El Defensor del Pueblo reclama a las comunidades mejorar la atención sanitaria en las residencias de ancianos

Reforzar la atención sanitaria en las residencias. Suplir las bajas laborales. Equipos de protección y pruebas para todos los residentes y trabajadores. Mejorar la información que reciben las familias. Permitir que los mayores no contagiados puedan irse a casa de familiares durante el estado de alarma. Protocolos para facilitar la despedida de al menos un miembro de la familia en casos terminales. El Defensor del Pueblo reclama a las comunidades que actúen en los centros de mayores, un gran foco de contagio durante esta crisis sanitaria. El Gobierno sigue sin informar de la cifra oficial, recabada con información de las autonomías, y sin duda será imposible conocerla con exactitud ante la falta de pruebas diagnósticas. Pero es indudable la magnitud del golpe: ya se contabilizan miles de muertes.

La institución ha recibido más de 1.200 quejas durante la pandemia por temas relacionados con la covid-19. Entre ellas, un “número considerable” sobre residencias, de familiares que critican “la falta de información y transparencia” y expresan su desesperación por no poder despedirse de sus mayores y la inseguridad sobre los derechos de los residentes, según destaca en un comunicado publicado este viernes. Las recomendaciones enviadas a todas las comunidades se unen a la actuación de oficio del Defensor en todas las autonomías para conocer su respuesta en cada territorio.

En su nota, advierte de que el modelo de residencias requiere de una “revisión profunda” y apunta que “las carencias de medios y personal en muchos centros son problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis”. La “dramática situación” en muchos centros refleja “las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al ser puramente asistencial, con medios escasos y que se apoya para toda la asistencia sanitaria en el sistema de salud”.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, recomienda además a las comunidades que mejoren la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, una de las grandes reivindicaciones tanto de sindicatos como de patronales, familiares o asociaciones profesionales. El sector recalca que las residencias son centros sociales, no sanitarios. No estaban preparadas para atender las necesidades médicas de una población que en condiciones normales es atendida en centros de salud y en hospitales, en caso de urgencias.

El problema es que, en el punto más crítico de contagios, las comunidades más saturadas, como Madrid o Cataluña, rechazaron muchas derivaciones desde residencias a hospitales, que estaban al límite de su capacidad por la emergencia sanitaria. Ahora, a medida que baja la presión en los centros sanitarios, sí está habiéndolas, precisan fuentes del sector. Pero el Defensor, tras el análisis de las quejas recibidas y “dados los dramáticos datos de afectados y fallecidos que se van conociendo”, incide en el refuerzo de las medidas de atención sanitaria en los centros donde están confinados los mayores, cuyos derechos se han visto “postergados frente a la urgencia de proteger la vida”.

En un escrito dirigido a todas las consejerías de Políticas Sociales, la institución recomienda que se refuerce en las residencias la asistencia sanitaria a los enfermos sin indicación de hospitalización, para lo cual reclama una mejora de la coordinación con las consejerías de Sanidad. También insta a que las residencias “obtengan el adecuado soporte médico y de enfermería, al menos mediante la adscripción presencial y provisional de personal sanitario de refuerzo, la entrega de equipamiento sanitario preciso y el suministro de protección individual para el personal y la realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y trabajadores”. El Defensor considera urgente que se suplan las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores, desde los propios centros (ya estén gestionados por empresas, por entidades o por la Administración) o, en su defecto, desde la autoridad correspondiente para poder garantizar el cuidado adecuado: “higiene de los mayores, alimentación, movilización, etc”.

Mejorar la información

La institución aboga por mejorar la información que reciben las familias. Por ello ha pedido medidas precisas para garantizar que la comunicación es “continua y completa, y al menos diaria” con la persona designada por la familia del residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de que además se procuren herramientas de comunicación directa o telemática. Pero no solo pide que se les informe de su caso particular, sino que regularmente se le notifique “la situación general de la residencia en cuanto a fallecidos por covid-19, casos confirmados y con síntomas compatibles, sobre los recursos disponibles e incidencias de personal”. Muchos familiares se quejan precisamente de que la comunicación es difícil y que no facilitan datos sobre la residencia, aunque la situación varía en función del centro. El Defensor solicita además que se informe a las familias de los traslados de residentes dentro de la propia residencia o de las derivaciones a otro centro residencial u hospitalario.

Se recomienda a las comunidades que permitan que los mayores no contagiados puedan, “de forma voluntaria y temporal”, volver con sus familias sin que suponga una pérdida de plaza, siempre respetando los requisitos de salud pública. También reclama que se instauren protocolos para aquellos casos en que los residentes se encuentren en estado terminal, de tal forma que puedan despedirse de al menos un miembro de la familia. “El proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno que sea posible”, apunta la institución, “cumpliendo las necesidades de salud pública para garantizar la seguridad”. Pide que, si así lo solicita el enfermo, obtenga atención espiritual según sus creencias.

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