Costa Rica, un destino diferente por el coronavirus

Al mediodía de este viernes, un hombre en bicicleta llegó a una frutería a comprar una rodaja de piña. Había pedaleado bajo el sol toda la mañana repartiendo casa a casa los encargos de un alcohol que produce en monopolio y en cantidades insuficientes la fábrica estatal de licores de Costa Rica, y que distribuyen los empleados de la empresa pública de correos. Sudaba y por el mentón le corrían gotas del jugo de la piña, pero sacó un pañuelo que ya no es blanco y se limpió la cara de una manera que habría hecho enfadar a cualquier virólogo en estos tiempos del Covid-19.

“Espero que no me pase nada, porque yo me cuido, pero si me pasara, ahí están los médicos, que son de lo mejor”, decía Álvaro Montero sin esconder orgullo por el sistema sanitario que, con más de 50.000 funcionarios (1 por cada 100 habitantes), permite a Costa Rica tener la mayor expectativa de vida de América Latina, de 79,6 años. Es el mismo sistema que atiende en esta crisis a afiliados y no afiliados y que acondiciona un hospital exclusivo para atender casos complicados del virus global cuya llegada se confirmó el 6 de marzo. En 16 días se ha diagnosticado en 134 personas, incluidos los dos octogenarios que murieron en la última semana. Dos turistas se curaron y volvieron a casa en Nueva York. La esperanza está fijada en “aplanar la curva”, el mantra del Gobierno.

Este mismo viernes el Ministerio de Educación anunciaba que distribuirá alimentos a 850.000 estudiantes en todo el mes de suspensión de lecciones, mientras la empresa estatal telecomunicaciones duplicaba la velocidad de Internet en los hogares. El instituto público de seguros decidió cubrir el coronavirus como un riesgo laboral; el presidente Carlos Alvarado prohibió cortes en el servicio de agua en las casas (todo en manos estatales y comunales) o en electricidad (público y cooperativo), y se redujo a la mitad la tarifa comercial para los próximos tres meses, para cobrarla después, cuando esto pase. “Es una respuesta excepcional e innovadora”, dijo la representante de Naciones Unidas, Alice Shackelford. El Estado de Costa Rica hace lo que le permite su lentitud burocrática y la crisis financiera que ya bullía antes de esta emergencia; pero si mantener bajo control la salud es difícil, hacerlo con la economía es imposible.

El primer porrazo vino por cuenta del turismo, la industria estratégica que mejor balance hace entre generación de divisas y de empleos, con más de 10% de trabajadores del país y la coletilla de ser el más influyente en la economía. Hace solo tres semanas las cuentas mostraban que sería un año maravilloso y ahora se convierte en una pesadilla con el desplome casi total de reservas, después de que este jueves Costa Rica cerró sus fronteras a extranjeros por primera vez en la historia. Ya hay cientos de trabajadores desocupados nuevos en un país donde el desempleo rondaba en febrero el 12%, y cierre de negocios en los sectores más vulnerables. Aquí poco puede hacer el Estado para evitar el descalabro, aunque Ejecutivo y oposición negociaban bajo urgencia una reforma legal para relajar el ajuste de jornadas, al menos.

La crisis no ha estado exenta del debate entre la capacidad real del Estado frente a los márgenes de acción del sector privado, pero nadie duda de que la ecuación funciona mejor que en otros países, sobre todo si se compara con el vecino del norte, Nicaragua. Ese es un problema, porque a la crisis política que arrastran los nicaragüenses desde 2018 se suma ahora la emergencia del coronavirus y la manera laxa en que ha respondido el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Llamados a concentraciones masivas “con la fuerza de la fe” y abrazar al turismo internacional fueron las primeras acciones contra el virus al que los registros oficiales acreditan solo dos enfermos, pese a que las autoridades costarricenses sospechan son muchos más.

Ahora la política de puertas abiertas a refugiados nicaragüenses queda en suspenso. La suspensión de ingreso de turistas hasta el 13 de abril también alcanza a cientos de nicaragüenses que cada semana entran a Costa Rica por la porosa frontera bilateral para guarecerse, trabajar o reunirse con familiares. El Gobierno de Alvarado ejecuta un fuerte dispositivo policial en la frontera norte para permitir solo a residentes o nacionales o comerciantes. En esta vez la solidaridad con el pueblo vecino está sometida a la necesidad de Costa Rica de mantener el control de la epidemia.

Con una inédita declaratoria de estado de emergencia nacional y el cierre de playas, parques nacionales, bares, cines e iglesias, el presidente pide a la población quedarse en sus casas, sí, pero no apagar la economía. Sean inteligentes, quédense en sus casas, pero con precauciones pueden ir incluso a la peluquería o a los mercados, ha dicho el ministro de Salud, Daniel Salas, el médico joven que ha liderado la emergencia y ha recibido aplausos de unos y otros en un país poco dado a consensos en tiempos recientes.

La respuesta ha sido parcial. Una parte de la población se ha enclaustrado en casa. Otra apenas reduce actividades y una tercera, la menor, sigue como si nada. Otros tienen temor. “Nadie puede estar más cagada del miedo que yo”, dijo en el plenario la diputado Zoila Volio por su condición de asmática y por mantenerse en sesiones extra tramitar para los proyectos urgentes que el Ejecutivo envía en su intento por mitigar el desplome económico. Otro grupo de legisladores propuso suspender las libertades constitucionales de tránsito y de reunión, pero la idea no cuela en este país garantista y, en cualquier caso, sin fuerzas militares que apliquen nada. “Sería una imprudencia. No podemos salir con el rifle chocho (averiado) que tira para todo lado y causar más pánico”, dijo a la prensa la diputada Volio, descendiente directa de los últimos militares que tuvo el país, antes de 1948.

Miedo ya tienen muchos y hay que alimentar el espíritu, ha pensado las autoridades de la Iglesia Católica, a la que siguen casi seis de cada diez costarricenses. Por eso decidieron subir a una avioneta del Gobierno a la imagen de la Virgen de los Ángeles, símbolo de unión para los católicos y de Costa Rica en general, para pasearla por todo el país entre sábado y domingo, con combustible pagado por el instituto estatal de seguros. Las imágenes mostraban a dos líneas de agentes de la Policía de Vigilancia Aérea haciendo el honor a la figura de piedra de 20 centímetros guardada en una caja de manera de menos de medio metro, en manos del sacerdote encargado de la Basílica de los Ángeles (Cartago, al este de San José). En redes sociales no todos digieren bien estas combinaciones, pero la mayoría entiende que la emergencia amerita todo tipo de fuerzas, incluso las sobrenaturales.

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