Irán da permisos carcelarios a 70.000 presos por el coronavirus

Irán ha dado permisos penitenciarios a 70.000 presos para contener la expansión de la Covid-19 en las cárceles. Así lo ha anunciado este lunes el jefe del poder judicial, Ebrahim Raisi, según informan los medios oficiales iraníes. Raisi ha explicado que se ha dado “prioridad a quienes tienen problemas de salud previos”. La medida, que viene aplicándose gradualmente desde principios de mes, va a continuar “mientras no cree inseguridad ciudadana”.

La República Islámica es el país de Oriente Próximo más afectado por el nuevo coronavirus, con un total de 237 muertes y 7.161 casos diagnosticados. Al presentar las últimas cifras, el portavoz de Sanidad, Kianush Jahanpur, ha dicho que se habían producido 43 fallecidos y 595 nuevos contagios en las 24 horas transcurridas desde su última comparecencia el domingo.

El portavoz judicial, Gholamhosein Esmaili, explicó a los periodistas la semana pasada que los presos sólo recibían el permiso tras dar negativo en la prueba del patógeno y depositar una fianza. También precisó que esa autorización no alcanza a los “presos de seguridad” condenados a más de cinco años, en aparente referencia a los presos políticos.

Eso significa que el gesto no alcanzará a Nasrin Sotudeh, la más relevante defensora de los derechos humanos a la que la República Islámica mantiene tras las rejas con una ominosa condena a 33 años. Aun así, la noticia suscitó la esperanza de que varios casos de doble nacionalidad, como la irano-británica Nazanin Zaghari-Ratcliffe o la irano-francesa Fariba Adelkhah, pudieran beneficiarse de la medida. Sin embargo, hasta la fecha, no hay constancia de que ninguna de ellas haya sido liberada.

El marido de Zaghari-Ratcliffe llegó a declarar que temía que esta hubiera contraído la Covid-19 en la cárcel de Evin, donde está encerrada desde 2016 bajo una disputada acusación de espionaje, y que las autoridades se negaban a hacerle la prueba. Adelkhah y su colega francés Roland Marchal, profesores de la Universidad de Ciencias Políticas de París detenidos desde junio de 2019, estaban citados a juicio el pasado día 3, pero fue postpuesto sine die sin ninguna explicación.

El diputado reformista Mahmoud Sadeghi, uno de los primeros políticos en anunciar a finales de febrero que se había contagiado del virus, pidió al poder judicial que dejara que los presos políticos estuvieran con sus familias mientras durara el brote para evitar el posible contagio en las cárceles. No se han facilitado sin embargo datos de afectados entre la población carcelaria.

Raisi ha dicho que el sistema judicial también está dando prioridad a procesar a los acusados de acaparar productos de higiene y material sanitario en un momento en que el país afronta carencias para luchar contra el virus. “Los acaparadores comparecerán ante el juez antes de lo previsto en juicios abiertos, y los productos incautados se distribuirán enseguida por todo el país”, ha declarado el responsable.

Por su parte, el ministro de Tecnología de la Información, Mohammad Javad Azari-Jahromi, ha tuiteado que los tres principales lugares de contagio en Irán son “hospitales, gasolineras y supermercados”. Sorprende que no mencione los lugares de culto, donde los fieles no sólo se apretujan en espacios limitados, sino que tocan e incluso lamen algunas reliquias.