Cuatro muertes a 150 metros de la policía
Los agentes que no acudieron diligentes a evitar el asesinato de una mujer y tres de sus hijos en Perú ya han vuelto a sus funciones
La educadora peruana Jesica Jamina Tejeda Huayanay murió a los 34 años de edad, asesinada por su pareja, Juan Huaripata Rosales, el 22 de diciembre último. En la casa había cuatro niños, dos de la pareja y otros dos que Tejeda tuvo con anterioridad. El agresor mató a sus dos hijos y al mayor de la familia, de 14 años, que quiso defender a su madre de las puñaladas. Solo uno sobrevivió a los cuchillazos, el fuego y humo del incendio: a sus nueve años, el instinto le ordenó que fingiera estar muerto; después, herido en el rostro y la espalda, pudo escapar. La madre de la víctima sigue sin comprender el asesinato: “Creen [los hombres] que somos su propiedad privada”, especula. Eso fue lo que pasó. Es el futuro lo que está en entredicho: la justicia y la reparación.
El asesinato múltiple en vísperas de Navidad conmocionó a Perú por su crueldad e indignó porque la Policía Nacional no respondió a la llamada de emergencia ni a las súplicas de los vecinos que ante los gritos de las víctimas acudieron a buscar ayuda a la comisaría de San Cayetano, apenas a 150 metros de la casa en la que se desencadenaba el horror.
El primer pedido de ayuda de los vecinos, al escuchar los gritos de la víctima y de sus niños, fue alrededor de las 3:45 de la madrugada en la dependencia policial, según las investigaciones de la Fiscalía. La policía recibió una segunda llamada al teléfono de emergencia a las 4:30. Dos agentes acudieron al lugar siete minutos después, cuando ya era tardísimo. Al asesino le dio tiempo incluso a meter una muda en una bolsa antes de iniciar la escapada. Un vecino ayudó a detenerlo cuando huía, cuentan las personas que fueron testigos de la escena.
Hay dos investigaciones fiscales en curso por este cuádruple crimen: una es la pesquisa por feminicidio y parricidio contra Juan Huaripata, y la otra por denegación o deficiente apoyo policial contra los policías que estaban en servicio esa madrugada, “y quienes resulten responsables”. Los agentes investigados son Jorge Martín Carrillo Vega, José Antonio Rodríguez Manrique, Jhon Canchanya Huamán, William Jiménez Chumacero, y Fidel Martínez Cuadrado.
Además, también hay un proceso disciplinario que abrió la Inspectoría de la Policía Nacional. Rodríguez y Canchanya estuvieron en detención preliminar por siete días a inicios de enero por decisión de un juzgado militar-policial mientras eran investigados por abandono o retardo de guardia y por desobediencia en agravio del Estado. Ya han vuelto a sus funciones policiales, aunque han sido trasladados a otras comisarías o tareas.
Pese a la gran atención y rechazo que provocó el caso, las promesas incumplidas de los responsables políticos han incomodado a la familia en vez de aliviarla. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer anunció que financiaría el entierro y los nichos perpetuos de Tejeda y sus tres hijos. Los padres de la víctima, Fernando Tejeda y Agustina Huayanay, contaron a EL PAÍS que la familia fue enterrada en dos cementerios diferentes, contiguos, en la zona más alejada de la entrada del camposanto y en el nivel más alto de un pabellón. “Somos personas mayores y con enfermedades. En el cementerio nos dijeron que los nichos tienen problemas y no son permanentes”, señala el padre. “Nos han limosneado”, apunta Emilio, el hermano menor de la víctima.
El área de prensa del Ministerio de la Mujer respondió a este periódico hace un par de semanas que los nichos eran propiedad de la familia a perpetuidad, pero el martes 3 de marzo, la oficina de prensa del Ministerio precisó que la Beneficencia Pública entrega esa “ayuda social” por 10 años y que cuando se cumpla ese plazo, “se gestionará para que el apoyo social continúe”. Los padres han contraído una deuda a cinco años por unos de 7.300 dólares para exhumar los restos de su hija y nietos y llevarlos a un cementerio privado donde no pasen tantas penurias para colocar las flores.
En cuanto a la defensa legal a la que tiene derecho la familia, el abogado del Centro de Emergencia Mujer de la zona en la que viven, dependiente del Gobierno, fue en enero a la Fiscalía a ver el expediente y constató que estaba “pendiente la acusación fiscal”. Esa constatación es de perogrullo, pues los fiscales toman dos o más meses para presentar la acusación, antes de ello son necesarias decenas de diligencias previas, como las citaciones de testigos e investigados y la toma de sus declaraciones. En febrero el abogado del Estado retomó el caso luego de la visita del padre y abuelo de las víctimas: el Ministerio Público le informó de que el plazo para que la fiscal presente la acusación vence el 15 de marzo. “El padre del detenido es policía. El Estado no se interesa por este caso y en uno de los expedientes dice que el Estado es el agraviado y no la familia”, refiere confundido. Ante la poca diligencia del abogado del Estado, la familia ha buscado orientación legal en la organización feminista Flora Tristán.
La familia ha acudido a la Defensoría del Pueblo para que el crimen no quede en el olvido entre decenas de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas que azotan Perú semanalmente y quedan sin resolución. El país cerró 2019 con 166 feminicidios, 11% más que en 2018.
Tejeda creció en un barrio difícil de Lima, en el distrito de El Agustino, en una casa al pie de un cerro de roca en el que cada familia fue construyendo su vivienda al ritmo que permitía el dinero. Un vecindario en el que escasean los parques y espacios públicos seguros. El 20 de marzo cumpliría 35 años. Durante un tiempo vivió en el edificio de sus padres, ambos de 59 años y vendedores de calabaza, y dos hermanos varones. La vida no es fácil en esa zona de Lima. Se madruga y se trabaja y la salud no siempre alcanza: dos tipos de cáncer llevaron a la madre a pasar por radioterapia y debido al tratamiento médico recibido ha perdido parte de un brazo. “Prefiero que mi madre me entierre a yo enterrarla a ella”, había dicho Tejeda en alguna ocasión, apenada por la suerte de la mujer. Pero fue al contrario.
La juventud de la víctima fue estricta, una sobreprotección para evitar asaltos, agresiones o malas compañías. “Su papá no la dejaba salir a la calle”, recuerda una de sus amigas de la adolescencia. “Nos conocimos porque era prima de una amiga: las cuatro fuimos a tramitar la libreta militar en las vacaciones al terminar la secundaria. Fuimos a la Marina de Guerra por el documento y luego caminamos mucho por el balneario de La Punta. ¡Cómo le gustaba caminar!”, describe la amiga, de su misma edad. “Aquel verano, Jesica estaba trabajando con una tía suya, en la venta de material de construcción, y me jaló para trabajar juntas. A veces, saliendo de allí, íbamos caminando a La Punta -una hora aproximadamente- o nos gustaba ir a comprar ropa. Cuando entró a estudiar al instituto, como su papá no la dejaba salir, luego de las clases nos escapábamos a alguna discoteca. Si ella llegaba a su casa ya no salía”.
Tejeda tuvo su primer bebé mientras estaba estudiando en la universidad. Las prácticas preprofesionales en varios colegios no le alcanzaban para sostener los gastos. La crianza no impidió que acabara los estudios, pero no obtuvo el título por la misma razón, la falta de recursos económicos. Su pareja no aportaba suficiente. A pesar de las dificultades, llegó el segundo hijo seis años más tarde, y se multiplicaron sus trabajos: una empresa de valores, cajera en tiendas, bancos, supermercados. La prole lo hacía preciso. Un día, por sorpresa y por las fotos y mensajes de móvil, la mujer descubrió la infidelidad de su pareja y se separaron. Tiempo después, en una fiesta, conoció a Juan Huaripata, quien trabajaba de madrugada en un almacén. Con él llegarían otros dos bebés a la familia. El entorno de Tejeda conocía poco al hombre que traería la desgracia a casa; lo veían un poco aislado. Pero nadie habla abiertamente de malos tratos. No había moretones en la piel de Jesica, dicen apenas.
Sin embargo, las cosas no debían funcionar. Los crímenes de género siguen patrones muy estudiados. No son accesos de locura. Aquella noche de diciembre, Juan Huaripata apuñaló hasta 80 veces a su pareja y al hijo mayor de esta. Los dos pequeños, que concibieron juntos, murieron por efecto del humo que nubló el apartamento a unas cuadras de los padres al que se habían mudado. Apartados de la familia, otra característica bien estudiada por los expertos del proceder de los maltratadores, que van aislando a su víctima poco a poco. Es común también que los criminales machistas no soporten que sus parejas trabajen fuera de casa. Tejeda pasó el último año de su vida alejada de un empleo remunerado. Tenía que criar a sus hijos, pero como el dinero no llegaba, cocinaba en casa pollo frito con patatas y ensalada, y así sacaba algunas monedas. Familiares y amigos le echaban una mano cuando podían.
Al celular de la fallecida siguen llegando mensajes. Se los escribe su amiga: un whatsapp, otro, líneas cortas de cariño desesperado. “¿Con quién conversaré ahora, a quién le contaré mis asuntos?”. Cosas así. "Lo único que quiero es justicia, que no suelten antes de tiempo al culpable. Quisiera también que me mire y me diga por qué lo hizo”.
