A tiempo de parar la crisis social

En España hay seis millones de personas usuarias de los servicios sociales, son las familias más vulnerables y a las que de manera más rotunda les va a afectar esta crisis sanitaria y económica. En un sistema disperso y maltratado por los recortes inmisericordes, donde las decisiones se toman desde los Gobiernos autónomos y los Ayuntamientos, no acaban de llegar las prestaciones y servicios que eviten los riesgos sociales e incluso la quiebra de la cohesión social.

La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes operados sobre el sistema de los servicios sociales y que han provocado dispositivos residenciales y de atención domiciliaria escasos e insuficientemente dotados para afrontar el tsunami de la Covid-19. Y, desgraciadamente, si nadie lo remedia, se volverán a hacer evidentes los efectos de esos mismos recortes sobre la atención primaria del sistema cuando afloren sus peores consecuencias sobre la pobreza y la exclusión social de enormes sectores de población.

Por una parte, los gobernantes en este sector suelen hacer caso omiso de los profesionales e investigadores del sistema, por otra los procedimientos son complejos y eternos para la situación de emergencia social que estamos viviendo. La consecuencia es palmaria, una bomba de relojería que de no desactivarse estallará en un futuro próximo y pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad.

Hay que simplificar los procedimientos y actuar diligentemente. Se debe considerar la prescripción de los facultativos de los servicios sociales como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones del sistema de servicios sociales reconocidas.

Es preciso limitar el reparto de bolsas de comida, no solo por lo que pueda suponer de aumento de la cadena de contagio, sino también por el riesgo de estigmatización o revictimización de las familias destinatarias. Hay que priorizar las prestaciones económicas mediante transferencia o tarjetas monedero hasta tanto se apruebe el ingreso mínimo vital y se agilicen los procedimientos de las rentas mínimas autonómicas.

Se debe volver a valorar el medio millón de prescripciones del servicio de ayuda a domicilio para ajustar las tareas más adecuadas y reasignar con nuevas intervenciones a estas personas beneficiarias o a otras nuevas usuarias, especialmente las personas que vivan solas y sean mayores de 65 años. Potenciar los servicios de teleasistencia y asegurar la atención a las 100.000 personas en situación de dependencia beneficiarias de centros de día que desde el decreto de alarma están en sus casas.

Hay que continuar la tramitación de los expedientes de las más de 400.000 personas en situación de dependencia que están en las listas de espera en algunas de las fases de los procedimientos y priorizar la urgencia de la intervención.

Casi la mitad de las familias atendidas por los servicios sociales tienen menores, tenemos que garantizar la continuidad de los proyectos de intervención con niños y adolescentes en situación de riesgo. De esta manera se ejercerá una acción preventiva sobre el estrés que añade la actual situación de confinamiento y se reforzará el ejercicio de la parentalidad positiva.

En las zonas desfavorecidas o barrios altamente vulnerables es imprescindible que se realicen planes específicos donde se facilite el acceso de estas familias a prestaciones que garanticen sus ingresos mientras no les sea posible desarrollar sus actividades económicas habituales: ayudas económicas o materiales de emergencia, tramitación de rentas mínimas o prestaciones extraordinarias que pudiesen implementarse con motivo de la crisis, etc.

Las entidades del tercer sector (al igual que se ha hecho con el sistema sanitario) deben poner a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios sociales autónomos y municipales aquellos centros y dispositivos que pudieran ser precisos para atender necesidades de urgencia provocadas por la epidemia del coronavirus.

La acción del voluntariado adscrito a las entidades sociales, al Ayuntamiento en cualquiera de sus áreas de actividad, o vinculado a los servicios sociales debería ser coordinada por el personal técnico de los servicios sociales municipales, en colaboración con las entidades, a fin de garantizar la unidad de acción, la correcta priorización de las acciones y la necesaria rentabilización de los recursos.

La responsabilidad de los gobernantes, especialmente autonómicos y municipales, es la de acometer con rigor e inteligencia las decisiones que eviten el sufrimiento de las personas más vulnerables y las manifestaciones de quiebra de la cohesión social.

Una de las herramientas para hacerlo es contar de verdad, respetar y reforzar los servicios sociales. A pesar del maltrato y de los recortes pasados, medio millón de profesionales sabremos asumir el nuevo reto si se nos dan los recursos necesarios.

De no hacerlo, no podrán decir que no se advirtió y tampoco, que siguieron las indicaciones de los profesionales a los que habitualmente desoyen. Serán responsables (se incluye también a los cargos de hacienda y a los interventores), se lo reclamaremos los profesionales, se lo reclamará la sociedad y quedará sobre su conciencia.

Están a tiempo de parar la crisis social. Háganlo.

José Manuel Ramírez Navarro es el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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