Ecologistas compran por 500.000 euros terrenos protegidos de Murcia para evitar su urbanización

Después de más de dos años de gestiones y negociaciones con los bancos, la organización ecologista ANSE ha comprado por medio millón de euros 270 hectáreas de terrenos protegidos en el entorno de Cabo Cope, en la costa de Águilas (Murcia). Los ecologistas reavivan la esperanza de poner así el punto final a un macroproyecto urbanístico gestado a finales de los 90 y que Iberdrola, propietario mayoritario en la zona, mantiene aún en los tribunales.

Los terrenos comprados por ANSE, explica su director, Pedro García, comprenden todo el entorno montañoso de la zona: el cabezo y la ladera desde la carretera que une Calabardina y Torre Cope con el litoral, y una pequeña franja al otro lado de esa vía. Las fincas habían sido propiedad de la antigua Caja Madrid (ahora Bankia) y pasaron a manos del banco malo, la Sareb. La organización verde gestó su compra al detectar la “posibilidad real” de que los terrenos acabaran en manos de fondos de inversión, aunque quería hacerse con ellos desde 2001, cuando se aprobó la ley regional de suelo que, a través de una de sus cláusulas, permitía la reducción del perímetro de la zona protegida de Cabo Cope para ampliar el área edificable.

La ley, anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional en 2012, amparó que los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de Lorca y Águilas desprotegieran unas 2.000 hectáreas del Parque Regional de cabo Cope y Puntas de Calnegre, un espacio con una protección incompleta porque, aunque fue declarado Parque Regional en 1992, a día de hoy no cuenta todavía con su correspondiente Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), lo que es lo mismo, el reglamento que da cobertura legal a esa protección.

El plan, ya redactado, quedó en el aire en 1995, con la llegada al Gobierno regional del popular Ramón Luis Valcárcel, uno de los grandes defensores del proyecto Marina Cope, una macrourbanización en la que se planeó la construcción de 9.000 viviendas, hoteles de lujo, campos de golf y una marina interior que estaban llamadas a competir con la Marina D’Or de Castellón y servir de residencia para 50.000 personas.

ANSE, junto con Ecologistas en Acción y la asociación Prolitoral, lleva desde entonces batiéndose en los tribunales contra ese proyecto. La última sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en enero de 2019, ordenaba la anulación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Lorca y Águilas basándose en la sentencia de 2012 del Constitucional. A día de hoy, ninguno de los dos municipios ha aprobado definitivamente sus PGOU.

Recurso de Iberdrola

Por su parte, Iberdrola, que cuenta con fincas que suman 320 hectáreas en la misma zona, mantiene junto a una asociación de pequeños propietarios un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de mantener la calificación urbana de eso terrenos protegidos. La eléctrica, que declinó referirse al tema a preguntas de este periódico al estar el asunto en los tribunales, es la mayor propietaria de terrenos en el entorno, por lo que ANSE es consciente de que su compra, aunque dificulta la urbanización del paraje, no la impediría si los tribunales llegan a dar la razón a la compañía. Con todo, sí confían en que esta adquisición reactive la “presión social y mediática” que pueda hacer dar marcha atrás a la multinacional, tal y como explica Pedro García.

“Una empresa que presume de sus valores medioambientales y de su respeto por el entorno difícilmente puede justificar su interés por urbanizar un espacio protegido. La pelota está en su tejado, tiene en su mano abandonar la vía judicial y demostrar su apuesta a favor del medio ambiente”, señala el director de ANSE.

Además, ahora que son propietarios, los ecologistas tienen previsto retomar las conversaciones con la comunidad autónoma para que se apruebe de una vez por todas el PORN. Con esa figura de protección en marcha, la urbanización ya no sería posible, aunque García se muestra pesimista en cuanto a esas negociaciones: “En la comunidad autónoma hace años que no se acepta ninguna de las propuestas de organizaciones ambientales, ni se cumplen los plazos, ni hay ningún tipo de financiación para proteger el patrimonio natural. Todo lo relacionado con el medio ambiente se ha venido gestionando desde la Administración, sin ninguna colaboración social”, denuncia.

ANSE ha comprado estos terrenos con la colaboración de la oficina española de la organización WWF, con fondos propios y con un préstamo bancario, y tiene previsto abrir una campaña para recibir donaciones con las que hacer frente a esta inversión una vez que se supere la crisis sanitaria del coronavirus.