La crisis del coronavirus

Madrid y Andalucía retiran decenas de miles de mascarillas defectuosas que distribuyeron a los sanitarios

Ambas comunidades ya repartieron antes otros protectores defectuosos entre médicos y enfermeros

Personal sanitario del hospital Gregorio Marañón de Madrid aplaude a las puertas del centro.
Personal sanitario del hospital Gregorio Marañón de Madrid aplaude a las puertas del centro.Samuel Sanchez

Los Gobiernos autónomos de Madrid y Andalucía han retirado decenas de miles de mascarillas defectuosas que ya habían distribuido para su uso por parte de los profesionales sanitarios en contacto cercano con los pacientes. Los médicos y enfermeros se están sometiendo ahora a los test para verificar si han resultado contagiados por el coronavirus. Ambos Ejecutivos intentan localizar todas las unidades, entregadas a diversos hospitales y residencias, tras comprobar que su nivel de protección era insuficiente. Solo Andalucía envió a sus hospitales 36.350 unidades, de las que por ahora han sido inmovilizadas 16.048, según fuentes de la Junta. Andalucía admite que las mascarillas defectuosas fueron compradas por sus delegaciones provinciales. Madrid también insiste en que las protecciones deficientes no fueron adquiridas por su servicio central de compras sanitarias, y asegura que aún ignora su procedencia. España es el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados por coronavirus, con un 20% de los casos registrados.

Trabajadores del hospital Punta de Europa, en Cádiz, guardan tres minutos de silencio por la muerte de la primera trabajadora sanitaria en la provincia. En vídeo, la responsable de Políticas Sociales de CSIF, Elena Moral, denuncia este miércoles el reparto de mascarillas defectuosas. A. Carrasco (Efe) | EP

Ante las sospechas de escasa protección, tanto la Junta andaluza como el Hospital 12 de Octubre de Madrid remitieron el pasado 23 de abril al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), dependiente de ese mismo ministerio, mascarillas correspondientes a dos lotes de la marca china Purgivor, para medir la protección frente a la penetración de partículas. El modelo KN95 Mask y el Purgivor N99 no cumplen con la normativa, según rezan dos documentos del INSST. Los resultados, que solo son válidos para las muestras ensayadas, dan un nivel máximo de filtrado de 30,11%, 34,29% y 30,16% para las KN95 Mask y de un mínimo de 21,25% y un máximo de 30,27% para las Purgivor N99, cuando los valores esperados son del 20% para la mascarilla FFP1, del 6% para la FFP2 y del 1% para la FFP3.

En Andalucía, la Junta ha retirado por ahora 16.048 mascarillas defectuosas FFP2 —usadas por profesionales sanitarios, de mayor protección—, algo menos del total suministrado de 36.350 unidades, y está ahora identificando a los médicos y enfermeros que las usaron y que pueden haberse contagiado por su exposición al coronavirus.

Llueve sobre mojado porque estas nuevas mascarillas sustituyeron a un lote anterior de la marca GarryGalaxi, que también resultaron defectuosas y que obligaron a aislar a más de un millar de sanitarios que las usaron. Además, la Junta andaluza estuvo a punto de comprar un lote de test de antígenos similar a los 640.000 defectuosos que compró el Gobierno central a la empresa china Bioeasy, pero paralizó a tiempo la operación al conocer los fallos de la mercancía comprada desde Madrid.

¿Por qué se distribuyeron de nuevo mascarillas defectuosas tras un primer error? “El sistema de verificación se implantó desde el caso de las Galaxi, y estas nuevas partidas estaban en stock y se distribuyeron antes de que el Centro Nacional de Medidas de Protección diera sus resultados. Antes se analizaba un muestreo aleatorio de las compras, y desde el error con las Galaxi se verifica todo”, alegan fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los dos lotes de mascarillas, de los modelos Elite REspirator EBO9.049 y KN95 Mask, las adquirió el SAS a través de las plataformas provinciales de compras y se distribuyeron en hospitales de Cádiz principalmente, pero también en otros centros de Córdoba, Granada y Málaga.

Victorino Girela, presidente del sector de Sanidad en el sindicato CSIF, ha criticado: “Sobre las GarryGalaxi que se retiraron la semana pasada se han hecho 5.903 test, pero se distribuyeron más de 60.000 mascarillas. No se ha hecho una búsqueda activa, sino que se le ha hecho el test a aquel que lo ha solicitado y que las había usado en espacios con pacientes de covid-19”. Preguntado al respecto, el consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, presumió de que el error descubierto fue “fruto” del sistema de verificación para los equipos de protección individual que tiene la Junta.

En Madrid, fuentes del Hospital 12 de Octubre, donde se disparó la alarma, explican que los propios profesionales se dieron cuenta, “a simple vista”, de que no cumplían los requisitos técnicos y ante la duda enviaron la instrucción correspondiente a Trabajo para que hicieran el análisis. En ese hospital tenían “300, el volumen mínimo para el consumo de un hospital”, pero no llegaron a repartirlas. En el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda o el Severo Ochoa de Leganés no confirman que les hayan llegado. Mientras, la Consejería de Sanidad señaló: “Ayer se ordenó la retirada y seguimiento de los posibles afectados. Estamos verificando procedencia pero no han sido adquiridas por compra centralizada del Sermas, de la Comunidad de Madrid”. La Consejería de Políticas Sociales explica que desde un centro de mayores les llegó la comunicación de que había unas mascarillas que les parecían “raras”. Inmediatamente, alegan fuentes de dicha consejería, la Agencia Madrileña de Atención Social envió un correo a las seis residencias a las que pensaron que podrían haber llegado. No confirman que sean las del mismo lote que ha analizado el INSST, pero actuaron “de manera preventiva” e informaron a la Comunidad.

El sindicato de enfermería SATSE Madrid denuncia que el Gobierno madrileño, que ha sido el organismo que ha comprado estas protecciones, “vuelve a poner en peligro a los profesionales sanitarios de la Comunidad”. “No es posible que sigan ocurriendo situaciones tan graves como esta, antes de distribuirse cualquier material de protección tiene que ser testado por los organismos pertinentes”, arguyen. Para ellos, la Administración ya se puso “de espaldas” con aquella primera tanda de mascarillas Galaxi: “No se tomaron las medidas suficientes en cuanto a aislamiento y tests para saber si se había producido infección por covid-19 entre los profesionales que las habían usado”. Ahora, dicen, esperan que no vuelva a ocurrir.

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