, los últimos disponibles, recogidos por el Defensor del Pueblo,

Además de la corrección de otros indicadores, la otra gran objeción de SEPSM es que tampoco se ha considerado la sustitución del término “deprescripción”, que incluye el plan, por “uso racional de psicofármacos”, lo que supone “un estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo”.

Esther Muñoz, portavoz del PP en Sanidad, ha acusado a García de sectarismo ideológico frente a la evidencia científica: “Con las cifras de problemas de salud mental que manejamos, es inaceptable considerar que la estrategia de salud mental plantee que haya menos profesionales (un 10% menos). Es aberrante la demonización del uso de los fármacos que hace la propuesta del ministerio y que se cuestione el uso que los profesionales hacen de ellos”.

Uno de los grandes objetivos del departamento de García es reducir el uso de este tipo de medicamentos. Desde principios de este siglo, en España se ha triplicado el consumo de antidepresivos por habitante, mientras se han duplicado el de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes (datos de la OCDE), lo que lo sitúa entre los países con más consumo en el mundo desarrollado.

Hay un consenso científico de que estos fármacos se cronifican a menudo cuando no se debe y que habría que recetarlos con más cautela y retirarlos paulatinamente para aquellos pacientes a los que no están beneficiando, así como a los muchos que puede estar perjudicando.

García ha defendido que la desprescripción no es lo mismo que el uso racional, más allá de interpretaciones semánticas que puedan interpretar una estigmatización. “Tenemos que ver si estamos prescribiendo por encima de las patologías que tenemos. Se desprescriben muchos otros fármacos, es la vida cotidiana de cualquier médico de Atención Primaria. El problema es que los psicofármacos muchas veces no se quitan”, ha dicho.

La ministra se ha mostrado abierta a modificar “la letra pequeña” del documento en lo que respecta a otras objeciones de SEPSM y de las consejerías del PP, pero ha asegurado que el grueso del plan seguirá adelante porque “está consensuado con 62 sociedades científicas, profesionales y asociaciones de pacientes”.

Algunas de estas sociedades han salido a lo largo del día en defensa del plan. Lo ha hecho, por ejemplo, ANPIR, a través de un tuit: “Somos la sociedad científica que reúne a más especialistas en psicología clínica, somos independientes de los pagos de la industria farmacéutica y defendemos los derechos humanos: apoyamos totalmente el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 impulsado por el Ministerio de Sanidad”. La Asociación Española de Neuropsiquiatría ha emitido un comunicado en el mismo sentido: “Este plan representa un avance esencial en la protección de la salud mental y en la modernización del modelo asistencial. No aprobarlo sería un retroceso injustificable”.