Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia

El coronavirus ha dejado una herida expuesta en Ecuador, que se suma a las deficiencias del sistema de salud pública para enfrentar una epidemia sanitaria que suma casi 41.000 contagiados y 3.486 fallecidos. La corrupción ha infectado los tres niveles del Estado: central, provincial y municipal. En los casi tres meses que lleva el decreto presidencial de estado de emergencia, que agiliza la contratación pública relajando los controles previos, se han destapado cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos como mascarillas, pruebas de la covid-19 o bolsas para transportar cadáveres. La Fiscalía ha iniciado al menos 141 investigaciones relacionadas con la epidemia, la Contraloría está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos y han sido descabezadas instituciones públicas como la Seguridad Social o la Secretaría General de Riesgos. Las pesquisas han derivado esta semana en un megaoperativo entre Quito y Guayaquil, la capital y la ciudad más golpeada por el coronavirus, con el resultado de 37 allanamientos y 17 detenciones, entre ellas, la del expresidente Abdalá Bucaram y la de la máxima autoridad del Gobierno provincial de Guayas.

La primera alerta saltó apenas dos semanas después de que el Gobierno de Lenín Moreno decretara el 17 de marzo el estado de excepción, suspendiera las clases y la jornada laboral e impusiese toque de queda para que los ecuatorianos permaneciesen aislados en sus casas. En esos días, el Registro Civil anotaba ya medio millar de defunciones diarias en Guayaquil —cuando el promedio normal es de medio centenar al día—, y los hospitales se llenaban de pacientes. A la vez, el portal oficial de compras públicas reflejaba un contrato, bajo modalidad de emergencia, de un millón de dólares en el que el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) estaba dispuesto a pagar 12 dólares por mascarilla, cuando el precio de mercado era de cinco dólares. La transacción le costó el puesto al director del IESS, a los responsables de la adquisición y, finalmente —tras dos meses y dos renuncias— al representante del Ejecutivo en el Seguro Social, Paúl Granda.

Era el primer alto cargo del Gobierno que resultaba salpicado. Le siguió diez días después Alexandra Ocles, la directora de la Secretaría de Riesgos encargada de coordinar las medidas de emergencia, al renunciar por las acusaciones de haber pagado sobreprecio en las bolsas de comida que está entregando el Gobierno como ayuda social a las familias con menos recursos. Comenzó entonces a brotar un sinnúmero de procesos contractuales cuestionados por irregularidades que han puesto en la mira de la Contraloría General del Estado —el órgano que revisa el buen uso de recursos públicos— a 13 Gobiernos provinciales, 48 municipales y a 111 hospitales y casas de salud públicos.

Uno de los hospitales de Guayaquil que recibía a los enfermos de la covid-19 y a los miles cadáveres que se recogieron en las calles en las primeras semanas compró 4.000 bolsas para envolver y transportar cuerpos por 148 dólares cada unidad, pese a que las clínicas privadas y Criminalística de la Policía adquirían fundas similares a 12 dólares, según reprochó Jorge Wated, el responsable designado por el Gobierno para solucionar la crisis mortuoria que vivió Guayaquil entre marzo y abril. Pese a que el Seguro Social aseguró haber respetado las normas de contratación y haber elegido la oferta más barata de los proveedores, la Policía y la Fiscalía coordinaron un operativo que se saldó con 16 detenidos. La empresa que vendía esas bolsas de cadáveres es la misma que ofreció 167.000 dólares en mascarillas, gafas y trajes de bioseguridad a la Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Quito y por cuya sospecha la Fiscalía allanó esta semana las bodegas del ente municipal en busca de indicios de peculado. Una semana antes, el alcalde quiteño, Jorge Yunda, separó a su secretario de Salud para desmarcarse de las sospechas en la compra municipal de 100.000 pruebas PCR.

En paralelo al operativo de Quito, la policía detuvo este miércoles en Guayaquil al prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales que terminó con grillete electrónico, prohibición de salir del país y cargos penales por tráfico de influencias en la contratación de material de protección para el personal del Gobierno provincial. También fue detenido el expresidente Bucaram en el allanamiento a su vivienda, donde la policía encontró 4.000 cajas de mascarillas y 2.000 pruebas de la covid-19 que la Fiscalía relaciona con las pesquisas en los hospitales del IESS.

La misma Fiscalía había anunciado dos días antes de la intervención que reforzaría el equipo de investigadores creando una fuerza de tarea para la avalancha de casos derivados de la epidemia de coronavirus y para garantizar la imparcialidad en los procesos locales. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que calificó de “miserables” a quienes se aprovechaban de la emergencia sanitaria, anunció a finales de mayo dos reformas legales para endurecer las sanciones a la corrupción que aún no han tomado forma.

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