La Justicia argentina investiga a la policía por la desaparición de un joven de 22 años

Cerca de 300 policías comenzaron a rastrillar este martes los alrededores del pueblo donde vivía el argentino Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril. Ese día salió de su casa en Pedro Luro, al sur de Buenos Aires, con la intención de hacer autostop hasta Bahía Blanca, a 120 kilómetros, para reconciliarse con su novia. 22 años. 1,60 metros de altura. Delgado, ojos marrones y cabello castaño. Vestía ropa deportiva negra y mochila azul cuando empezó el viaje. No tenía el permiso necesario para circular durante la cuarentena obligatoria por la covid-19 y fue visto por última vez, según testigos, en Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de su domicilio, rodeado de policías. A partir de ahí, las versiones se contradicen. En la última semana, la causa ha pasado a manos de la Justicia federal, que investiga si la policía está involucrada en su presunta desaparición forzada. Es la hipótesis que sostiene la familia y organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), presidida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

“Hay muchos indicios para sospechar que se trata de un caso de desaparición a manos de la policía bonaerense”, dice Roberto Cipriano, secretario de la CPM, que se ha presentado como querellante. Entre los indicios está el relato de tres personas que aseguran haber visto a la policía subir a Castro a un coche patrulla. Al enterarse de su desaparición, fueron a testificar ante la policía, pero en vez de tomarles declaración les dijeron que los citaría la Fiscalía. Eso nunca sucedió. La CPM recela también de las incoherencias en el testimonio de dos policías: una dijo que lo llevó en su automóvil desde un pueblo al siguiente; otro, que lo vio caminando y subirse a una camioneta blanca ya más cerca de Bahía Blanca que de Pedro Luro.

“Normalmente si te retiene la policía por la infracción de violar la cuarentena lo que se hace es que el infractor regrese a casa, a veces lo acompañan hasta allá. La policía dice que lo dejó seguir camino y después aparecieron esos testimonios endebles”, señala Cipriano.

Castro es el hermano del medio de tres varones. Se había peleado con su madre, Cristina, quien se oponía a la relación con su novia y a que viajase en plena cuarentena. Ese 30 de abril, la Policía la llamó para informarle que le habían labrado un acta a Castro por violar el aislamiento obligatorio y confirmar su domicilio. Poco después, su hijo la telefoneó y ella lo riñó por haberla desobedecido, hasta que la llamada se cortó. Al principio no le dio importancia a la falta de noticias. Pensaba que estaba enojado con ella y que había hecho las paces con la exnovia.

Su madre comenzó a preocuparse cuando se enteró por los amigos que Castro no les respondía los mensajes ni se conectaba a las redes sociales. Cuando supo que nunca llegó a Bahía Blanca y su expareja no lo había visto, hizo la primera denuncia. La Justicia bonaerense implicó en la investigación a la policía provincial, hoy sospechosa de la desaparición. La familia denuncia que tampoco peritaron el teléfono de Castro.

El pase de la causa a la Justicia federal aumentó la repercusión pública de una desaparición casi desapercibida durante dos meses. El viernes, Naciones Unidas emitió un comunicado en el que exige al Estado argentino “inmediatez y exhaustividad” en la investigación para esclarecer lo ocurrido. “De conformidad con la información remitida al Comité, con base en las declaraciones de testigos y en las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo”, señaló el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU. La policía bonaerense ha sido apartada de la investigación y tres comisarías han sido intervenidas. El fin de semana, familiares y vecinos de Pedro Luro participaron en una marcha para exigir la aparición con vida de Castro.

“En Argentina, la desaparición forzada es un tema muy sensible”, asegura Cipriano. En 2017, la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de una protesta mapuche en la Patagonia argentina movilizó a todo el país durante los 77 días en los que estuvo en paradero desconocido. Su cuerpo fue hallado muerto en el río Chubut y los forenses determinaron que había muerto ahogado.

Auge de la violencia institucional

La desaparición de Castro coincide con un aumento de la violencia policial en todo el país por el mayor despliegue de las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. De media, cada año cerca de 140 personas mueren a manos de la policía. Sólo en junio, las víctimas fatales fueron 18, según la CPM. Los organismos de derechos humanos exigen que se toman medidas para revertir ese tipo de actuaciones.

Entre los numerosos casos investigados por la Justicia hay algunos que sobresalen por su gravedad. En el primer mes de la pandemia, el cuerpo del peón rural Luis Espinoza fue hallado en el fondo de un barranco de la provincia de Tucumán (norte) con un disparo en la espalda realizado por un arma policial reglamentaria. Casi una decena de policías están imputados por el crimen. El pasado viernes, el adolescente Lucas Verón recibió un tiro letal en el pecho por la policía en el extrarradio de Buenos Aires. Ese día había cumplido 18 años e iba en moto con un amigo hasta que comenzaron a ser perseguidos por un patrullero. La Justicia investiga el presunto intento policial para encubrir el crimen.