El Gobierno murciano quiere ahora los terrenos protegidos de Cabo Cope que compraron los ecologistas

El Gobierno murciano quiere ahora ser el propietario de los terrenos (270 hectáreas en total) que la organización ecologista ANSE compró por medio millón de euros a finales de abril en el paraje protegido de Cabo Cope, en el municipio de Águilas, y ha anunciado su intención de ejercer su “derecho de retracto” para anular la operación del grupo verde y convertir ese espacio en público. El ejecutivo regional —una coalición de PP y Ciudadanos que necesita el apoyo de Vox para gobernar— se alinea así con el partido de Santiago Abascal, que pidió el 4 de mayo que no se dejara este terreno en manos de los ecologistas.

La ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la comunidad autónoma da preferencia a las administraciones públicas a la hora de comprar terrenos en espacios protegidos y, basándose en su artículo 40, que contempla los derechos de tanteo y de retracto, se puede anular una operación de compra como la llevada a cabo por el grupo ecologista.

Según han explicado a El PAÍS fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, su dirección general de Medio Natural ya se interesó en 2018 por esos terrenos, que eran propiedad de la SAREB (el denominado “banco malo”) y que se vendían a través de la comercializadora Solvia por 750.000 euros. Según estas fuentes, la comunidad autónoma hizo entonces una oferta “notablemente superior” al precio que finalmente han pagado los ecologistas, si bien no han querido desvelar su importe exacto. Por ese motivo, han enviado este 14 de mayo un burofax a la comercializadora para solicitar información sobre las condiciones de la venta y poder exigir que se les dé prioridad.

Desde el departamento de comunicación de SAREB, sin embargo, han desmentido esa información. Según la sociedad de activos procedentes de la reestructuración bancaria, “no se ha recibido nunca ninguna oferta, ni formal ni informal, por parte del Gobierno murciano ni de ninguna otra Administración Pública, para comprar esos terrenos”. Sí confirman haber recibido la solicitud de información para ejercer el derecho de retracto, que “se está estudiando”.

En la misma línea, el presidente de ANSE, Pedro García, ha negado también que la administración tuviera interés por los terrenos. Según explica, el grupo ecologista contactó tanto con la Consejería como con el Ayuntamiento de Águilas en 2018 para instarles a que comprasen la finca, pero ninguno de los dos mostró interés en ello. Los ecologistas presentaron tres ofertas formales de compra, la primera, por 250.000 euros, que fueron incrementando hasta los 500.000 que finalmente han pagado por los terrenos y que esperan financiar con donaciones.

Los trámites de la comunidad autónoma para conseguir la propiedad de la zona coinciden además con el registro, el pasado 4 de mayo, de una moción del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional que pide a la comunidad que no permita a los ecologistas esta compra y que se ejerza el derecho de tanteo y de retracto “para evitar el expolio del patrimonio natural” de la región. En el texto de la moción, que aún no ha llegado a debatirse en pleno, se acusa a ANSE de buscar un “nuevo ecologismo inmobiliario” y de utilizar este tipo de fincas para obtener nuevas subvenciones o para “conseguir un pelotazo inmobiliario”.

Desde la Consejería aseguran que ese mismo día la dirección general de Medio Natural había iniciado ya los trámites para quedarse con el terreno pidiendo información sobre la compra al registro de la propiedad de Águilas. Por tanto, insisten en que no hay ningún tipo de presión de la extrema derecha en esta actuación.

En cualquier caso, desde la comunidad autónoma insisten en que la finca forma parte de un espacio natural protegido, tanto por la legislación autonómica, como por la estatal y la europea, por lo que, sea quien sea su propietario, sería imposible modificar esas figuras de protección —Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)—. No obstante, la zona no se ha salvado de la amenaza de la presión urbanística. A mediados de los años noventa, se proyectó la construcción de un macro resort, Marina de Cope, con 9.000 viviendas, hoteles de lujo, campos de golf y una marina interior. Una instalación llamada a competir con la Marina D’Or de Castellón y servir de residencia para 50.000 personas. Con varias sentencias judiciales en contra, la última, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de enero de 2019, y tras la crisis del ladrillo, el proyecto no parece tener visos de futuro. Aun así, la propietaria mayoritaria en la zona, con una finca de 320 hectáreas, es la compañía eléctrica Iberdrola, que a día de hoy, mantiene abierto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para mantener la calificación urbana de esos terrenos protegidos.