La justicia italiana interrogará al Gobierno por su gestión de la pandemia

La justicia italiana ha comenzado a buscar posibles negligencias en la gestión de la crisis del coronavirus y se prepara para purgar responsabilidades, también políticas. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte tendrá que declarar este viernes ante la Fiscalía de Bérgamo, epicentro de la pandemia de coronavirus en el país transalpino, junto con otros miembros del Gobierno sobre su gestión de la emergencia sanitaria.

Los fiscales han convocado al mandatario y a los ministros de Sanidad, Roberto Speranza y de Interior, Luciana Lamorgese en calidad de “personas informadas de los hechos”, sin atribuirles delito alguno. En esta fase de la investigación la Fiscalía solo está recabando información y escuchando testimonios de múltiples frentes, entre ellos, dirigentes regionales y también familiares de las víctimas. Pero con esta decisión, la justicia italiana abre una puerta en Europa a procesar a gobernantes por su gestión de la pandemia de covid-19, que hasta el momento ha dejado en Italia 235.000 personas contagiadas, de las cuales, 34.000 han fallecido y que ha bloqueado el país durante dos meses y medio.

Los miembros del Gobierno deberán responder fundamentalmente a las preguntas de los fiscales sobre las razones por las que no aislaron de forma inmediata como “zonas rojas” los municipios lombardos de Nembro y Alzano Lombardo, dos de los más damnificados y próximos a la ciudad de Bérgamo, como sí se hizo con otras 10 localidades en la misma región. “No estoy preocupado, los ciudadanos deben saber y nosotros, responder”, ha declarado Giuseppe Conte.

Cuando se confirmó el primer caso de contagio local por coronavirus en Italia, el pasado 21 de febrero en el municipio de Codogno, el Gobierno decretó al día siguiente el cierre de 11 focos, 10 pueblos de Lombardía y uno del Véneto, que en ese momento eran los únicos epicentros reconocidos de contagio. Pero entre las localidades selladas y sometidas a estricta cuarentena no se encontraban Nembro y Alzano, zonas con una gran concentración empresarial y tránsito de trabajadores de la periferia de Bérgamo, el corazón industrial de la región de Lombardía, considerada motor económico del país. Allí todo siguió operando con normalidad durante al menos dos semanas más.

Viaje al minuto 1 de la pandemia en Europa

Estas dos poblaciones, que han terminado siendo de las más perjudicadas, entraron en cuarentena el día 8 de marzo, junto al resto de la región, cuando el Gobierno decretó el cierre de Lombardía, apenas tres días antes de ordenar el confinamiento de todo el país. Los fiscales deberán dilucidar ahora si ese tiempo que se perdió entre los primeros aislamientos y el resto pudo contribuir a favorecer la difusión del virus.

Este miércoles familiares de víctimas de la covid-19, englobados en el colectivo Noi denunceremo (Denunciaremos), criticaron ante los fiscales la tardanza del Gobierno a la hora de imponer restricciones. “Durante 15 días viajamos, trabajamos, tomamos café y aperitivos mientras el virus circulaba. Si se hubiera cerrado desde el principio la provincia de Bérgamo, no habríamos tenido que cerrar Lombardía ni Italia”, ha dicho a los medios el presidente del comité de víctimas, Luca Fusco, que perdió a su padre a causa del coronavirus y al que tan siquiera pudo enterrar.

Los familiares de los fallecidos mantienen que detrás de la decisión de no cerrar estos municipios están los intereses económicos y las presiones de las empresas para no frenar la producción en las fábricas.

Desde hace meses, el choque de responsabilidades entre Lombardía y Roma es total en esta cuestión. Los fiscales ya han escuchado, también bajo la fórmula de “personas informadas”, a otros dirigentes regionales, como el presidente Attilio Fontana y su consejero de Sanidad, Giulio Gallera, de la ultraderechista Liga. Ambos se ampararon en que no tenían competencias en el asunto y en que el Gobierno central era el único con poder para establecer las “zonas rojas”. Mientras, el Ejecutivo de Conte mantiene lo contrario y alega que la región podría haber precintado los lugares que hubiera considerado oportuno, “si hubiera querido”.

En los primeros días de la crisis sanitaria varios líderes políticos, sobre todo en Milán y Bérgamo se enrolaron en diferentes campañas para llamar a los ciudadanos a hacer vida normal y seguir trabajando y consumiendo. Algunos, como el alcalde bergamasco, Giorgio Gori, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) se han arrepentido públicamente de haber participado en esas iniciativas, aunque han declarado que al inicio no había suficiente información que permitiera presagiar la tragedia.

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