La Fiscalía advierte de las adopciones fraudulentas de perros “para poder salir a la calle”
El responsable de la unidad de Medio Ambiente del ministerio público avisa de que el abandono de los animales tras el confinamiento supondría un delito
La unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado está preocupada por las adopciones y acogimientos de perros de “naturaleza fraudulenta” que se puedan producir durante la crisis de la Covid-19. El responsable de esa unidad, Antonio Vercher, envió la semana pasada un oficio a todos los fiscales provinciales de medio ambiente del país en el que apunta a que se pueden estar realizando adopciones durante el estado de alarma que podrían responder a intereses poco claros. “Se desconoce si esas adopciones o acogimientos obedecen a intereses realmente honestos por parte de los adoptantes o si son simplemente planteamientos espurios y destinados a tener una excusa, por parte de los nuevos titulares de los cánidos, para poder salir a la calle”, señala el escrito remitido el pasado viernes también al servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Policía Nacional, las policías municipales y los agentes forestales.
El fiscal teme que esos animales, cuando se levante el confinamiento, puedan ser abandonados, y avisa de que eso podría suponer un delito. Por eso insta a los fiscales especializados de toda España a que “atiendan especialmente” a este problema y actúen por la vía penal cuando se produzcan abandonos en los que se ponga en peligro la vida e integridad del animal, como establece el Código Penal.
Desde que el Gobierno declaró el estado de alarma, el 14 de marzo, solo está permitido salir de casa para acudir al puesto de trabajo (algo que cambia a partir de este lunes) o para realizar actividades esenciales como hacer la compra o ir a la farmacia o al médico. Sin embargo, en el decreto del estado de alarma se incluyó una excepción al confinamiento referida a los animales: se permite sacar a los perros a dar un paseo breve. Y la picaresca comenzó a funcionar. Como la de un hombre de A Coruña que ha sido denunciado por la Guardia Civil por alquilar su mascota a otros para poder salir a la calle; o como el centenar de anuncios de alquiler de perros que el portal de compra y venta Milanuncios sostiene que borró durante los primeros días del confinamiento.
Vercher hace referencia a que se ha producido “un importante número de adopciones o acogimientos”, según se ha reflejado “incluso en la prensa nacional, autonómica y provincial”. El fiscal cita el caso de algunos centros que “reconocen que han entregado en acogida a la totalidad de sus animales, especialmente, perros” durante la fase inicial del confinamiento. “En otros casos, se admite que se siguen realizando adopciones vía telemática, aunque con las dificultades logísticas de acceso del adoptante al centro de acogimiento”, añade Vercher.
Mati Cubillo, la presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam), señala que los centros han tenido que paralizar los procesos de adopción y acogimiento, precisamente por las restricciones del estado de alarma. Básicamente, porque “está prohibido acudir a un centro a por un perro”, explica Cubillo. Fapam también ha observado, por ahora, una reducción considerable del número de llamadas alertando de abandonos. “Ahora no hay gente en las calles y los animales abandonados pasan inadvertidos”, razona Cubillo, que no sabe qué se podrán encontrar cuando se levanten las medidas de confinamiento.
El responsable de la unidad de Medio Ambiente centra su preocupación en el día después del confinamiento también en su escrito. “Es previsible que, pasado el estado de alarma, se empiecen a producir abandonos de animales adoptados”, dice. Por lo que insiste en que los fiscales deben proceder penalmente cuando se detecten esos casos. También reclama a las “entidades públicas y privadas con competencias" en este asunto que informen de los abandonos a la Fiscalía.
Residuos sanitarios
El responsable de la unidad de Medio Ambiente también envió el viernes otro escrito a los fiscales especializados de todo el país para que ayuden a la aplicación de la orden aprobada por el Gobierno para el tratamiento de los residuos domésticos de personas afectadas por el coronavirus —que, básicamente, establece que deben ser colocados en el contenedor de la basura no reciclable para que, preferiblemente, sean incinerados tras su recogida—. La orden gubernamental, del 19 de marzo, también fija que todos los residuos sanitarios en contacto con pacientes con coronavirus deben recibir el tratamiento de “residuos infecciosos”.
Ese otro oficio de Vercher insta a los fiscales provinciales a transmitir a las fuerzas de seguridad las instrucciones necesarias para que controlen el cumplimiento de esta orden sobre el tratamiento de residuos. Y recuerda que incumplirla puede ser también perseguido por la vía penal por las afecciones al medio ambiente y la salud.
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