La pandemia multiplica la agonía de dos pueblos amazónicos de Perú

Perú concluyó el martes 107 días de confinamiento tras registrar más de 9.600 muertes por la covid-19. Más allá del dramatismo de las cifras, la pandemia ha acelerado la agonía de dos pueblos indígenas azotados por la enfermedad en la región Amazónica: los awajún y los wampís. En la selva norte del país la atención médica siempre fue deficiente y hoy solo opera el 30% del personal sanitario. El resto se ha infectado, porque no recibió a tiempo suficientes equipos de protección ni medicinas, pese a que lo solicitaron desde abril, según han manifestado a EL PAÍS alcaldes, dirigentes comunales y trabajadores de la sanidad en el territorio.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, cifró el domingo en 185 los indígenas contagiados por la covid-19. Sin embargo, la Red Eclesial Panamazónica registra 3.116 indígenas peruanos infectados y 369 fallecidos hasta el 23 de junio, basándose en reportes de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

”Cuando aún no empezaban los contagios en Condorcanqui [una provincia amazónica], el 26 de abril dije que iba ser una catástrofe si llegaba el virus, y ya es una catástrofe”, asegura por teléfono Clelia Jima, jefa de la unidad de pueblos indígenas de la red de salud de esa provincia. La trabajadora tose mientras habla: es una de las contagiadas y se encuentra en sus últimos días de cuarentena. Como ocurrió en las otras regiones con población indígena amazónica (Loreto, Ucayali, Madre de Dios), el Ejecutivo respondió tarde, pero también la falta de atención ha propiciado los contagios.

En abril, una de las principales agrupaciones amazónicas, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente, recomendó al Estado medidas de protección en la entrega de alimentos u otra asistencia durante la cuarentena, y sugirió no distribuir dinero porque eso obligaría a las personas a romper el autoaislamiento que se estableció para impedir el ingreso del virus. Un mes después, el Ministerio de Salud publicó un protocolo que, en la práctica, se quedó en el papel.

Este fin de semana, Evelio Paz, el obstetra de la red de salud de Huampami (Condorcanqui), grabó un vídeo pidiendo al Gobierno que cese el pago de cualquier subsidio, porque obliga a las personas a salir de sus poblaciones . “Que se suspenda inmediatamente los pagos de bonos, que se postergue: esa es la mayor forma de propagar la enfermedad en las comunidades indígenas. Ya tenemos demasiados contagiados y el personal está infectado”, clamó.

“Después de insistir bastante con los pedidos, el Ministerio de Salud llevó vía aérea 1.500 pruebas rápidas [de coronavirus] y equipos de protección personal, pero en poca cantidad. Eso fue el 21 de mayo, nos parecía mucho gasto para movilizar poco material hasta la base militar Ciro Alegría. Al día siguiente, fuimos con representantes del ministerio de Cultura a distribuir las mascarillas a las comunidades indígenas y al personal de salud donde estaban empezando a aparecer los casos, como Pantaam, Urakusa y Dos de Mayo”, explica Jima. Según la trabajadora sanitaria, el virus llegó el 4 de mayo a Pantaam. “Eran tres viajeros que volvieron caminando desde Chiclayo y entraron burlando la vigilancia de los ronderos, quienes los detuvieron y alertaron. Les hicieron la prueba rápida y dieron positivo. Las poblaciones estuvieron respetando el protocolo de no salir, pero por las prórrogas de la cuarentena y el hambre obligaron a muchos a caminar a sus comunidades”, dice la funcionaria.

Jima dice que ”los puestos de salud están cerrados, las personas se están muriendo y la enfermedad ha llegado a todas las comunidades”. Por eso pide “oxígeno y puestos de campaña para atender a los enfermos”. En el puesto de salud de San Rafael, una comunidad de la cuenca del río Santiago, ya no hay enfermeros ni técnicos. Solo está trabajando un ciudadano indígena, promotor de salud voluntario que pide con urgencia personal de reemplazo, medicinas y oxígeno.

El alcalde del distrito de Cenepa, Carlos Yankikat, también infectado, responde el teléfono con dificultades para respirar. “La situación está bien complicada: no hay medicamentos, estamos curándonos con medicina tradicional, otros se están automedicando. Este distrito es bajísimo en economía, estamos en la frontera con Ecuador, tenemos altos índices de desnutrición infantil y 84% de las personas con necesidades insatisfechas”, dice con preocupación.

“Aquí no hay electricidad, no hay internet, no hay nada y por eso los profesores hicieron visitas domiciliarias para dar clases a los escolares. Los retornados hicieron deporte con los docentes, estos contaminaron a los alumnos y ellos a sus padres, que habían estado bien resguardados en sus parcelas”, explica Yankikat.

Contagio en los subsidios

El alcalde también critica el pago de los subsidios sin precauciones contra la propagación del virus. “El desorden ha sido cuando llegaba una persona del traslado de valores y las personas han salido de sus comunidades para cobrar, sin protección. Pero además, los comerciantes, sabiendo que iba a haber ese cobro de dinero, han llegado de fuera: se han mezclado las personas”, detalla.

La lideresa Luciana Dekantai, de la comunidad indígena de Yamakayat, está reponiéndose de la covid-19. Dice que en mayo, el personal del puesto de salud de Imacita no tenía elementos de bioseguridad para atender a los pacientes. “Mi hermano se enfermó y estuvo bien grave: era empleado de limpieza de la municipalidad de Mesones Muro y trasladaba los residuos a Chiriaco: allá se contagió. Cuando lo llevé al puesto de salud, el personal tenía miedo, no pudieron atenderlo. La Municipalidad lo botó del trabajo”, cuenta.

”Aquí hay muchos muertos, (las cifras) no son como dice el ministerio de Salud. Están quedando muchos huérfanos, no hay alimento, las medicinas están carísimas, las mascarillas también y no hay economía. También somos peruanos: que las autoridades nos tengan en cuenta”, pide Dekantai.

Rubén Bustamente, el presidente del Centro de Defensa del poblado Mesones Muro, en la provincia de Condorcanqui, cuenta que su padre se contagió porque cobró el bono rural en una comunidad ubicada a dos horas de la suya. “Hace falta personal médico, no tenemos ambulancia. Ayudamos como podemos a una médico y una técnica que son las dos únicas que han quedado: aquí somos mitad de la población mestizos e indígenas awajún y wampís”, describe.

Perú vivió este martes el último día de un confinamiento que ha durado 107 días, aunque en siete regiones donde el factor de propagación del virus es mayor, continuará. En una entrevista en la televisión estatal, el director regional de Salud de Amazonas, Gorki Jave, pidió al Gobierno incluir a esta región entre las siete donde la cuarentena se mantenga. ”Estamos en una situación muy difícil. Ahora que van a reabrir el transporte interprovincial sería un riesgo”, sostuvo.

El sábado, un comunicado del Ministerio de Salud informó de que durante cuatro días la región Amazonas no tuvo fallecidos por covid-19. La afirmación ha indignado a los ciudadanos de esa región que acababan de enterrar a sus parientes y vecinos. La noche de este miércoles, falleció Santiago Manuin Valera, el principal líder y referente vivo del pueblo awajún, quien en 1994 recibió el Premio Reina Sofía por su trabajo para el desarrollo de las comunidades de Santa María de Nieva.

El apu (jefe indígena) tenía 63 años y su salud quedó debilitada desde el 5 de junio de 2009, al final de una huelga. Recibió una ráfaga de disparos que le produjo ocho orificios en la zona abdominal. Permaneció detenido y hospitalizado varios meses en un hospital de Chiclayo. En 2016, sufrió la amputación de una pierna por complicaciones de diabetes, y en 2018 fue uno de los interlocutores del papa Francisco en una reunión con representantes de la población indígena. El líder awajún representaba a los católicos de la Amazonía y fue muy cercano a los jesuitas. Hace un par de semanas, sus familiares pidieron apoyo para que recibiera atención médica, en plena pandemia. Minutos después del fallecimiento su hija Luz Angélica declaró a una radio que en su ciudad, Nieva, la sanidad no lo quiso atender.

La pandemia no deja de crecer y los infectados, más vulnerables, siguen falleciendo. Los pueblos awajún y wampís esperan, otra vez, que el Estado no los ponga en último lugar.

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